La polémica del trilingüismo tiene en vilo a 36.000 alumnos baleares

La polémica del trilingüismo en Baleares mantiene en vilo a las familias de 36.000 niños y a 15.000 profesores que, en cuestión de horas y en vísperas de comenzar el curso la semana próxima, han visto cómo la justicia ordenaba mantener el modelo de enseñanza actual (la inmersión lingüística parcial en catalán) y cómo el Gobierno de José Ramón Bauzá (PP) burlaba el fallo judicial para revertirlo, decidido como está a imponer la enseñanza en tres lenguas en los colegios e institutos.

Es una acción política, fruto de su hegemonía en las urnas de 2011, que avanza pese al conflicto social abierto. El menor peso que el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), aprobado en abril, otorga al catalán y los recortes han encendido a un amplio sector de la comunidad educativa, que tiene convocada una huelga de profesores para el inicio de curso. La polémica —que se ha llevado por delante a un consejero de Educación, varios inspectores de enseñanza y a directores de centros públicos— ha estado viva durante todo el verano en Baleares. Pero el primer gran sobresalto llegó este viernes cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares anunció que había atendido las dos demandas de los sindicatos UGT (que no llama al paro) y del nacionalista STEI (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de las Islas Baleares) y que suspendía cautelarmente la implantación del modelo trilingüe en las escuelas a una semana del comienzo de curso. Los jueces cuestionaban el anexo de la norma y el calendario de aplicación del modelo sin consultas ni negociación y sin ser sometido a exposición pública.

El Gobierno: “Lo hacemos para que los niños mejoren sus competencias”

Horas después, el Gobierno balear daba un requiebro al Superior de Justicia al aprobar un nuevo decreto ley, una opción excepcional que no exige debate parlamentario y entra en vigor de inmediato, tras salir publicado en el boletín oficial electrónico. Además, no puede ser impugnada ante los tribunales ordinarios, solo es apelable ante el Tribunal Constitucional, con el aval de 50 parlamentarios nacionales.

“Todo queda igual, como antes, corregimos un error procedimental”, reaccionó la consejera de Educación, Joana Maria Camps. “No se pueden cambiar proyectos y cupos de profesores a estas alturas”, justificó. “Todo lo hacemos por nuestros niños y para mejorar sus competencias lingüísticas”. El Ejecutivo, vino a decir, no está burlando una decisión judicial, la “acata y respeta”.

El modelo de trilingüismo se irá implantando de forma gradual y terminará por alcanzar a los 176.000 estudiantes que conforman en este momento la comunidad educativa. Pero en esta primera fase afecta a 36.000 alumnos, a 10.500 profesores de la escuela pública y a unos 4.500 de la concertada. “Todas las plantillas de profesores quedarán afectadas por el TIL, en teoría”, dice Iñaki Aicart, portavoz de la Asamblea de Docentes. “Hay centros donde hoy [por este viernes], a una semana del inicio del curso, el profesor de inglés no sabe qué materias ha de dar. Ese soy yo en el colegio de Es Rafal de Palma”.

Unos 3.000 profesores —un 25% del total de las plantillas, según la Consejería de Educación—, están capacitados para dar clases en inglés de todas las materias. El TIL proyecta que un tercio de las clases y de asignaturas no lingüísticas sea en cada uno de los idiomas, las dos oficiales (castellano y catalán) y la extranjera.

Joan Mas, padre de alumno de instituto del Pla de Mallorca, lamentó las premuras impuestas: “Mi hijo va mal en matemáticas y encima, ahora, se las explicarán en inglés que no domina. Sin palabras. Eso si son inmersiones”.

El gesto del Gobierno del PP decepcionó y airó a sus adversarios políticos. Biel Barceló, del grupo Més, acusó a José Ramón Bauzá de regirse por un “funcionamiento dictatorial” y de hacer “cacicadas”. Francina Armengol, del PSOE, opinó que la norma urgente del Gobierno es “un disparate”, y reclamó “sentido común al presidente” y el cese de todo el equipo de Educación “por la situación insostenible que viven padres, alumnos y profesores”. Biel Caldentey del STEI comentó a EL PAÍS que la respuesta del Gobierno “demuestra que su propuesta de trilingüismo es una falacia y que únicamente se pretende cercenar el modelo estable que cada centro tenía”.

Los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga para el día 16

El PP, con mayoría absoluta en todas las instituciones de las Islas Baleares se siente legitimado para dar un vuelto al sistema cultural, lingüístico y educativo, político en definitiva con el objetivo de mejorar la capacitación del alumnado. El TIL “no va contra el catalán” aseveran el Gobierno y el PP. Defienden que “la educación plurilingüe se entiende como valor añadido”. “¿Quién no quiere que sus hijos dominen tres lenguas?”, preguntan.

El Gobierno ha avanzado con decisión hacia ese objetivo. Nombró a Camps, abogada y agente de la propiedad inmobiliaria sin experiencia de gestión política, para sustituir al anterior consejero, el profesor y exdirector de centros concertados Rafael Bosch, un blando para el ala dura del Gobierno que su exalumno el presidente José Ramón Bauzá destituyó para acelerar las reformas. Bosch ahora es asesor de la consejería de Economía; no tenía plaza fija en la enseñanza.

Los consejeros Bosch y Camps cambiaron la cúpula de los inspectores profesionales de educación para desarrollar, con personas de su confianza la política del PP, su plan de recambio educativo. La norma de símbolos por la que se multa el uso en las fachadas de la bandera de las cuatro barras catalanas (símbolo de vindicación del catalán en las islas) y la que delimita la convivencia y la autoridad de profesores en las aulas son otros motivos de queja directa de los profesores.

Este estilo de dureza institucional hizo que calaran más hondo las protestas en Educación y en la calle. En agosto se concretó la convocatoria de una huelga indefinida para el inicio del curso, para el 16 de setiembre.