Juicio por una estafa a familias en la adopción de niños del Congo

Berta Rubio y su pareja ya se habían hecho a la idea. Más que eso: habían puesto nombre y rostro a esa idea. La niña que les había sido asignada como padres adoptivos, a la que habían contemplado en fotografías de su residencia en Kinshasa, se llamaba Benny. Pero la pequeña jamás llegó a Sabadell (Barcelona). “No pudimos adoptarla. Un día, nos llamó la Generalitat y nos dijo que el Congo había dicho que no”, declaró ayer Rubio, una de las 10 afectadas por una presunta estafa perpetrada a costa de adopciones internacionales en África.

Las dos máximas responsables de la Asociación de Adopción de Niños del Congo (ADIC), Maria Cintia Andreu y Anna María Solé, se sentaron en el banquillo de los acusados por un delito de estafa. La fiscalía cree que se apropiaron del dinero que una decena de familias pagaron a ADIC para tramitar las adopciones. Rubio y su pareja abonaron, en tres pagos, 10.700 euros para traer a Benny a España. Según la fiscal, que pide cuatro años de cárcel para cada una de las acusadas, lograron el dinero “mediante la promesa de lograr la adopción de un menor (...) pese a ser conscientes de la imposibilidad de llevarla a cabo”.

Andreu, exdirectora nacional, y Solé, expresidenta, negaron tajantemente las acusaciones. “No solo no me quedé dinero, sino que puse de mi bolsillo”, alegó Andreu, que era la encargada de reunirse con las familias y de procurar que “no les faltara de nada” a las dos “casas cuna” que ADIC gestionaba en África a través de entidades locales: una en Kinshasa (República Democrática del Congo) y otra, en Brazzaville (Congo). Andreu viajó a esos países con “dinero en efectivo” de la entidad, pero justificó “los gastos”, según su versión.

Además de las aportaciones de las familias interesadas en adoptar a un menor, la ADIC recibió una subvención de la Generalitat de 126.000 euros. Las acusadas defendieron que destinaron todo ese dinero a gastos del proyecto: el mantenimiento de las residencias y el pago de salarios. “Los niños venían muy enfermos”, relató Andreu.

El jefe policial que dirigió la investigación detalló, en el juicio, que detectó irregularidades al analizar los movimientos bancarios de la ADIC. La sede de la entidad, en Sabadell, era propiedad de una empresa de Solé, que percibió 25.000 euros por el alquiler. También figuraba un cheque de 5.000 euros, según el jefe policial, destinado a un juez de Congo por “gestiones judiciales”.

La asociación estuvo operativa apenas medio año, en 2006. Las acusadas lograron cerrar la adopción de una veintena de menores en las primeras semanas. Y aprovecharon esa credibilidad, según la fiscal, para “diseñar un plan” que les permitiera lucrarse. Usaron, para ello, “documentación alterada” sobre los menores. Esa es, de hecho, una de las claves del caso, ya que la fiscalía cree que algunos de esos niños no estaban, en realidad, en situación de desamparo. La fiscal preguntó a Andreu si hizo fotos a niños con padres biológicos para ofrecerlos en adopción. La exdirectora lo negó: “Estoy convencida de que, cuando entraban en las casas, estaban abandonados. Nadie los reclamó”.

Las acusadas alegaron que eran los orfanatos públicos de los dos países los que decretaban la situación de desamparo. Y que esa documentación era enviada y avalada posteriormente por la Generalitat. El organismo del Gobierno catalán que gestiona las adopciones figura como responsable civil en la causa, aunque lo cierto es que a la mayoría de familias ya se les ha devuelto el dinero que pagaron por la tramitación, y que en general ronda los 10.000 euros. “La ADIC nos prometió que tendríamos éxito... Ya hemos pasado página”, declaró Rubio.