La anulación de 9 canales de TDT enfrenta al Gobierno y las cadenas

El modelo audiovisual español vuelve a estar en el aire. Las televisiones privadas han abierto un nuevo frente contra el Ministerio de Industria al entender que han sido engañadas por el departamento que dirige José Manuel Soria. A través de Uteca, la entidad que agrupa a los operadores comerciales nacionales, expresan su “honda preocupación por las indeseables consecuencias” derivadas de la decisión adoptada ayer por el Consejo de Ministros, que acordó anular la asignación, hace tres años, de canales de televisión digital terrestre (TDT). Y advierten de que será “oportunamente impugnado”.

El acuerdo responde, según el Gobierno, al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló las licencias adicionales adjudicadas en julio de 2010 por el Ejecutivo socialista a Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Net TV y Veo TV. La resolución anunciada ayer por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría “coloca a los operadores de televisión y, por extensión, a todo el sector audiovisual en una situación de inseguridad jurídica sin precedentes”, expone Uteca.

El Supremo anuló el reparto de frecuencias realizado por el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, que otorgaba un canal múltiple (con capacidad para cuatro canales convencionales) a los seis operadores de cobertura nacional.

Los operadores alertan de la “inseguridad jurídica”

Inicialmente, quedan en el limbo nueve canales: tres del grupo Atresmedia (que integra los otorgados a Antena 3 y Cuatro), dos de Mediaset (Telecinco y Cuatro), dos de Veo TV (el operador de televisión de Unidad Editorial) y otros dos de Net TV (liderado por Vocento). Estas licencias se adjudicaron sin concurso público, motivo por el que fueron declaradas nulas por el Supremo. El alto tribunal entendía que el Gobierno de Zapatero “no respetó la Ley General de la Comunicación Audiovisual”, que entró en vigor en mayo de 2010, y asignó a los propietarios de licencias “canales adicionales” de TDT sin concurso, por lo que se excluyó del mercado a “nuevos jugadores” interesados en prestar servicios de televisión.

Los operadores afectados se sienten defraudados por Industria. Aseguran que desde la sentencia del Supremo, dictada en noviembre de 2012, los organismos competentes del ministerio les habían comunicado que se iba a subsanar el problema suscitado por los errores y carencias del funcionamiento de la propia Administración. “Esas comunicaciones, junto con la sencillez de las distintas soluciones que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para enmendar los errores destacados por el Tribunal Supremo, motivaron que los asociados de Uteca confiaran en que las citadas soluciones iban a aplicarse en el corto plazo”.

Por eso lamentan que ahora se pretenda ejecutar de forma “sorpresiva y abiertamente contradictoria con los mensajes previamente transmitidos”. Industria eludió ayer hacer comentarios sobre los términos del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, según el cual el Gobierno abordará “el cumplimiento estricto” de la sentencia “incardinando” su ejecución en el proceso de liberalización del dividendo digital. Es decir, se llevará a cabo aprovechando la necesaria reordenación del espacio radioléctrico, que obliga a las televisiones a despejar las frecuencias que ahora ocupan para cedérsela a la telefonía móvil de cuarta generación. Industria abrirá un periodo transitorio hasta 2014 para reestructurar la TDT. Inicialmente  propuso a los operadores que renunciaran voluntariamente a algunos canales, lo que provocó el primer gran encontronazo.

Los socialistas otorgaron en 2010 licencias sin concurso público

Ahora las televisiones se quejan de que la decisión adoptada ayer pone “en serio peligro” el desarrollo de los servicios de valor añadido y echa por tierra las inversiones realizadas por los operadores en los últimos años, y especialmente las que tuvieron que afrontar con motivo del apagón analógico de 2010.

Además, las frecuencias extra se repartieron entre los operadores nacionales que estaban emitiendo cuando se produjo el encendido digital. El Gobierno les había impuesto una serie de obligaciones sobre emisión y producción de contenidos. Y las cumplieron.

El Tribunal Supremo desestimó la pretensión de Infraestructuras y Gestión 2002 —entidad que recurrió a asignación de frecuencias— de declarar que Antena 3, Telecinco, Sogecable, La Sexta, Veo TV y Net TV solo tenían derecho a emitir un canal en la TDT.

Algunos expertos creen que todo el entramado que sustenta la TDT se viene abajo, ya que no se estarían cuestionados nueve canales sino 17. Según explican, solo tendrían seguridad jurídica los canales (solo uno por operador) de Antena 3, Telecinco, Cuatro, Net TV y Veo TV, mientras que La Sexta salvaría dos porque así figuraba en su concurso.