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El Gobierno japonés asume la “emergencia” de Fukushima

Tokio reacciona dos años después del desastre ante la incapacidad de Tepco para manejar la crisis.

Cada día se vierten al mar 300 toneladas de agua radiactiva

Barrera desplegada en el Pacifico cerca a los reactores 1 y 2 de la central nuclear de Fukushima.
Barrera desplegada en el Pacifico cerca a los reactores 1 y 2 de la central nuclear de Fukushima. EFE

El Gobierno japonés ha decidido tomar las riendas de la gestión de la crisis de la central nuclear de Fukushima, desatada tras el brutal tsunami que azotó el litoral nipón en marzo de 2011. El primer ministro, Shinzo Abe, aseguró ayer que el Ejecutivo se va a implicar directamente en la resolución del problema, para, entre otros, evitar el vertido de más agua subterránea radiactiva al mar, en lugar de depender únicamente de la compañía propietaria de la planta -Tokyo Electric Power (Tepco)-, cuya labor ha sido muy criticada. "Es una cuestión urgente", dijo.

El primer ministro ha ordenado al Ministerio de Economía, Comercio e Industria -que supervisa la industria nuclear- que afronte de manera inmediata la situación del agua contaminada y garantice que Tepco emprende las acciones adecuadas para la limpieza y el desmantelamiento de la central; una tarea que se prevé que lleve alrededor de 40 años y cueste 11.000 millones de dólares (8.290 millones de euros). "No dejaremos esto en manos de Tepco, sino que prepararemos una estrategia gubernamental. Dirigiremos a Tepco para asegurarnos de que hay un plan rápido y polifacético", señaló Abe en una reunión ministerial, informa Bloomberg.

Poco antes, Yoshihide Suga, secretario jefe de Gabinete de Abe, había afirmado que el Gobierno está considerando aportar fondos públicos para hacer frente a la crisis, aunque el primer ministro no reveló nada en este sentido. Suga, máximo portavoz del Ejecutivo, reconoció que la acumulación de agua contaminada en la central es un problema muy grave. El Ministerio de Industria estima que se filtran 300 toneladas diariamente al mar en Fukushima.

La entrada en acción de Abe se produce después de que el lunes pasado la Autoridad de Regulación Nuclear asegurara que el agua radiactiva acumulada en la instalación ha superado probablemente el nivel de la barrera subterránea prevista para contenerla y se está filtrando hacia el océano por encima de los niveles legales admitidos, lo cual ha creado una situación de "emergencia" a la que Tepco no ha prestado atención suficiente.

En mayo, Tokio ordenó a Tepco que construyera nuevas barreras alrededor de los reactores para contener el agua utilizada para refrigerarlos, ya que se cree que las protecciones actuales se verán pronto desbordadas. "Dado que esta construcción de muros no tiene precedente en el mundo, creemos que el Gobierno debe intervenir y apoyar el plan", explicó Suga. El coste de la iniciativa se estima en 40.000 millones de yenes (310 millones de euros). "El empeoramiento de las fugas de agua contaminada en la planta nuclear de Fukushima prueba que Tepco es incapaz de gestionar el desastre", acusó el martes la organización ecologista Greenpeace. "Las autoridades de Japón deben intervenir ahora y garantizar que se actúa para detener las filtraciones".

El periódico Nikkei ha publicado que los fondos públicos serán utilizados para congelar el suelo con objeto de evitar que las aguas subterráneas entren en las naves de los reactores. Los técnicos tienen que bombear unas 400 toneladas diarias del líquido que fluye desde las colinas cercanas hacia los sótanos de los edificios destruidos de la central, donde se mezcla con agua muy radiactiva utilizada en la refrigeración de los reactores.

Tepco está intentado evitar que el agua llegue a la instalación mediante una desviación. También ha estado trabajando desde mayo con el Ministerio de Industria en una propuesta similar al método utilizado para evitar que las aguas subterráneas inunden las obras en las líneas de metro. El plan es congelar un perímetro de 1,4 kilómetros alrededor de los cuatro reactores dañados, mediante la perforación de pozos en el suelo y la inyección de refrigerante a través de ellos. Pero los expertos afirman que mantener controlada la temperatura del terreno durante meses o años sería muy costoso. Otros creen que es muy difícil impedir las filtraciones de esta forma y que sería mejor bombear el agua antes de que alcance la central.

Tepco admitió el mes pasado por primera vez lo que se sospechaba desde hacía tiempo: que agua subterránea contaminada estaba llegando al océano. El viernes dio una estimación del tamaño de la fuga de tritio radiactivo al mar desde que se produjo la catástrofe: entre 20 billones y 40 billones de becquereles desde mayo de 2011. Esto supone entre 10 y 100 veces el volumen liberado en un año con la central en funcionamiento normal, o, según Tepco, más o menos el equivalente a lo que permitían las normas de seguridad antes del accidente: 22 billones de becquereles anuales.

Representantes de la Federación Nacional de Asociaciones de Cooperativas de Pescadores entregaron a finales de julio una carta de protesta a Tepco por las filtraciones de agua al mar, ante el peligro que suponen para los peces. La Autoridad de Regulación Nuclear va a llevar a cabo una investigación a largo plazo sobre el impacto del vertido en el medio ambiente. Los biólogos marinos han detectado altos niveles de radiación en muestras de peces cerca de la instalación atómica. La venta en Japón y la exportación de la mayoría del pescado y el marisco de la costa de Fukushima están prohibidas.

El maremoto de 2011 provocó explosiones y fusiones en los reactores, en el peor accidente nuclear que ha sufrido el mundo desde Chernóbil en 1986. Un total de 15.883 personas murieron y 2.667 desaparecieron -según datos oficiales del mes pasado- a causa del seísmo y el consiguiente tsunami. Aunque no se registró ninguna víctima mortal directa a causa del desastre atómico, los municipios alrededor de la planta fueron evacuados debido a las fugas radiactivas y decenas de miles de personas siguen desplazadas sin idea de cuándo podrán regresar a sus hogares, si es que pueden hacerlo algún día. En algunas de las zonas desalojadas, el Gobierno ha comenzado a introducir programas para que la gente pueda volver a sus casas durante estancias hasta de tres meses. Las autoridades les facilitan dosímetros alquilados.

Mientras tanto, los trabajadores de la central están pagando un precio con su salud. Un total de 1.973 -alrededor del 10% de los que han participado en los equipos de emergencia y en los trabajos de limpieza desde que se produjeron las fusiones en los reactores- se enfrentan a un incremento del riesgo de sufrir cáncer de tiroides, según reconoció a finales del mes pasado Tepco. Se vieron expuestos a dosis de radiación al menos de 100 milisieverts. En diciembre pasado, la compañía dijo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pensaba que solo 178 trabajadores habían recibido estos niveles de contaminación.

Las críticas a la gestión de la crisis de Fukushima por parte de Tepco ha complicado también los esfuerzos de Tokio para volver a poner en marcha sus 50 plantas nucleares, casi todas las cuales han sido paralizadas desde la catástrofe por miedo sobre su seguridad.