Reforma de bajo coste para el ministerio

Lo que dibuja el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es algo parecido a una reforma low cost del sistema de enseñanza. “El coste estimado de implantación de la ley es muy limitado”, se señala en el análisis del impacto económico del proyecto de reforma que el Gobierno discutirá el martes con las comunidades autónomas.

Pero es una reforma de bajo coste para el ministerio, que asumirá solo la financiación de la implantación de la norma, que, según el texto, durará dos cursos. Pero el coste de la fase de consolidación —que tiene como objetivo el aumento de la tasa de titulados— lo soportarán las comunidades.

El departamento de José Ignacio Wert tiene previsto que la reforma se implante a partir del curso 2014-2015. Y el ministerio espera que en 2015 la norma no le genere gastos añadidos. Al revés, vaticina un ahorro en el sistema educativo de 3.8 millones gracias en gran medida al “nuevo diseño curricular de Bachillerato”. En 2016, sí se pronostica un incremento de los costes de 11,3 millones, motivado, principalmente, por el desarrollo de la nueva Formación Profesional Básica. Es decir, la implantación de la reforma solo le supondrá al ministerio un gasto de 7,5 millones entre 2015 y 2016, según sus cálculos.

A pesar de ser una reducida inversión, en el análisis del impacto económico del proyecto de reforma Educación sostiene que la financiación de la implantación “estará supeditada a las disposiciones presupuestarias que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorice y será compensada, en su caso, con bajas en otros programas del departamento”. Estos planes ya han sufrido varios tajos desde que Wert es ministro. En abril, se eliminaron 10 de los 17 programas de cooperación del Gobierno con las comunidades. El reparto de portátiles, la extensión de la red de guarderías o las ayudas para los libros de texto se han recortado de forma drástica o, directamente, se han eliminado.

El ministerio también avisa en el análisis del impacto económico de que los recortes aprobados por el Gobierno en el real decreto de abril (aumento del horario lectivo de los docentes y del número de alumnos por aula) y algunas de las medidas de la reforma educativa “contemplan impactos negativos significativos que deberán ser tomados en consideración en la próxima revisión quinquenal del sistema de financiación”. El departamento de Wert abre así la puerta a más reducciones de las partidas que el Gobierno central transfiere a las comunidades autónomas, que tienen las competencias sobre el sistema de enseñanza.

En este contexto de recortes en los fondos que reciben las autonomías, el ministerio deja en manos de las comunidades el éxito o el fracaso de su reforma. La segunda etapa, la de consolidación, tendrán que asumirla los Gobiernos regionales y los costes “dependerán de las decisiones de cada Administración educativa”.

La fase de consolidación estaría comprendida entre 2017 y 2020 y el principal objetivo sería aumentar la tasa de titulados. Se busca que España se acerque al objetivo europeo del 10% de abandono educativo temprano, que ahora está en el 26,5%. Si se quiere reducir esa tasa se necesita que crezca la oferta. El ministerio centra el aumento de esa oferta de la Formación Profesional Básica y en la de grado medio. El departamento de Wert sostiene en el análisis económico que llegar a un 85% de tasa de titulación supondría un coste de 333 millones, que deberían asumir las comunidades.

“La ley se limita a establecer las condiciones más favorables posibles para que el sistema educativo alcance estos objetivo, pero no impone a las comunidades autónomas nuevas obligaciones de gasto que deban ser objeto de compensación”, se insiste en la memoria financiera. “Cada administración educativa mantiene su plena capacidad decisoria para determinar la dimensión y configuración de su oferta educativa”, se añade.