El eterno retorno de la reforma universitaria

Al menos siete informes de expertos nacionales e internacionales en las últimas dos décadas han venido a señalar las mismas flaquezas en el sistema universitario español: unos rectorados con problemas de liderazgo; una selección y contratación del profesorado que al parecer no fomenta que los mejores consigan un puesto (muchos hablan directamente de endogamia); una financiación insuficiente (se piden más tasas acompañadas de más becas) y muy desvinculada de los resultados... Y muchas de las soluciones propuestas se repiten una y otra vez sin que se lleguen a poner nunca en marcha o, al menos, no de manera que solucionen las flaquezas de nuestro sistema universitario, como pone de relieve cada nuevo informe. El último de ellos, encargado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, a un grupo de expertos, se acaba de empezar a discutir con los rectores y las comunidades autónomas. Y las posiciones de partida ofrecen poco margen para el optimismo, en un contexto además de profundos recortes (más de 1.200 millones desde 2010) que, según los rectores, no es propicio para los cambios.

Pero, en todo caso, ¿por qué cada debate de la reforma universitaria parece retrotraernos a la casilla de salida? Según un bando de la discusión, es por las resistencias al cambio en un entorno tan poderoso como inmovilista. Quienes están en la posición contraria consideran que los mismos grupos de presión vuelven una y otra vez a la carga con sus propuestas equivocadas, neoliberales, que buscan que las universidades funcionen como empresas, perdiendo su vocación de servicio público. En este bando, algunos sostienen que la universidad española no está tan mal —incluso que está muy bien— y que lo que le falta es financiación; y hay otra parte que, aún aceptando que hacen falta cambios, rechaza los remedios que se le proponen.

Y todo ello, siempre dentro de una discusión embarrada con una dialéctica de combate, una esgrima intelectual descarnada al más puro estilo de las polémicas literarias del Siglo de Oro en la que muchas veces se cruzan las mismas acusaciones desde un bando y el otro, por ejemplo, el fomento de la endogamia y la protección de los grupitos de poder. Eso mismo ha vuelto a ocurrir con el reciente informe de Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español.

Numerosos informes han señalado las mismas carencias desde hace 20 años

Este documento recomienda, entre otras cosas, que un rector con capacidad para nombrar a todos los cargos importantes (decanos y responsables de centros) y para decidir el rumbo de la institución sea elegido de entre académicos prestigiosos de todo el mundo por un Consejo de la Universidad, al que tendrá que rendir cuentas. En este órgano entrarían a participar, eligiendo una parte de sus miembros, las comunidades autónomas. Ahora, tanto el rector como los decanos se eligen por sufragio entre sus propios académicos y el principal órgano de gobierno (al que el rector debe someter una gran parte de sus decisiones) es el Consejo, en el que suelen tener mayoría el propio claustro (formado por docentes y en menor medida, alumnos y personal de administración) y los decanos.

Para la selección de docentes proponen una doble vía: una para ser titulares y catedráticos funcionarios y otra para ser titulares y catedráticos contratados indefinidos bajo los criterios que decida cada universidad. En materia de financiación, insisten en que haya más (que se llegue al 3% del PIB, ahora es un menguante 1,2%), entre otras cosas, para que haya más y mejores becas, pero también que se vincule una parte mucho mayor del presupuesto a los resultados (sobre todo, de investigación), para lo que harían falta muchos más mecanismos de transparencia. Por ejemplo, proponen fijarse en una serie de rankings internacionales (el de Shanghái, el del Times Higher Education y el QS), además de otros nuevos como los basados en los méritos de investigación (sexenios) del profesorado de cada campus o la empleabilidad de los titulados. El ministro José Ignacio Wert ha asegurado que el texto es uno de los puntos de partida de una reforma que discutirá, asegura, con todos los sectores y las comunidades. A pesar de ello, ya ha provocado una gran oposición.

“Atenta contra principios democráticos fundamentales a la hora de trazar su modelo de gobierno; lesiona gravemente la autonomía universitaria y la libertad de cátedra; a la vez que consagra un modelo universitario jerárquico, endogámico y posiblemente corrupto”, escribe en el blog Colectivo Novecento el profesor de Teoría Política de la Complutense Víctor Alonso Rocafort. Con unos argumentos similares se movilizaron hace 10 días medio millar de profesores que sacaron sus clases a las calles de Madrid.

Existe una fuerte oposición a perder autonomía en pos de la eficacia

El catedrático de Física Teórica en la Universidad de Valencia José Adolfo de Azcárraga, uno de los redactores del informe, se defiende de algunas de las críticas asegurando que provienen de “inmovilistas” y añade: “Muchos de quienes dicen ‘defender una universidad pública y de calidad’ solo están defendiendo sus propios intereses; algunos, incluso, solo ven en las universidades una agencia de colocación / empleo público. La mejor defensa de la universidad pública, de la que toda la comisión es partidaria, es la defensa de su calidad”.

“Todos [los informes] dicen básicamente lo mismo, porque a la postre son todo obviedades que cualquiera que observe el sistema puede concluir más o menos”, se queja el especialista José Ginés Mora, que ha vivido de cerca la redacción de algunos de esos textos. Se refiere a los análisis para reformar la financiación universitaria de 1995, 2007 y 2010, todos ellos hechos desde el Consejo de Universidades; y los que pretendían sentar las bases de mejora de la universidad: el informe Bricall, Universidad 2000, de ese año, encargado por la Conferencia de Rectores (CRUE); el solicitado a la OCDE durante la primera legislatura de Zapatero y presentado en 2008; y el encargado a un grupo de expertos internacionales poco después (Audacia para llegar lejos, se titulaba en 2010). De este, el último informe de Propuestas para la reforma... ha tomado muchas cosas, entre otras, la propuesta de gobierno universitario.

Pero los bandos del agrio debate se pueden ver, incluso, dentro del propio documento, ya que los dos de los nueve expertos de la comisión —los profesores de Derecho Óscar Alzaga y Mariola Urrea— han firmado una adenda rechazando las propuestas sobre el gobierno y el sistema de acceso. Creen que pueden ser inconstitucionales por poner en peligro la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. “¿Sería inconstitucional una ley que en la práctica otorgase el gobierno de las universidades públicas a las comunidades autónomas?”, se preguntan y hablan de “un riesgo para la plena independencia investigadora”, de los profesores contratados. A pesar de las cautelas que pone el informe (que los profesores con contratos laborales no puedan ser más de 49%), estos expertos consideran que hay una manifiesta una voluntad de “caminar hacia la desfuncionarización progresiva del profesorado”.

Algunas críticas proceden de “inmovilistas”, dice uno de los redactores del informe

Azcárraga asegura que esto no es así, que queda perfectamente claro en el informe y añade: “No hay novedad especial en esto, salvo en que se insiste en abrir el sistema a profesores extranjeros”. Ya hay figuras de docentes contratados no funcionarios y, de hecho, no pueden pasar de ese 49% de máximo legal que los expertos piden mantener. Sin embargo, Alzaga y Urrea señalan que con el sistema propuesto, las actuales figuras contractuales dejarían de ser “una etapa transitoria” hasta conseguir la plaza de titular o catedrático funcionario, de tal manera que podría significar en la práctica que en “los próximos lustros se cubriría gran parte de las plazas de profesores” de modo “discrecional”. De nuevo, aparte del temor por la libertad de cátedra, aparece el miedo a más endogamia.

Pero, de nuevo, de eso mismo se les acusa a ellos. “La adenda es una oda a la mediocridad y al caciquismo que ha plagado la universidad española por generaciones”, escribe en el blog de Fedea Nada es gratis el profesor de la Universidad de Pensilvania Jesús Fernández Villaverde. “No creo que ningún profesor universitario tenga que ser funcionario. En EE UU –como ocurre, por otra parte, en muchos países— las universidades públicas funcionan muy bien sin que los profesores sean funcionarios”, añade.

En todo caso, el informe mantiene ese límite del 49%, pero propone un sistema de acceso a una plaza de funcionario muy parecido al que impulsó hace 10 años el Gobierno del PP (habilitación), con exámenes nacionales, que el siguiente Gobierno socialista cambió con el argumento de que era muy caro y, encima, la endogamia encontraba resquicios para colarse. Sin embargo, parece que tampoco se ha solucionado con el actual modelo con el que la Agencia de Calidad (ANECA) acredita mediante documentación a los candidatos que tienen méritos para ser profesor titular o catedrático. En muchas ocasiones, según se quejan distintos expertos, las universidades acaban dando la plaza al candidato acreditado del propio campus en una especie de teatrillo de proceso de selección.

Quintanilla: “La endogamia se combate con moral cívica académica”

“Pero la endogamia no se combate volviendo a habilitación, sino con moral cívica”, dice Miguel Ángel Quintanilla, profesor de la Universidad de Salamanca, ex secretario de Estado de Universidades con Gobiernos del PSOE y testigo o redactor de esa media docena de informes para mejorar los campus españoles de las últimas dos décadas. No le parecen mal muchas de las propuestas del informe —sí rechaza usar los ranking internacionales para repartir presupuestos—, pero la clave, dice, como señala el propio texto, es la voluntariedad (que cada campus pueda elegir su forma de gobierno, su modelo de contratación), acompañada con incentivos y, sobre todo, de esa nueva “ética moral o académica” que supere los corporativismos y permita que la sociedad “confíe de verdad en la autonomía universitaria” y las administraciones venzan “la tentación de intervenir” regulándolo todo.

“Se trata de un informe valioso y que va en línea, en la mayor parte, con las recomendaciones habituales de la OCDE”, dice especialista chileno José Joaquín Brunner, que encomia la propuesta de cambio en el gobierno de los campus. Pero echa de menosideas para mejorar la eficacia interna o nuevas formas docentes al albur de las nuevas tecnologías. Precisamente, muchas voces críticas al informe creen que este fía todo a la investigación y deja a la docencia en segundo plano.

“El informe realiza un análisis [...] esencialmente correcto cuando señala los problemas, aunque lo realiza con una dosis de acritud innecesaria, y probablemente injusta, y despliega un conjunto de propuestas que merecen ser analizadas y debatidas”, escriben los expertos en financiación universitaria Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez. Pero se quejan, entre otras cosas, de que esquiva algo “obvio”: “España no puede aspirar a situar a una docena de universidades entre las 200 mejores del mundo si no aporta muchos más recursos públicos y privados a sus universidades, siempre que esta aportación se realice en función de resultados contrastados”. En este sentido, Azcárraga asegura: “El muy escaso presupuesto de las universidades es un grave inconveniente, pero no es excusa suficiente para justificar el estado: las universidades podrían ser mucho mejores con la actual financiación”.

El catedrático de Sociología de la Complutense Mariano Fernández Enguita, está de acuerdo con el diagnóstico —“la endogamia siempre creciente en la selección del profesorado; el clientelismo de los organismos de gobierno”, entre otros—, pero advierte de que no cualquier alternativa vale, y califica el trabajo de los expertos como una “chapucita”, “unas veces reiterativa y otras inconsistente, en la que se mezclan lugares comunes y diagnósticos aventurados, observaciones banales y propuestas de detalle innecesarias”.

Los sabios de la comisión aseguran que no han buscado una universidad ideal, sino una serie de recomendaciones “posibilistas”. Aún así, las respuestas han sido lo apasionadas y graves que se pueden ver en las líneas antecedentes. “Todos los académicos nos creemos que somos los más listos del mundo”, dice Quintanilla sobre el tono de un debate que le produce una cierta sensación “de eterno retorno”. Y concluye: “El mundo académico funciona casi igual en todo el mundo. Hay corporativismo y este solo se puede compensar con una fuerte moral cívica o académica”.