El limbo de los matrimonios gais en los Estados que prohíben esta unión

La histórica decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor de garantizar los beneficios federales a los matrimonios homosexuales obligará a la Administración a modificar más de un millar de leyes afectadas por la nueva resolución, desde las que regulan las declaraciones de la renta conjunta, la percepción de la Seguridad Social o la excepción de impuestos hasta las que reconocen el permiso de residencia a los extranjeros casados con un ciudadano estadounidense. Un proceso arduo y complicado para el que este miércoles pidió paciencia el Fiscal General, Eric Holder, que anunció que ha creado un equipo especial para revisar toda la legislación.

Las parejas homosexuales que se hayan casado y residan en uno de los 13 Estados, más el Distrito de Columbia, que autorizan el matrimonio gay podrán disfrutar de estos beneficios en breve -si se cumplieran los plazos, dentro de 25 días, que es cuando entran en vigor las decisiones del Supremo-, pero la resolución del alto tribunal ha dejado abiertas las dudas para aquéllas que residen en el resto de Estados que no los reconocen y que, incluso, tienen disposiciones en sus respectivas constituciones que las prohíben.

El hecho de que algunas agencias federales, como la de Hacienda o la de la Seguridad Social, no consideren como lugar de matrimonio el de la celebración sino el de residencia, ha hecho que muchas organizaciones de defensa de los derechos de los homosexuales hayan solicitado a la Casa Blanca que emita una orden para que todas las agencias definan el matrimonio únicamente sobre la base del lugar de celebración. "La Administración puede, a través de acciones y gestos, debe hacer algo que muestre su compromiso hacia la igualdad federal", ha asegurado Susan Sommer, miembro de Lambda Legal, la organización a favor de los derechos gais más antigua de EE UU.

De acuerdo con la situación actual, y tras la sentencia del Supremo, las parejas que hayan contraído matrimonio y residan en un Estado que reconoce las bodas gais podrán percibir todos los beneficios federales, pero si residen en un Estado que no las autoriza los derechos variarán en función de cada una de las agencias. Esta disparidad de trato legal preserva la inequidad que se atacaba en la demanda contra la Ley de Defensa del Matrimonio, que fue impugnada el miércoles, y siembra la confusión y la incertidumbre a muchas parejas homosexuales. "Vamos a encontrarnos a parejas que se van a ver implicadas en casos y circunstancias que van a subrayar la existencia de desigualdades", ha señalado Brian Moulton, director legal de Human Rights Campaign.

La Administración Obama ha pedido paciencia hasta determinar cómo enfrentarse a este problema. El presidente, tras conocer la sentencia del alto tribunal, aseguró que había ordenado al Departamento de Justicia que ejecutara la sentencia cuanto antes. Esa ejecución puede realizarse, en algunos casos, directamente por el Jefe del Estado, sin necesidad de pasar por el Congreso, pero hay otras disposiciones, relacionadas con medidas impositivas, por ejemplo, que requerirán pasar por el Capitolio, donde la mayoría republicana en la Cámara de Representantes puede dilatar la aplicación de la decisión del Supremo.

El mismo miércoles en que se conoció la sentencia, la senadora demócrata, Dianne Feinstein, presentó una propuesta de ley para garantizar que los beneficios federales se aplicaban a todos los matrimonios homosexuales aunque residieran en Estados que no han legalizado las uniones gais.

El Departamento de Defensa, que sí reconoce el matrimonio por el lugar de celebración, comenzará a aplicar “inmediatamente”, de acuerdo con su titular, Chuck Hagel, los mismos beneficios que ahora otorga a los heterosexuales casados con militares a las 70.000 parejas homosexuales reconocidas que, hasta ahora, no habían recibido ayudas para obtener vivienda o acceder a educación, por ejemplo.

Lo que también entrará en vigor, independientemente del Estado en el que se resida, es el otorgamiento de permiso de residencia a los extranjeros que estén casados en EE UU con un ciudadano estadounidense.