El efecto estampida de los promotores

Urbanizaciones sin terminar, sin alumbrado, sin calles, o sufriendo vertidos ilegales porque el constructor ha desaparecido del mapa sin terminar las obras. Los afectados por el efecto estampida de los promotores derivado de la crisis económica han crecido significativamente en 2012, según el último informe del Defensor del Pueblo, hecho público este martes.

El defensor no aporta cifras, pero nombra numerosos casos. Cita, por ejemplo, la situación de la urbanización Los Portales de Arucas, en el término municipal de Las Palmas, en la que detecta una “pasividad virtualmente total” del Ayuntamiento ante la falta de infraestructuras o servicios básicos, o la urbanización Esquinzo, del municipio de Pájara (Las Palmas), que sufre problemas de vertidos ilegales y en la que un informe técnico reconoce que la depuradora se realizó “sin autorización y con capacidad insuficiente”.

El defensor inició una actuación de oficio, junto con la Federación Española de Municipios (FEMP), que puso de manifiesto que muchas empresas promotoras habían desaparecido sin finalizar las obras de urbanización, con calles y aceras sin pavimentar, alumbrado sin instalar y deficiencias en los servicios básicos (saneamiento y abastecimiento de agua, luz).

Los afectados se ven obligados a asumir los costes si quieren vivir dignamente

Los afectados han pedido ayuda porque la precaria situación económica de los ayuntamientos les está obligando a ellos a asumir estos costes si quieren tener unas condiciones de vida dignas. El defensor da un tirón de orejas a los gobernantes locales recordándoles que deberían de haber adoptado “en su momento” las medidas de control para garantizar las obras.

Algunas administraciones locales reconocen que no exigieron a los promotores, "cuando debían", las garantías de la legislación urbanística, pero lo verdaderamente grave, según el informe, es que no se adopten medidas contra estos constructores, abriéndoles expedientes de infracciones urbanísticas, o utilizando el dinero que depositaron como garantía de sus construcciones.

“No deben de ser los adquirientes de las viviendas los obligados a completar la urbanización y a cumplir lo que el promotor quedó obligado a hacer”, opina el defensor. Para paliar esta situación, recomienda a los consistorios que tomen el dinero depositado por los empresarios como aval y acometan las obras.

En la lista de casos destacados también aparece la urbanización Tres Palmeras, de Carmona (Sevilla), el conjunto residencial Pla de la Torre, en la Torre de Claramunt (Barcelona), Ceres Golf en Cáceres o Sacaba Beach en Málaga.