Polémica en Mallorca por la muerte por tuberculosis de un inmigrante

La muerte por tuberculosis de un inmigrante africano por la supuesta falta de asistencia hospitalaria adecuada en Mallorca ha abierto una polémica sobre la atención sanitaria a los sin papeles, que desde septiembre del año pasado quedaron sin tarjeta sanitaria por decisión del Ministerio de Sanidad. El hombre falleció el pasado 21 de abril, y el caso fue denunciado ayer por la coalición econacionalista de izquierdas Més per Mallorca, con la posterior adhesión de Médicos del Mundo. El grupo político responsabilizó al Gobierno balear del PP por el fallecimiento “sin asistencia médica” del ciudadano senegalés de 28 años. En cambio, la Consejería de Salud rechazó esta versión, y relató las tres ocasiones en las que el paciente acudió a un centro de salud y al hospital comarcal, aunque reconoce que se le dio un antiinflamatorio por una bronquitis aguda, sin internamiento.

La diputada econacionalista Fina Santiago afirmó que “no se le atendió” en el sistema público de salud a la víctima por carecer de papeles y de tarjeta sanitaria. La parlamentaria tildó el asunto de apartheid y anunció futuras acciones penales contra el consejero de Sanidad, Martí Sansaloni, del PP, por “denegación de auxilio”.

Santiago señaló que el enfermo acudió al centro de Can Picafort donde se le atendió y posteriormente al hospital de Inca, en el que no se le hizo una radiografía necesaria. Proclamó que murió “solo y sin asistencia” en su casa, que se trató de “una muerte evitable con un tratamiento sencillo”.

El Gobierno balear dice que el joven fue visto en primaria y urgencias

La Consejería de Salud, para rebatir las acusaciones, desveló el historial de citas del ciudadano senegalés que llevaba ocho años en España. Fue atendido el 25 de febrero, en una unidad básica de Salud de Can Picafort donde narró que hacía un mes que tenía tos y comunicó que el hijo de un amigo suyo estaba ingresado en el hospital de Inca por tuberculosis. La doctora le hizo una prueba rápida para descartar esta enfermedad contagiosa. Tres días después de la primera visita, la prueba ofreció un resultado negativo. “Aun así, para asegurarse”, dice la versión oficial, la doctora remitió al paciente a urgencias del hospital de Inca “para valoración, una radiografía del tórax para descartar la tuberculosis”.

Pero no fue sino al cabo de un mes, el 5 de abril, cuando el enfermo acudió al hospital porque tenía tos y dolor al tragar. En los archivos de este centro no se tiene constancia de que aportara ningún tipo de documentación de sus anteriores visitas a la atención primaria. La nota oficial concluye que la enfermera hizo la selección correspondiente (el llamado triaje que sirve para decidir el orden de atención en urgencias), y el médico que le atendió le diagnosticó una bronquitis aguda y le recetó un antibiótico y un antiinflamatorio. Se le dio un informe de alta en el que se le recomendaba que acudiera a su médico de familia otra vez para evaluar la evolución del proceso. Según la gerencia de Atención Primaria de Baleares el enfermo no acudió, posteriormente, a ningún centro de salud.

Los denunciantes aseguran que al hombre “no se le practicaron las pruebas necesarias y se limitaron a darle ibuprofeno (un antiinflamatorio)”. Indican que no se le atendió en el hospital de Inca por no tener tarjeta y que incluso le advirtieron de que debía pagar los gastos de su atención, una práctica que Médicos del Mundo ha denunciado con anterioridad. Ambas acusaciones las rechaza la Consejería de Salud que afirma que atiende, en urgencias, sin coste a los inmigrantes sin papeles ni tarjeta.

Los amigos y compatriotas de la víctima organizaron el pasado sábado un mercadillo para recaudar los 7.000 euros para poder trasladar el cadáver a Senegal. Algunos senegaleses de su entorno reconocen haber sido sometidos ya a pruebas preventivas y estar recibiendo medicación para evitar la propagación de la enfermedad. Més per Mallorca no duda en vincular la muerte del joven con la política del Gobierno central, que decidió que los inmigrantes en situación irregular quedaran sin tarjeta sanitaria, y con derecho solo a atención en caso de urgencias o si se trata de menores o mujeres embarazadas. Pero, en teoría, las comunidades también deben atender casos de salud pública, como el de la tuberculosis, informa Emilio de Benito. La duda está en si la falta de documentación hizo que el hombre fuera peor atendido o que él mismo renunciara a las visitas que le recomendaron.