Indemnizada con 800.000 euros por una negligencia

La vida de Rosa Norma Pérez cambió radicalmente hace un año y medio, cuando entró en el hospital Sant Pau i Santa Tecla en Tarragona para que le extirparan unas piedras de la vesícula. Después 47 días y cuatro intervenciones más, salió con todos los dedos de las manos y los pies amputados a causa de una necrosis causada por uno de los tratamientos a los tuvo que someterse y una insuficiencia renal. Secuelas por las que el Instituto Catalán de la Salud (CatSalut) la va a indemnizar con 800.000 euros, conforme al acuerdo firmado el pasado noviembre.

El 7 de julio de 2011 Pérez se sometió a una operación para que le extirparan cálculos vesiculares. Su hija, Rosana Sánchez, cuenta que dos horas después empezó a sentir dolor de estómago. Asustada, la familia alertó a los médicos. Las molestias no cesaron y 12 horas después la mujer, de 58 años, tuvo que volver a pasar por el quirófano; esta vez por una perforación intestinal. No mejoró, y los médicos decidieron volver a operarla porque detectaron que la zona intestinal no había quedado del todo limpia. “Los médicos nos dijeron que tenían que volver a operarla, que debían limpiar unas zonas sucias y que la operarían a conciencia”, relata Sánchez, que afirma que los facultativos alertaron a la familia de que era una operación muy delicada.

Tras la intervención, Pérez ingresó directamente en Cuidados Intensivos. La familia explica que los médicos llegaron a asegurarles que apenas le quedaban tres horas de vida. “Nos dieron a elegir entre mantenerla enchufada o desenchufarla”, explica la hija con indignación. La familia optó por que permaneciera conectada. Sin embargo, el estado de la mujer era tan grave que precisaba noradrenalina, un fármaco que aumenta la presión sanguínea; un tratamiento que le produjo un proceso necrótico (muerte de las células o de un tejido) que afectó a las manos y los pies. Los médicos tuvieron que amputarle los 20 dedos.

Tras más de un mes y medio inconsciente en la UCI, Pérez se despertó con todos los dedos amputados. Una discapacidad que le impide desempeñar su antiguo trabajo de limpiadora. “Ahora ya no se puede valer por sí misma, ni si quiera algo tan fácil como un café”, explicaba ayer su hija. Sufre secuelas físicas y depende de otras personas para valerse. Razones por las que ha llegado a un acuerdo con el Instituto Catalán de la Salud para recibir una indemnización de casi un millón de euros; un pacto por el que Pérez renuncia a reclamar por complicaciones futuras de la insuficiencia renal que también padece a causa del tratamiento.

La indemnización es, según el abogado de Pérez, José Aznar, de los servicios jurídicos de la Asociación Defensor del Paciente, “de las mayores que ha habido sin la mediación de un juez”. La firma de acuerdos entre las partes es una fórmula, según Carmen Flores, la presidenta de esta organización, de agilizar las reclamaciones. Flores criticó la dilatación de los procesos por negligencia médica y pidió a las Administraciones públicas que no “esperen siempre a la decisión de juez”. Tiempo que alarga “innecesariamente” el sufrimiento de las víctimas.

Tanto el hospital Sant Pau i Santa Tecla como el CatSalut, organismo público adscrito a la Generalitat de Cataluña, declinaron hacer ningún comentario sobre el caso; aunque confirmaron que el acuerdo se ha firmado. La compañía de seguros Zurich, que asegura al hospital, se limitó a explicar que “estos casos forman parte de la dinámica normal de un empresa aseguradora”.