El pinchazo de la burbuja hospitalaria

Solo hay que subir a una pequeña loma a las afueras del nuevo barrio residencial de Santa María de Benquerencia, a cinco minutos del centro de Toledo, para asombrarse ante las proporciones del que iba a ser “el mayor hospital de Europa”. Dependiendo de la perspectiva, el conjunto, de 360.000 metros cuadrados repartidos en 10 edificios, empequeñece hasta la magnificencia del Alcázar que corona el casco histórico. “Le puedo decir exactamente cuánto tiempo llevan las obras paradas, 13 meses, los mismos que lleva mi hija en el paro”, se lamenta Luis Gómez, de 64 años, junto a la valla metálica que protege la gigantesca carcasa de cemento que es ahora el hospital.

La hija de Gómez, administrativa de 27 años, fue una del medio millar de trabajadores que se quedó en la calle después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha decidiera paralizar las obras y rescindir los contratos a las constructoras a finales de 2011. María Dolores de Cospedal, recién llegada a la presidencia, anunciaba a la prensa que “no hay dinero” para sacar adelante el proyecto tal y como estaba concebido. Para entonces ya se habían gastado 140 millones y se había ejecutado el 30% de la obra, iniciada cinco años antes.

El megahospital de Toledo destaca por sus cifras abrumadoras —36 quirófanos, 800 habitaciones, 200 salas de consulta...—, pero lo cierto es que muchos municipios lucen solares o esqueletos de hormigón sin obreros donde se prometieron flamantes hospitales. También hay edificios terminados que no se inauguran porque ponerlos en marcha asfixiaría aún más las maltrechas arcas regionales. El problema es que ni así salen baratos: el hospital de Collado Villalba, en Madrid, cuesta 900.000 euros por cada mes que permanece cerrado. Pese a que no funciona, el Gobierno regional está obligado a pagar el canon a Capio, la empresa que lo ha construido y lo gestionará durante 30 años.

Las promesas electorales de nuevos hospitales en regiones de toda España se convirtieron en una constante en el periodo que Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud, llama “la década prodigiosa de crecimiento económico reciente”, hasta el año 2008. Una época, añade, en la que “podemos identificar arquetipos de mal gobierno a la hora de abordar inversiones poco meditadas y temerarias, localismo en el desarrollo de centros y carteras de servicio y abandono de referentes técnicos en la planificación de oferta”. Llegó la crisis, y la burbuja hospitalaria, como las demás, también pinchó. Aquellas promesas son las losas que ahora asfixian muchos presupuestos regionales. Los mismos que no dejan de recortarse en sanidad, la partida hasta hace muy poco intocable, que ha perdido 6.700 millones desde 2010. Menos personal, más listas de espera, cierre de urgencias rurales, material de peor calidad...

Muchos expertos se preguntan si eran necesarios todos los hospitales que se proyectaron en esa época. El servicio de salud valenciano sigue funcionando —bien, según sus responsables— pese a que los hospitales de Llíria y Gandia están acabados pero precintados y los de Torrent, Vall d’Uixó, Peñíscola, Ontinyent y Benidorm no pasaron de su condición de proyectos.

“Sin duda, los intereses cortoplacistas —electorales— han jugado un papel muy importante”, señala Oliva, que no circunscribe su reflexión a Valencia, sino a toda España. “Sobre hasta qué punto muchas de estas inversiones estaban o no justificadas, es muy difícil saberlo sin disponer de la información adecuada. Y, por desgracia, en el último periodo económico expansivo, la propaganda tomó la delantera a la información, especialmente cerca de elecciones, en lo que respecta a la actividad de muchos ministerios y consejerías”, añade.

Ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre irrumpió en la campaña de 2003 con una osada promesa: construir nada menos que siete hospitales en una legislatura. Uno de ellos era en realidad el traslado del Puerta de Hierro, situado en un edificio obsoleto a las afueras de la capital, a un nuevo emplazamiento en Majadahonda. Los otros seis eran completamente nuevos, es decir, iban a atender a población que hasta entonces se desplazaba a otros barrios o municipios para ir al especialista. Los contratos de concesión de obra pública —modelo inglés: las empresas construyen y proveen los servicios no sanitarios y la construcción no computa como deuda para el déficit— se adjudicaron en 2005. No estuvieron listos para la siguiente campaña electoral, pero Aguirre, en un insólito maratón inaugurador, consiguió abrirlos todos con apenas un mes de diferencia en 2008. Justo a tiempo para esquivar la crisis.

¿Eran necesarios? ¿Se diseñaron de acuerdo a algún plan? Si lo hubo, no llegó a la opinión pública. Solo cinco años después de inaugurarlos, Madrid acaba de presentar un plan de ahorro que incluye la privatización total de la gestión de esos seis hospitales y que viene a asumir que sobran dos centros de la capital, el Carlos III y La Princesa. El primero se quiere transformar en un centro de media y larga estancia. El segundo iba a ser, hasta que las protestas de la marea blanca hicieron recular al Gobierno regional, un centro especializado en mayores de 75 años. Es decir, hacen falta recursos sanitarios para una población envejecida.

“En el caso de Madrid, lo que está claro es que no hubo una planificación seria”, afirma Félix Lobo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III. “No hay un solo documento en el que se sustente una operación de tantos hospitales a la vez. He pedido el plan de infraestructuras sanitarias a la Consejería y no he conseguido nada. Un alto cargo me ha reconocido que no existe. No puedo saber si eran necesarios o no, nadie puede saberlo. Y solo eso ya es gravísimo. ¿Dónde está la planificación sanitaria?”, se pregunta. “Podría muy bien ocurrir que alguno no fuera necesario. De hecho, parece que ya se está notando un exceso de capacidad, con hospitales tradicionales con plantas vacías y menos actividad”, añade.

Aguirre consiguió sacar adelante el primer paquete de hospitales. En su segunda campaña electoral prometió cuatro más, estos de gestión enteramente privada. Móstoles y Torrejón de Ardoz ya están en funcionamiento. El de Carabanchel se desestimó y fue sustituido por un acuerdo para que el hospital militar Gómez Ulla atendiera a los vecinos de la zona. El cuarto, el de Collado Villalba, es el perfecto ejemplo del pinchazo de la burbuja. Aguirre llegó a declarar la obra de “interés general” para acelerar los trámites urbanísticos. Ahora, ya construido, se mantiene cerrado al menos hasta diciembre.

Capio, la adjudicataria de este último centro, asegura que se halla cerrado por razones ajenas a ella. Los 900.000 euros mensuales que recibe del gobierno madrileño los obtiene como compensación por mantener “el hospital y sus equipamientos en perfectas condiciones en previsión de una próxima apertura”. El dinero que percibe, asegura la compañía, “representa un esfuerzo económico” para ella “ya que está por debajo de la cifra de explotación del centro si estuviera abierto”, lo que representa “el mayor interés de la empresa”.

“El crecimiento de hospitales no es homogéneo por comunidades”, afirma Salvador Peiró, del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP), un organismo que depende de la Generalitat valenciana. “Se concentra en Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía, aunque en esta última son los llamados hospitales de alta resolución, que prácticamente no tienen camas”. En su opinión, el incremento del gasto sanitario fue “extremadamente clientelar”, en ocasiones se asoció a estrategias urbanísticas —“generar un área de desarrollo urbanístico explica algunas decisiones de por qué se han hecho y dónde se han colocado los hospitales nuevos”— y llevó al “despilfarro”.

Madrid consiguió abrir seis centros a la vez justo antes del inicio de la crisis

Hay ejemplos de hospitales con las obras paradas o acabados y sin abrir en muchas regiones. El nuevo centro hospitalario de Vigo, el área sanitaria más saturada de Galicia, está paralizado desde el verano. La estructura principal ya está construida, pero la Xunta lleva meses buscando financiación. El nuevo hospital de Cáceres se anunció por primera vez en 2002, se licitó en 2006 y aún está a medio construir y con las obras paradas desde abril. El Gobierno actual, del PP, “ante la falta de ingresos, y con la losa del déficit heredado” ha apostado por la colaboración público-privada como “la única fórmula posible en el actual escenario”, señala una portavoz. El hospital de Salamanca lleva en barbecho desde mediados de 2011, pero según la Junta de Castilla y León no se debe a problemas de financiación sino a la necesidad de desviar un colector en la parcela. Lo cierto es que estaba previsto inaugurarlo en 2014 y ya se ha retrasado hasta 2017.

Castilla-La Mancha se ha propuesto sacar adelante en esta legislatura el hospital de Toledo, pero no lo hará siguiendo el “desproporcionado” plan funcional del anterior Gobierno (del PSOE), explica una portavoz. No ofrece detalles sobre cómo será el nuevo proyecto, pero una versión del plan encargado por Cospedal a la consultora Mensor habla de acabar solo por fuera algunos edificios y dejar sin ocupar sectores que suman más de 400 camas. La portavoz señala que la última versión puede ser diferente y que la empresa no cobrará los más de 60.000 euros que ha costado el plan funcional (adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad) hasta que entregue el definitivo. La oposición socialista denuncia que el centro tenía la financiación comprometida y que Cospedal paralizó la obra por razones políticas.

El hospital de Toledo sigue adelante, anuncia repetidamente el consejero de Sanidad castellanomanchego, José Ignacio Echániz, pero otros dos centros con obras en punto muerto, en Guadalajara y Cuenca, tendrán que esperar. “El nuevo Gobierno se encontró con la crisis y con deudas y estos dos proyectos no se reanudarán hasta conseguir financiación”, señala la portavoz. Andalucía, que no puede recurrir a la herencia recibida, también tiene proyectos paralizados. La consejera de Salud, María Jesús Montero (PSOE), confirmó hace unas semanas que los edificios previstos pero cuyas obras no hayan comenzado quedan aplazados hasta que mejore la situación presupuestaria. Los proyectos de hospitales en Cádiz, Málaga o la ciudad sanitaria de Jaén quedan así en suspenso. Otros, como el Clínico de Granada, están prácticamente terminados pero falta dinero para equiparlos. En Euskadi, el proyecto del hospital de Eibar, con las obras adjudicadas, no se iniciará en 2013 por falta de presupuesto.

A José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, no le gusta hablar de burbuja hospitalaria porque “no se produce una de las características especulativas de las burbujas: comprar para vender”. Él define la situación de otra manera: “Aquí se da esencialmente una alianza entre constructoras, políticos regionales y políticos locales, con el silencio más o menos cómplice de los demás agentes, que no se atreven a levantar la voz. ¿Quién puede decir que no hace falta un hospital en un sitio concreto, y no correr el riesgo de ser corrido a gorrazos por los vecinos y comerciantes interesados?”.

Con información de Reyes Rincón y Ania Elorza.