Una semana trágica

Es tal el descaro con el que los dirigentes adoptan hoy sus decisiones en esta nueva carrera por aumentar la desigualdad que ni siquiera se toman la molestia de cuidar un poco las formas. La semana pasada ha sido, en este sentido, un ejemplo palmario; y escandaloso. Ha sido una semana trágica. El miércoles se produjo una gran lluvia de dinero. Gobierno español y Comisión Europea acordaron el montante del rescate para la banca. En total, 37.000 millones de euros que irán a parar, fundamentalmente, a Bankia (17.960), Catalunya Banc (9.080), NCG Banco (5.425) y Banco de Valencia (4.500).

Independientemente de los juegos malabares que se hagan después para que compute o no en el déficit, lo cierto es que esos 37.000 millones es una deuda que acabamos de contraer todos los españoles, eso sí, a un bajo interés del 1%, y ni siquiera está garantizado que esas entidades sean capaces de devolver el dinero a las arcas públicas. De momento, además, habrá que pagar el subsidio de paro a otros miles de ciudadanos que ahora trabajan en esas entidades y que deberán ser despedidos, según mandan los cánones de esta nueva política sin alma.

Lo ocurrido en España durante los dos días siguientes —jueves y viernes— viene a confirmar una de las tesis que sostiene Joseph E. Stiglitz en su última obra El precio de la desigualdad. En ella, el premio Nobel de Economía afirma que la política ha condicionado el mercado “de forma que favorezca a los de arriba a expensas de los demás”. Según Stiglitz, hoy prácticamente todas y cada una de las decisiones que toman los políticos tienden a abrir aún más la brecha entre ese 1% de gente que manda —banqueros y grandes empresarios fundamentalmente— y el 99% restante.

El Gobierno de Rajoy parece decidido a cumplir con tal premisa como alumno aventajado porque 24 horas después de asignar 37.000 millones a la banca decidía no tocar la Ley Hipotecaria, una norma que permite el abuso por parte de las entidades crediticias y que ha provocado la ruina y el desahucio de miles de familias y dejaba a 145.000 cuidadores familiares de dependientes sin Seguridad Social. Al día siguiente, de nuevo dando un paso atrás en sus promesas, ha limitado la actualización de las pensiones, lo que va a reducir el poder adquisitivo de casi nueve millones de jubilados.

Este Gobierno se permite, para colmo, el lujo de argumentar la misma cosa y la contraria según toque. De manera que el mismo Ejecutivo que se autoproclama tan valiente y reformador, dice ahora que lo de la ley hipotecaria no conviene porque “no se pueden adoptar medidas que alteren el diseño general del sistema normativo”. Ellos que han dado un vuelco a los derechos laborales o que han metido la tijera en la sanidad y la educación —esencial, por cierto, para el crecimiento económico—, no se atreven a tocar un poquito a la banca a la que acaban de transferir tanto dinero. Son los mismos que hablan de pedir “un mayor esfuerzo” a los pensionistas que ganan más de mil euros como si su nuevo recorte fuera voluntario.

En fin, hay dinero para la banca, pero no para los pensionistas y cuidadores de dependientes. ¿Acaso hay alguna opción de escapar a tanta iniquidad? El escritor Benjamín Prado cree ver en la drástica reducción del consumo una forma de protesta. Según su artículo Ahorro ideológico publicado el jueves en este periódico, consumir menos, además de una necesidad, puede ser otra forma de defenderse. “Nuestras tijeras contra las suyas”, proclama. Es verdad que estamos inermes frente al expolio, frente a una política entregada a los poderosos, que somos los nuevos vasallos del siglo XXI, pero hay motivos para la esperanza.

Esta misma semana ha habido también un movimiento extremadamente prometedor: los jueces han vuelto a manifestarse. Lo hicieron contra la Ley Hipotecaria. Esta vez lo han hecho contra los indultos gubernamentales. Y si hay un estamento con cierto poder para empezar a cambiar el rumbo de las cosas, ese es el judicial. Es el que determinará las responsabilidades habidas en la gestión de Bankia, por ejemplo, ya que los grandes partidos políticos se han negado a hacerlo. Son los que, en definitiva, tienen que aplicar todas y cada una de esas leyes con las que se pretende seguir erosionando los derechos sociales. Como diría Miguel Ángel Aguilar: ¡Atentos!