6.000 euros por ser madres

Cuando convocaron a sus familiares y amigos a su enlace les explicaron que en vez de listas de boda, regalos, o ayuda para un viaje, preferían algo de dinero. “Queríamos ser madres y financiamos el tratamiento de reproducción gracias a las aportaciones de nuestros seres queridos. Ese fue el mejor regalo, sin duda”, recuerda Celeste Carrasco. Realizadora, de 37 años, se casó hace tres con Paloma Calle, productora de artes escénicas de 38. Poco después empezaron el proceso.

Ahora tienen un hijo de 18 meses. Una es la madre biológica, la otra la gestante. El tratamiento les costó 6.000 euros. Tuvieron que acudir a una clínica privada. En la pública les denegaron la prestación, una de las más desiguales del país y cuya atención a parejas no heterosexuales depende de la región, del centro e incluso del equipo médico. “En el hospital nos dijeron que no había indicación clínica para hacerlo, sin tener en cuenta que aunque no seamos estériles fisiológicamente, esta es la única forma de reproducirnos”, reclama Celeste.

Querrían tener más hijos. Pero aunque ambas trabajan, la situación económica no se presta para volver a hacer una inversión tan importante. “Y eso que tuvimos suerte. Paloma se quedó embarazada a la primera”, sonríe Celeste. Ambas están convencidas de que la medida tomada por el Ministerio de Sanidad esta semana, que en la nueva regulación de la cartera básica de servicios cierra todas las puertas a los tratamientos de fertilidad para familias como la suya —también para las mujeres solas sin problemas fisiológicos para concebir— es un ataque frontal a su forma de vida. “El Gobierno habla de priorizar estos tratamientos a personas con problemas de esterilidad. Pero es un pretexto para evitar que nos reproduzcamos. Hablan de aumentar la natalidad, del problema del relevo generacional, pero intentan erradicar a las familias no tradicionales”, subraya.

También Gemma Ortiz se siente atacada. Alta, delgada y con el pelo muy corto de color caoba reclama, con una ancha sonrisa, que ella no quiere formar una familia tradicional. “¿Me está pidiendo el Gobierno que me busque un varón? Quiero ser madre y no esperaré a tener pareja para hacerlo”, zanja. Esta administrativa tiene cuatro hermanos. Explica que le encantan los niños, que tener hijos siempre estuvo en la lista de su proyecto vital. No quiere dejar pasar más tiempo para iniciar el tratamiento de reproducción asistida, sobre todo por la edad. Tiene 37 años.

Sin embargo, ahora tiene miedo de que el recorte del Gobierno le impida hacerlo. “Tengo muchísimas ganas de ser madre, pero no creo que pueda pagármelo por la privada”, dice. Su plan es intentarlo por la pública: “Yo pago los mismos impuestos que el resto de ciudadanos y debería tener acceso a las mismas prestaciones. No pueden discriminarme. Yo soy infértil desde el momento en que no tengo una pareja hombre”.

Lola Moreno no tiene a un hombre al lado, pero sí logró acceder al tratamiento de fertilidad que necesitaba en un centro público. Ahora tiene un chiquillo de dos años. Lo consiguió a los 38, en el último intento que cubre la pública. “Me hice tres inseminaciones y tres in vitro”, cuenta esta profesora de secundaria. Se quedó en el paro a la mitad del molesto tratamiento. “Si hubiera estado en la privada habría tenido que dejarlo, por el dinero...”, señala. Ella acudió al hospital como madre sin pareja. No le pusieron ninguna pega. Consideraron, como en otros casos, que la ausencia de pareja masculina la convertía en estéril. Ahora sí tiene pareja, otra mujer. “La restricción a la reproducción asistida es una ofensiva directa a cierta parte de la población”, afirma.

Mari Luz Vázquez reclama que no es la única. Ella es madre soltera y apunta que la discriminación es constante. “A estos nuevos recortes se suma la inacción, las promesas olvidadas. Para este Gobierno somos ciudadanas de segunda”, insiste. Esta enfermera madrileña de 42 años tiene un hijo de seis y otro de dos. Es una de las portavoces de la Asociación de Madres Solteras por Elección y critica el nulo apoyo a los hogares monoparentales. “Necesitamos una ley que regule los hogares como el nuestro, que los defina y que acabe con las distinciones a las que nos enfrentamos, que ahora están aumentando”, apunta. Un ejemplo: si Mari Luz fuera viuda, la suya (un adulto y dos niños) se consideraría familia numerosa y podría optar a ciertos apoyos; una característica que como madre soltera no se le reconoce.