La Ley de Costas dará 35 años más de concesión a puertos deportivos

Los puertos deportivos podrán optar a una nueva concesión de 35 años cuando expire su actual. Así lo fija una enmienda que el PP presentó el viernes al proyecto de reforma de la Ley de Costas que tramita el Congreso. Además, la prórroga de grandes industrias situadas en el litoral —como la polémica papelera de Ence en Pontevedra— será competencia estatal y no autonómica, como inicialmente fijaba el proyecto de ley. El Gobierno se reserva así la decisión sobre un asunto con mucha implicación social sobre el que las autonomías esperaban decidir. Estos dos puntos incluidos por el PP van en la línea de las alegaciones que hizo la patronal (CEOE) a la reforma de la Ley de Costas, la primera de calado desde 1988.

El objetivo principal de la reforma legal impulsada por el departamento que dirige Miguel Arias Cañete es dar 75 años más de concesión a las casas construidas legalmente sobre la playa antes de 1988. Esas viviendas —unas 10.000, según cálculos del ministerio— tenían 30 años de concesión ampliables a 60, por lo que en 2018 comenzaban a vencer los plazos y debían pasar a manos del Estado para ser demolidas. El Ministerio de Medio Ambiente argumentaba que eso había creado inseguridad jurídica y mala imagen de España, ya que muchos de los afectados eran extranjeros.

La CEOE reclamó en noviembre que la amnistía se aplicara también a los puertos deportivos. “Nos encontramos con que la Ley de Costas amplía el plazo de concesión mientras que la Ley de Puertos lo restringe [...]. Consideramos que por desigualdad de competencias, no se pueden hacer tratamientos distintos a situaciones similares”, señalaba la patronal en el texto que mandaron a los grupos parlamentarios. Allí pedían que los puertos deportivos —no los grandes puertos estatales— tuvieran en total 75 años de plazo en vez de los 30 de máximo ahora vigentes, plazo que depende de cada uno y cada autonomía.

En los 8.000 kilómetros de costa, hay “más de 350 puertos deportivos, con más de 125.000 amarres”, según la web de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos.

Una enmienda del PP propone modificar el proyecto de ley en ese sentido y deja claro que la prórroga extraordinaria se aplica “no solo a las previstas en la legislación de costas, sino a todas aquellas que, con independencia de la legislación en que se amparen, impliquen la ocupación del dominio público marítimo-terrestre”. Queda patente que la prórroga es aplicable a los puertos deportivos.

La enmienda aclara que “la duración de la prórroga de las concesiones que amparan ocupaciones para usos portuarios que no sean de interés general se ajustará al plazo máximo previsto para las concesiones [...] en los puertos de interés general”. Ese plazo es de 35 años. La confusa redacción implica, según fuentes conocedoras del texto, que los puertos deportivos podrán pedir a la comunidad autónoma una nueva prórroga de otros 35 años cuando expire la vigente.

Las enmiendas del PP incluyen otro cambio sustancial. En el proyecto presentado por el Gobierno, la prórroga de la concesión de las grandes industrias polémicas “previo informe favorable del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación”. Eso dejaba en manos de la Xunta de Galicia, por ejemplo, la prórroga de la papelera de Ence en la ría de Pontevedra, cuya concesión caduca en 2018. La Xunta, del PP, ha afirmado que no pensaba dar el visto bueno a la prórroga.

Sin embargo, otra enmienda del PP reduce la capacidad de decisión de las autonomías. La nueva redacción —que previsiblemente prosperará gracias a la mayoría absoluta de los populares— reduce la capacidad de decisión de las comunidades y fija que su informe ambiental “tendrá carácter determinante”. Aun así, el Gobierno podrá dar la prórroga en contra de ese informe autonómico si “motiva las razones de interés general” por las que lo ignora.

Esta era otra de las reclamaciones de la CEOE, que en sus alegaciones pedía que “la resolución definitiva” fuese “competencia de la Administración General del Estado” para “conseguir una homogeneización de los criterios a aplicar”. “Si el responsable último de la concesión es la comunidad autónoma, puede darse la posibilidad de que se adopten diferentes criterios en función de la ubicación geográfica y de los intereses locales”, alegaba la patronal.

Pese a las presiones de comunidades y Ayuntamientos, las enmiendas no añaden ningún núcleo más a los 11 originalmente indultados de la ley.