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COLUMNA

El negociete sanitario

La Administración española adolece de una falta de transparencia que facilita y hasta promueve corruptelas como las investigadas en Madrid y Barcelona

Cuesta imaginar qué más pruebas hacen falta para demostrar a la opinión pública que tras los rimbombantes discursos de eficiencia de la gestión privada de servicios públicos se esconden solo intereses privados de unos cuantos políticos y sus amigos. La Oficina Antifraude de Cataluña ha abierto una investigación sobre Josep Maria Padrosa, director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), que ha dado suculento negocio a sus empresas con el dinero público que maneja. Pocos días después, un juzgado de Madrid ha decidido investigar las privatizaciones de hospitales puestas en marcha por Esperanza Aguirre. La investigación se centra en la opacidad en los contratos y funcionamiento de los hospitales ya privatizados y que, al igual de Padrosa, los responsables sanitarios públicos hayan terminado gestionando empresas privadas de salud que siguen trabajando para el sistema público.

 El caso catalán es el más evidente por cuanto Padrosa ha compaginado cargos incompatibles, pues es director general desde 2011 mientras ha seguido siendo apoderado de seis empresas que han suscrito con CatSalut contratos por valor de 14 millones de euros anuales. Curiosamente, mientras la Generalitat recortaba la dotación presupuestaria a la sanidad pública por falta de fondos, las empresas de Padrosa no veían recortados sus contratos en la misma medida. Ni Artur Mas ni su consejero de Salud, Boi Ruiz, proveniente también de la empresa privada sanitaria, han dado explicaciones.

Los jueces afrontarán quizá mayores complicaciones para exigir responsabilidades en el caso madrileño. Sus consejeros de sanidad ahora investigados, Juan José Güemes y Manuel Lamela, no mantuvieron sus cargos públicos al tiempo que gestionaban empresas privadas que trabajaban para los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. Y, sin embargo, Madrid tiene una particularidad irritante: las empresas privadas, inexistentes prácticamente hace un decenio, han nacido y crecido a los pechos de la sanidad pública y unos gestores que decían defenderla (y cobraban por ello).

Esas empresas, Capio y Ribera Salud, fundamentalmente, que ya están haciendo negocio con hospitales y centros de salud públicos de Valencia y Madrid, no eran marcas de tradición y prestigio en el sector. Ahora son firmas importantes cuyos balances desconocemos y exigen de vez en cuando más fondos públicos para seguir operando. Tanto Güemes y Lamela se han refugiado en empresas privadas tras dejar sus cargos que, ¡casualidad!, también obtienen contratos con los servicios públicos que gestionaron y hasta subvenciones, si bien Güemes abandonó Unilabs tras conocerse que esta poseía los laboratorios de análisis clínicos que se privatizaron durante su mandato.

La Administración española adolece de una falta de transparencia que facilita y hasta promueve este tipo de corruptelas. Los responsables de la sanidad pública ponen en marcha privatizaciones sin las memorias económicas correspondientes, lo que se traduce en que es posible que estemos pagando más por los mismos servicios (o peores) cuando estos se dejan en manos de la “eficiente” gestión privada. Tampoco se aporta información suficiente, según la querella presentada en Madrid, sobre la cantidad de pacientes que se desvían desde los centros privatizados hacia los totalmente públicos. El resultado, en fin, es una auténtica tomadura de pelo al contribuyente y un estupendo negociete para unos cuantos.

A los nórdicos, con un Estado de bienestar superior al nuestro, no les importa el detalle de si el centro de salud que les atiende es de titularidad pública o privada. Lo esencial es que el servicio sea de calidad y, desde luego, público. A esta tesis se acogen los políticos españoles en sus afanes privatizadores. La gran diferencia es que allí la exigencia social es muy elevada, se ofrecen permanentes clasificaciones de hospitales y la transparencia en la gestión es enorme. En resumen: si se privatiza algo (lo que no es deseable en un sistema sanitario tan bueno como el nuestro) los políticos deberían evitar y prohibir, al menos, estos sistemas de puerta giratoria y, desde luego, deberían abandonar inmediatamente sus planes privatizadores hasta que no sean capaces de darnos cuenta de cada euro público que se gestiona en algo tan crucial como la salud.

gcanas@elpais.es