Ni siquiera por austeridad

Lo que está ocurriendo en la sanidad pública madrileña es grave y la dimensión del problema excede con mucho el límite de las fronteras de la comunidad autónoma. Es la mejor muestra de un concepto sobre lo público que viene de lejos, que se está extendiendo en toda España y que puede ser extraordinariamente lesivo para los contribuyentes porque afecta a sus derechos y también a su bolsillo.

Desde que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció su plan de privatizar la gestión de seis hospitales y la del 10% de los centros de salud no ha dejado de utilizar tramposos argumentos para defender un proyecto que carece de toda lógica y que, sin embargo, va a poner a la venta —veremos a qué precio— un bien público tan esencial. Dice González que no es verdad que se vaya a privatizar la sanidad y que nadie va a exigir pagar a los pacientes. ¡Evidente! Esos centros hospitalarios y de salud van a seguir siendo de titularidad pública y los servicios, al menos de momento, no van a ser de pago.

Hasta ahí llegábamos, como también llegamos a conclusiones lógicas que despiertan el consecuente recelo hacia algunos procesos de privatización. El caso de la energía eléctrica es un buen ejemplo. Se privatizó y liberalizó el servicio en una operación culminada por José María Aznar en su momento y hoy pagamos la luz más cara de Europa y todavía debemos dinero a las compañías: unos 24.000 millones de euros.

El servicio sanitario público es bien distinto, pero dejarlo en manos privadas puede conllevar otras consecuencias igualmente gravosas y hay demasiadas preguntas sin respuestas. La más importante de ellas es cómo es posible que se adjudique un contrato público a una empresa en la confianza de que esta va a ofrecer el mismo servicio y aún le sobrará dinero (de los contribuyentes) para obtener beneficios. Muchos hospitales públicos recaudan dinero gracias a las concesiones que otorgan a empresas privadas. Estas, a cambio de pagar un canon, hacen negocio con el servicio de lavandería, el aparcamiento o la cafetería. ¿Va a desviarse también esa recaudación —por modesta que sea— a los nuevos gestores de la sanidad? ¿Cómo se adjudicarán los hospitales? ¿Por cuánto? ¿Se quedarán con el negocio las empresas de siempre —Capio y Ribera Salud—? ¿Harán investigación? ¿Aplicarán los tratamientos más caros?

Defender la gestión privada frente a la pública es un falso debate en el que el PP quiere enredarnos

Los ciudadanos saben muy bien que la sanidad pública no es gratis. La pagan con sus impuestos. Y nadie les ha preguntado por qué una parte de ese dinero debe desviarse hacia esas empresas privadas que sirven de acomodo a más de un gestor del PP, como bien ha demostrado este periódico.

Tras los planes de Ignacio González y de Cospedal, como en su día los de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, hay mucha ideología; esa que promueve la iniciativa privada —lo que no es insensato—, pero a costa de lo público —lo que sí lo es—. Afirmar rotundamente que la gestión privada es mejor que la pública es un falso discurso en el que el PP pretende enredarnos. El sistema sanitario puede mejorar su gestión, pero ha demostrado hasta el momento su eficiencia, y Hacienda, un organismo público, funciona como un reloj. A su lado, cientos de empresas privadas quiebran por falta de solvencia. De modo que no es el mejor momento para poner en la balanza uno u otro, sino, en todo caso, de incorporar a la gestión las mejores prácticas en uno u otro lado.

Aquí solo parece haber ideología, como aquella caza de brujas contra los médicos que sedaban a los enfermos terminales para evitarles sufrimientos inútiles. Detrás del plan de González y Cospedal solo hay ideología y ni siquiera afán de austeridad. Lo demuestra el hecho de que sigan sordos no solo a la rebelión del sector sanitario con sus huelgas y sus dimisiones (históricas) en bloque. Lo demuestra particularmente que desoigan sus propuestas para ahorrar dinero en caso de que abandonen sus planes. Por cierto, ya que menciono el caso Leganés, solo recordar que Manuel Lamela, el consejero de Sanidad que persiguió a los médicos de las sedaciones, pasó luego por Cibeles (filial de Bankia) y el año pasado se lanzó a liderar la asociación Madrid Centro Médico, una intermediaria entre las clínicas privadas que la constituyen y los pacientes-turistas que pasen por Madrid.