Asturias recurre la Ley de Costas por “ideológica” y por invadir competencias

Después de que el PSOE anunciara su intención de recurrir --lo deberá presentar como muy tarde el viernes 30 de agosto, pues es cuando termina el plazo-- en el Tribunal Constitucional la Ley de Costas, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó el miércoles presentar también un recurso de inconstitucionalidad contra la norma aprobada el 29 de mayo pasado gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular.  

La Ley de Costas "fomenta las desigualdades, apuesta por la arbitrariedad, antepone los intereses privados y supone además una subordinación intolerable de las competencias autonómicas en las que se inmiscuye de manera totalmente ilegítima", afirmó en rueda de prensa la consejera de Fomento, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Belén Fernández, que añadió que la norma,  "paradójicamente llamada Ley de protección y uso sostenible del litoral, es en definitiva una ley impuesta, que no ha sido dialogada ni concertada con las comunidades autónomas y una ley profundamente ideológica que muestra bien a las claras cómo entiende el PP, el ecosistema litoral, como una mera mercancía".

Asturias fue una de las cinco comunidades --estaban también Andalucía, País Vasco, Canarias y Cataluña-- que se reunieron el 1 de julio pasado y decidieron presentar recursos contra esta ley que amnistía a 150.000 construcciones a pie de playa. Entre las cinco suponen más de la mitad del litoral español. 

"Es una ley para la que no existen más que razones políticas, ni jurídicas ni técnicas", aseguró ayer la consejera. Asturias considera que el cambio legislativo supone una invasión de sus competencias y favorece los intereses particulares y la privatización del litoral. "El dominio público es propiedad de todos los españoles y la ley facilita su agresión al dar privilegios a determinadas personas", afirmó. "Estamos ante preceptos que se apartan abiertamente de lo que dice la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", añadió, y concluyó que además que es una "injerencia clara e inaceptable en las competencias de otros poderes públicos".

La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, modifica radicalmente la Ley de Costas anterior, aprobada por los socialistas en 1988 y que ningún Gobierno, ni siquiera los de José María Aznar, había tocado. El texto es muy controvertido puesto que supone una rebaja sustancial de la protección del litoral, que se traduce en algún tipo de ventaja o amnistía para 154.000 construcciones levantadas a pie de costa. Un nuevo espaldarazo a la cultura del ladrillo, opinan asociaciones ecologistas y partidos de la oposición. Más de 150.000 inmuebles se beneficiarán de una u otra forma de la rebaja de la protección de litoral de la nueva ley. Quedan amnistiadas 3.400 viviendas levantadas en 12 núcleos elegidos; las concesiones hasta 75 años afectan a 24.000 construcciones cercanas al mar; 125.000 inmuebles situados en zona de servidumbre podrán hacer obras y 1.700 instalaciones industriales podrán seguir operando pese a estar casi encima del mar.

"Esta ley no va a tener el efecto que tendrá en otras comunidades", reconoció la consejera. Asturias cuenta desde el año 1993 con una ley autonómica, el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), que fija una franja genérica de 500 metros de "suelo no urbanizable de costas". Es por tanto, mucho menos permisiva que la ley estatal, que ahora rebaja el área de protección de 100 a 20 metros en determinadas zonas.

Asturias, con solo un 9% de su costa ocupada, es la región que sale mejor parada del informe anual que realiza la organización ecologista Greenpeace, titulado Destrucción a toda costa 2013. En este trabajo, mediante el uso de imágenes de satélite, se analiza la situación de los primeros 500 metros de costa, municipio por municipio. De entre los casi 500 municipios litorales del Estado, la ONG señala cuáles han sucumbido más a la burbuja inmobiliaria, pero también qué municipios tienen una costa más protegida. La Comunidad Valenciana tiene un 51% de la franja costera ocupada, seguida de Cataluña con el 44% y Andalucía (36%). Por otro lado, la que porcentualmente ocupa menos su costa es Asturias (9%), seguida de Cantabria (14%) y Euskadi (15%).