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El plan de la Generalitat prevé subastar laboratorios y la flota de ambulancias

La oposición exige la comparecencia del consejero Boi Ruiz en el Parlament

El duro plan de privatizaciones para la sanidad pública que la Generalitat de Cataluña encargó a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) y que ayer publicó EL PAÍS incluye medidas drásticas como la venta, vía subasta, de porciones fundamentales del sistema sanitario como las ambulancias y el centro de operaciones del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), los laboratorios o la gran empresa que gestiona los servicios de diagnóstico por imagen en los grandes hospitales públicos. En total, estas entidades públicas manejan más de 330 millones al año y más de 2.000 trabajadores. 

El informe —que también prevé poner en manos privadas 18 hospitales, 48 centros de atención primaria y un centenar de otros dispositivos— fue encargado por el Departamento de Salud en el arranque de la pasada legislatura, a principios de 2011, y coincide en el tiempo con otro proyecto para dividir y abrir a capital privado el Instituto Catalán de la Salud (ICS), la gran empresa pública de la Generalitat que gestiona ocho grandes hospitales y cerca de 300 centros de salud. Ambos proyectos forman en su conjunto una hoja de ruta hacia una masiva entrada de capital privado en la sanidad pública.

El Departamento de Salud —cuyo titular, Boi Ruiz, era el presidente de la patronal sanitaria cuando fue nombrado— rechaza que tenga en proyecto “vender o privatizar” parte alguna del sistema sanitario. Salud, sin embargo, no ha ofrecido en cinco días una explicación razonable sobre con qué condiciones y objetivos encargo el proyecto a PwC. Tampoco ha querido informar sobre el coste de este. “En estos momentos no disponemos de la información del coste”, contestó ayer por correo a este periódico.

Para la venta de las entidades públicas, PwC propone una fórmula jurídica de dos pasos. El primero sería “transformar las entidades de derecho público en sociedades mercantiles” y el segundo “enajenarlas” vía “subasta pública”. Con esto se diluiría “el impacto político y social” de las medidas.

El informe sugiere segregar los tres componentes del servicio de emergencias (call center, vehículos y prestaciones) para “dar entrada de capital —100%— en los primeros”. El SEM cuenta con un presupuesto anual de 224 millones de euros, 717 trabajadores y 393 vehículos, incluidos cuatro helicópteros. Por su parte, la empresa pública Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI) gestiona estos servicios en los ocho hospitales del ICS. En 2012, el IDI tuvo un presupuesto de 31,2 millones de euros y 320 empleados. Otra sociedad que PwC propone subastar es el centro diagnóstico UDIAT, con un presupuesto anual de 26,9 millones de euros y 375 trabajadores.

En la otra docena de entidades y empresas públicas que el plan contempla, destaca la plataforma logística Logaritme, que surte de suministros a los centros sanitarios. El año pasado, Logaritme tuvo un presupuesto de 16,5 millones y 224 trabajadores.

Los laboratorios son la última porción de la sanidad que PwC quiere sacar a subasta. Se trata de dos sociedades —Laboratorio de Referencia de Cataluña y un consorcio— que no dependen directamente de la Generalitat sino de hospitales y entes financiados por ella. Ambas sociedades controlan una veintena de laboratorios. En 2012 facturaron 22,8 millones con una plantilla de 155 personas.

Todos los grupos de la oposición en Cataluña (PSC, ICV-EUiA, PP y CUP) han manifestado críticas al plan, que van desde pedir explicaciones a acusar al Gobierno de tener una agenda oculta. Los sindicatos CC OO, UGT, Médicos de Cataluña y CATAC-CTS/IAC han opinado en contra.