¿De quién dependerá... la dependencia?

Privatizar. La palabra de la polémica, las pancartas y las manifestaciones; la que unos conjuran y otros enarbolan, ha llegado al sistema de la dependencia. No alcanza aún el eco conseguido en la sanidad pública, pero no son pocos los que alertan de que se está desvirtuando el espíritu de un sistema que nació público y universal. Los que avisan de ello empezaron a ver las orejas al lobo en algunas declaraciones de los actuales responsables gubernamentales, como las del secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, hace unos meses, recogidas por la agencia Efe: “Queremos derivar gran parte de la actividad hacia el sector empresarial porque es lo sensato, hay muchas empresas que se dedican a ello, es un sector maduro que hace un magnífico trabajo”. Se trataba, repetía entonces, de hacer “sostenible” el sistema.

El sector empresarial siempre ha estado presente en este ámbito. Servicios como los de residencias geriátricas, centros de día o ayuda a domicilio son ofrecidos por empresas privadas, aunque lo paga el Estado y el propio beneficiario. Y no hay mucho que objetar a ello, casi nadie niega que esta colaboración público-privada es adecuada. La propia redacción de la ley recoge que los cuidados en casa solo se pagarían de forma excepcional, cuando los servicios profesionales no estuvieran al alcance. A pesar de ello, en los pocos años que lleva el sistema en marcha, desde 2007, se han concedido más pagas para los cuidadores familiares que prestaciones para abonar estos servicios fuera del hogar. El Gobierno actual se propuso revertir esa situación. ¿Se refería a eso Moreno con aquella frase en Sevilla? Parece claro que sí, pero el resultado, dice la oposición, está muy lejos del deseado. “Lo que ahora nos están ofreciendo es un cheque-servicio, y todo el mundo sabe lo que significa eso, privatizar el sistema”, dice la consejera asturiana de Bienestar Social, Esther Díaz.

El cheque-servicio, que tantas veces se ha intentado implantar en el sistema educativo, consiste en dar un dinero a los padres para que ellos, supuestamente, elijan el colegio que deseen. Los críticos sostienen que, a la larga, sucede exactamente lo contrario: es el colegio el que elige a los padres y alumnos que desea. El cheque-servicio equivaldría en dependencia a la llamada Prestación Económica Vinculada al Servicio, una ayuda, de las ocho que se conceden, que no había tenido demasiado desarrollo hasta ahora. Se trata de dar un dinero para que el dependiente pague por un servicio, una plaza de residencia, un centro de día o un cuidador profesional. Solo Extremadura, Castilla y León y Aragón, por ese orden, tienen un porcentaje estimable de estas prestaciones. Pero es la única que crece en estos momentos. En los datos estadísticos que acaba de hacer públicos el Gobierno, correspondientes a diciembre, todas bajan, excepto esa.

A pesar de que la ley tampoco da carácter prioritario a esta ayuda y establece que únicamente se concederá cuando no sea posible el servicio público.

“En Asturias se hizo mucho esfuerzo por tener residencias y centros de día públicos; hay, pues, oferta, pero primar esta ayuda aboca a los centros privados allí donde no haya oferta pública. Pero para pagar estas plazas no les alcanzará con el dinero que les dan [el cheque-servicio], así que, el que pueda completar el resto de lo que cuesta una plaza de residencia, por ejemplo, pues lo tendrá que poner de su bolsillo y el que no, se tendrá que ir a la beneficencia”, dice la consejera asturiana.

Son dos los peligros que los expertos ven en este cheque: la creación de un sistema dual, donde los que puedan pagar serán bien recibidos en geriátricos con dotaciones (con podología, fisioterapia, peluquería...) y los centros públicos se quedarán para aquellos que no tengan nada que sumar a ese cheque, que tampoco es tan alto, pues puede rondar entre los 500 y los 700 euros. Por decirlo en palabras llanas: los ricos a lo privado y los pobres a lo público.

Para calcular el copago del usuario en las ayudas que se reciben por dependencia se tiene en cuenta la renta y el patrimonio únicamente del beneficiario.

Pero si en lugar de conceder una plaza de residencia dan un cheque con dinero, en el que ya se tiene en cuenta ese copago, las familias, los hijos, podrán verse obligadas a aportar de su bolsillo para completar lo que falte para la residencia del anciano. Las que puedan, claro.

A menos que se haya sido previsor y ahorrador y se haya contratado un seguro de dependencia. Desde 2007 empezaron a aparecer tímidamente, aunque no acaban de despegar. Apenas 26.000 personas los han contratado entre los 100 millones de pólizas que existen de todo tipo. “Están estancadas, en el último año han crecido un 7,25%, pero con una cifra tan pequeña eso no significa mucho”, dicen en la patronal de las aseguradoras, Unespa.

“Lo que buscan las aseguradoras no es cambiar un sistema público por uno de seguros privados, sino complementar lo que ya paga el ciudadano”, asegura el director del área de seguros privados de Unespa, Luis Miguel Ávalos. En España, dice Ávalos, “no hay mucha experiencia con estos seguros, que son muy especializados, y se necesita que el Gobierno proponga incentivos fiscales para hacerlos atractivos. Y no los están incentivando, ni jurídica ni fiscalmente. Dicen que lo tendrán en cuenta, pero que no es el momento”. Ávalos cree que solo de esta forma se consolidaría el sistema. El problema, dicen, es que no hay desgravaciones fiscales por dependencia cuando ya se ha llegado al tope con otros seguros, por ejemplo, uno de vida o de jubilación.

¿Pero tiene la población española para seguros? “Normalmente los que contratan estas pólizas son los que ya tienen alguna otra, de vida, por ejemplo. A los que les preocupa que puedan ser un problema para terceros. Nuestro segmento es la clase media”, reconoce Ávalos. “Aquellos dependientes a los que el Estado les paga todo porque no les llega tampoco tendrían capacidad para asumir un seguro”, admite.

A pesar de ello, explica que no son caros. Los hay de dos tipos, unos tienen una prima mensual muy barata, apenas el precio de salir a comer un día a un restaurante, dice Ávalos. El problema de estos es que si llegada una edad uno no se ha convertido en dependiente lo pierde todo, o como dicen las aseguradoras, “no acumulas un ahorro”. El segundo, el de la prima más cara, sí constituye un ahorro para la jubilación aunque no se haya caído en la dependencia. “La capacidad de los españoles es limitada, pero todo es cuestión de prioridades”, dice Ávalos.

La prioridad de José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma por la Ley de la Dependencia de Castilla-La Mancha, es atender a sus hijos, con gran dependencia ambos. Se acercó a una de estas aseguradoras para ver qué le ofrecían. “Yo hice como que el seguro era para mí. Lo primero que me dijeron es que el sistema de dependencia no era sostenible, que no había dinero público para atenderlo, lo mismo que dicen aquí los políticos, y que si a los 85 años yo no había tenido problemas el seguro se extinguía. Además, no vale para gente que ya esté reconocido dependiente. Buscan gente sana”, lamenta.

El mensaje sobre la no sostenibilidad del sistema al que se refiere Gómez-Ocaña también es criticado por políticos en las filas socialistas. La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, cree que el Gobierno “está lanzando dudas sobre la credibilidad del sistema y sobre el uso que dan los ciudadanos a las prestaciones. Igual que se ha hecho con los medicamentos, que se acusó a los mayores de defraudar con sus recetas, se hace ahora con la dependencia, filtrando el informe del Tribunal de Cuentas para decir que las familias estaban cobrando lo que no les correspondía”.

El secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, también lanzó mensajes de fraude al criticar las ayudas que se conceden a las mujeres que cuidan a los ancianos en casa. “Venden la libre elección del ciudadano cuando hablan del cheque-servicio, pero cuando esos mismo ciudadanos eligen libremente la prestación económica para cuidar en casa les penalizan”, dice María Jesús Montero. Estas ayudas han caído un 15% en el mejor de los casos, en algunas comunidades mucho más. “Claro que se está privatizando la ley. El Estado se ha ido retirando de la financiación y las comunidades se verán abocadas a ofrecer el cheque-servicio. Eso ya no te obliga a hacer una oferta pública de centros. Bastará con la privada”, añade Montero.

Los mensajes son importantes. Pablo Cobo, al que algunos llaman padre de la Ley de Dependencia aunque él prefiere decir con modestia que participó activamente en su redacción, trabaja hoy como director de la revista de la Fundación Caser (Caser es un grupo de seguros con 70 años de experiencia), de la que es vicepresidenta Amparo Valcarce, que fue secretaria de Estado con Zapatero y responsable de esta misma ley. Cobo opina que los servicios sociales “nunca han sido públicos en el ámbito institucional, la gestión siempre ha sido muy privada, tampoco hay que rasgarse las vestiduras en ese sentido”. Critica que hayan “disminuido los presupuestos drásticamente”, pero sobre los seguros privados afirma que “ya se contemplaban en la ley para garantizar al ciudadano que pueda hacer frente al copago, como en el sistema francés”. Reconoce que si se generaliza la prestación vinculada al servicio, [el cheque] “se cede al ámbito privado la gestión de los servicios públicos, pero no es un drama, es una forma de hacer”. Es, a su juicio, una fórmula que compensa una parte del gasto público en lugar de que lo cubra todo la Administración.

El director de la Fundación Caser, Juan Sitges, niega en redondo que la ley se esté privatizando. “Son opiniones infundadas, solo se baraja complementar lo público con fórmulas del sector privado. Es como las pensiones, a las que tenemos derecho, pero donde también hay cabida para productos privados”, defiende. ¿Podrá todo el mundo suscribir un seguro? “No se trata de tener más o menos [dinero] sino de pensar desde que se es joven en planificar. Si ahorráramos todos desde los 25 años tendríamos una ayuda complementaria”. Reconoce, sin embargo, que las hipotecas no dejan mucho margen de ahorro a los españoles.

“Las familias con menos renta se verán afectadas si deben completar sus pagos mediante seguros privados porque no podrán pagar estos servicios”, dice Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra. “El sistema público de dependencia estuvo subfinanciado desde el principio”, dice, y “esta situación ha empeorado de una manera muy acentuada en los años de crisis debido a los recortes de gasto en estos servicios, que han sido particularmente acentuados en este último año”.

Navarro no tiene duda. “Sí, hay signos claros de que los partidos conservadores y los de sensibilidad liberal que gobiernan España y varias comunidades, están intentando privatizar los servicios públicos del Estado del bienestar, incluyendo los de dependencia. Y eso incluye tanto la privatización de la financiación como la privatización de la gestión”, añade.

“Las aseguradoras están detrás del pastel de la dependencia desde que se redactaba la ley. Trataban de incluirlo en la redacción a través de la patronal de empresarios (CEOE) o de las propias aseguradoras haciendo lobby. Ya antes de redactarse la ley, la CEOE en las mesas de negociación defendía una financiación mediante aseguramiento privado”, explica una de las responsables de UGT, Almudena Fontecha, que fue protagonista de aquel proceso. “La privatización siempre forma parte de la ideología del PP, pero lo que ocurre ahora es más grave, sencillamente se está quitando el derecho a los ciudadanos, cada vez hay menos usuarios, es como si en la Sanidad se sacara a un 25% de los enfermos sin más”.