La búsqueda de petróleo levanta fuerte marejada en Canarias

Las islas Canarias se enfrentan a una fuerte polémica: las prospecciones petrolíferas proyectadas por Repsol, para dentro de dos años, a unos 60 kilómetros de las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Mientras el Gobierno español y el PP se inclinan por conocer si hay o no petróleo en el subsuelo marino, en las islas más cercanas a las futuras catas crece la oposición por temor a las consecuencias de un hipotético vertido en un archipiélago de gran valor natural que vive del turismo y consume agua desalada.

Repsol realizará las prospecciones mediante un barco-plataforma de perforación durante una media de 90 días en cada sector delimitado, siempre y cuando no prospere el recurso planteado a la adjudicación del proyecto. Y lo hará a una profundidad de 800 a 1.000 metros. El informe de impacto ambiental —que se encuentra en periodo de exposición pública este mes— contempla una variable de peligro ínfima: el riesgo de fuga, siempre según la petrolera, sería de uno en 50.000, por eso la compañía no acaba de entender la polémica suscitada. Se trata de un proyecto preliminar para “saber qué es lo que hay en el subsuelo del archipiélago”, subraya. De hallarse petróleo, añade, la explotación del crudo no sería inmediata sino en un periodo no inferior a 20 años. La cantidad de barriles estimada es de 2.240 millones, en la máxima estimación hecha por la empresa.

El Ministerio de Industria sostiene que en caso de haber petróleo allí, podría suponer entre un 10% y un 15% del que se consume actualmente en España. El ministro, José Manuel Soria, ve otros aspectos relevantes: “En el caso de que se generara una industria del gas o petróleo a 60 kilómetros de Canarias estoy seguro de que con los siete puertos de las islas no tendríamos suficiente para atender a tanta demanda, por lo que sería muy positivo para una comunidad como la canaria con una alta tasa de desempleo”.

A pesar de todo, una docena de municipios de Lanzarote y Fuerteventura y sus dos cabildos se han posicionado contra las prospecciones. Y también el Gobierno canario y el Parlamento insular. “Son los representantes de los ciudadanos a los que el Gobierno de España no quiere escuchar”, dice Mario Cabrera (CC), presidente de la institución insular en Fuerteventura. El presidente del Ejecutivo autónomo, Paulino Rivero, va más allá: “Es un trato colonial. Están tomando una decisión contraria a la expresada por una región. No se atreverían a hacerlo con ningún otro territorio”.

Cinco de las siete islas Canarias son Reserva de la Biosfera, entre ellas Lanzarote y Fuerteventura. Los colectivos ambientalistas de las islas, con Ben Magec-Ecologistas en Acción a la cabeza, han ido sumando apoyos como los de Greenpeace, Seo Birdlife, Amigos de la Tierra y WWF, que unidos han conformado la plataforma que se denomina G-5. También cunde la preocupación entre algunos empresarios del turismo: “Un accidente tendría consecuencias irreparables”, dice Tom Smulders, de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas.

Pero Soria sostiene que hay “evidencias empíricas que demuestran que las prospecciones son compatibles con el turismo, como es el caso de la plataforma Casablanca, en Tarragona, que está frente a uno de los parques temáticos turísticos más importantes de España, Portaventura. Preguntémosle a los ciudadanos que viven frente a esta plataforma si es o no es positivo”. El nuevo presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, se manifiesta en la línea de Soria: “Hay que mirar de forma positiva el negocio del petróleo y la transferencia de conocimientos que puede generar”.

El informe ambiental señala un riesgo de fuga de uno entre 50.000

En el PP tratan de despejar los miedos medioambientales de forma peculiar: el diputado popular Manuel Fernández asegura que “de haber un accidente, las corrientes se llevarían el petróleo a las costas africanas”. Y el ministro Soria ha avisado de que si España “no pincha la bolsa [de petróleo], Marruecos sí lo va a hacer”. Este argumento es repetido por todos.

Los ecologistas y científicos reclaman un debate sobre la biodiversidad que se puede ver afectada en las islas Canarias y su entorno marino. Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, asegura que “hay una reserva de pesquería global en la zona en la que se prevé que se realicen las extracciones petrolíferas”. Debido al desnivel que causa el talud submarino del inicio del continente africano, la franja, el túnel de mar que corre entre Canarias y África, es una reserva marina única de túnidos y por la que transitan multitud de cetáceos.

Los pescadores de las islas tampoco ven con buenos ojos la idea de Repsol. José Aquilino Arrocha, presidente de la cofradía de Lanzarote, sostiene: “Es una desgracia; nos va a perjudicar. En Lanzarote no lo vamos a permitir”, asegura.

La profundidad a la que se realizarán las catas, entre 800 y 1.000 metros y a partir de ahí 2.000 o 3.000 más, es otro de los ejes centrales del debate. Una percusión a tanta profundidad no está controlada como en aguas someras, argumentan desde el comité científico que asesora al Cabildo de Fuerteventura. Sin embargo, Repsol sostiene que aunque existe posibilidad de accidente, la tecnología que se utiliza en la actualidad reduce esta posibilidad casi a cero. El Servicio Nacional de Geología de Estados Unidos ha insistido en que las perforaciones en zonas rocosas pueden aumentar el riesgo de seísmos, y la zona de las catas es además una región activa desde el punto de vista sísmico, recuerda Adena.

Si hay accidente, “las corrientes llevarían el petróleo a África” dicen en el PP

“Todavía no sabemos si hay o no hay petróleo y las autorizaciones se hacen con todos los condicionantes medioambientales que se exigen en España y en Europa e incluso en función de la nueva normativa europea que aún no está en vigor”, responde el ministro Soria. “Y en el caso de que se encontrara gas o petróleo sería muy importante porque disminuiríamos nuestra vulnerabilidad respecto a las importaciones de hidrocarburos que lastran el saldo de la balanza de pagos española”, añade.

Alonso Hernández, catedrático de Oceanografía Física y director del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha realizado durante los últimos 12 años un exhaustivo estudio de las corrientes en las zonas en las que se llevarán a cabo las catas. “Sin duda, en la mayoría de las catas la corriente marina se dirige hacia Lanzarote y Fuerteventura. Esto no quiere decir otra cosa más que hay que tener mucho cuidado con un posible accidente”.

Las prospecciones autorizadas por el Gobierno que presidía José María Aznar en 2001 fueron paralizadas por el Tribunal Supremo, alegando la ausencia de informe de impacto ambiental y de cualquier referencia a un posible accidente. Ahora, el Supremo lo avala porque entiende que se había subsanado esa carencia. Hasta ahora, los intentos de los cabildos de paralizar el proyecto en los tribunales han fracasado, pero las instituciones canarias han interpuesto nuevos recursos contra la autorización de las prospecciones y su adjudicación a Repsol.