“Esta ley sanitaria es mi condena de muerte”

La lista de sus enfermedades es larga. Julio Basilio González, cubano de 59 años residente en Madrid desde marzo de 2009, pone sobre la mesa un fajo de folios que resumen sus padecimientos —un soplo en el corazón, el colesterol disparado y migrañas crónicas, entre otros— y la docena de medicaciones que necesita. Lo que más le preocupa es no poder controlar su tensión. “Hay pastillas que si no me las tomo me puede dar algo”, afirma pausado mientras toma una tila —“un café sería malísimo”, apunta—. Hasta septiembre su médico en el centro de salud de su barrio al sur de la capital, Carabanchel, le recetaba los fármacos que podía adquirir subvencionados. Pero su tarjeta sanitaria caducó y ya no se la renovaron. No tiene papeles y ha quedado excluido de la atención por la reforma de la sanidad del Gobierno, que el 31 de agosto dejó sin tarjeta a casi un millón de inmigrantes irregulares. Sus nombres ya no aparecen en el sistema. “Esta ley es mi condena de muerte”, recalca González.

“Es una cuestión de derechos humanos, con o sin papeles somos personas”, enfatiza González respecto a la negación de atención médica a los sin papeles. Este cubano trabajaba como director de una orquesta en Varadero, zona turística de la isla caribeña. Pero a finales de 2008 emigró a Holanda con su esposa, nacida en ese país. La relación se rompió meses después y González decidió venir a España. “Porque era un sueño y dominaba el idioma”, aclara. Su permiso de residencia expiró sin que encontrase un empleo. Se gastó en una guitarra los pocos ahorros que le quedaban de su trabajo en una fábrica de latas en el país nórdico. La compró en un viaje a San Sebastián, donde visitaba a un amigo. “Es de marca pero me costó muy barata”, asegura con orgullo mientras acaricia la funda del instrumento que va siempre con él. Ahora es su medio de subsistencia. Pero los siete u ocho euros que saca al día por tocar “sones cubanos” en la calle, no son suficientes para comprar sus medicamentos. “Y cada vez la gente da menos tal como están las cosas”. Con recetas se gastaba entre 40 y 50 euros al mes en fármacos, pero sospecha que ahora la factura “subirá notablemente” y se le están agotando las reservas de pastillas.

El médico de González le sigue atendiendo en consulta, la última vez el pasado viernes, pese a que el nombre y la historia clínica del paciente han desaparecido de su ordenador. No hay ningún Julio Basilio González con una afección cardíaca crónica en las bases de datos. Pero el enfermo existe, con su arteroesclorisis (endurecimiento de las arterias), sus dolores de cabeza, su soplo y una ristra de enfermedades en el historial médico que señala una y otra vez para apoyar su relato.

Las citas las pide por teléfono, como le han aconsejado en Médicos del Mundo, porque no piden datos. Otras veces, el doctor le emplaza a ir en una fecha determinada y se lo anota en un papel en blanco. En las mismas octavillas en las que le apunta las pastillas que tiene que tomar. “Como no puedo pagarlas, tendré que priorizar cuáles tomo”, planea.

Sus palabras transmiten la impotencia de sentirse vulnerable y no poder hacer nada. Pero González asegura haber perdido el temor a que le expulsen del país —al no tener papeles— si denuncia públicamente su situación. “Hasta hace un año la policía me detenía todas las semanas, pero nunca me deportaron. Me ponían multas que no podía pagar”, dice enojado. Por eso ha decido contar su historia.

No entiende por qué, después de haber vivido en España cuatro años, empadronado y con acceso a la sanidad pública, ahora no tiene derecho “a nada”. “Para darte la residencia te piden que tengas un contrato, pero sin papeles no te contratan. Me parece humillante. No sé si yo estoy loco o lo están los que hacen las leyes”.

El caso de este inmigrante irregular no es único. Médicos del Mundo ha denunciado que nueve gobiernos regionales (Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón) están ejecutando la medida sin paliativos, denegando la atención a las personas sin permiso de residencia. Algunas comunidades, dice la organización, han restringido el acceso a la sanidad más allá de lo que recoge el real decreto 16/2012. Ana (nombre supuesto), colombiana de 44 años, es víctima de esta aplicación estricta de la reforma sanitaria. Vive en Tenerife desde hace más de cuatro años en situación irregular. En 2008 le diagnosticaron cáncer de mama y, tras recibir quimioterapia, se sometió a una mastectomía. Le pusieron implantes mamarios, unas prótesis PIP (Poly Implants Prothéses) que le extrajeron tras ser retiradas del mercado en 2010 por defectuosas. Le reconstruyeron un pecho. La cirugía para el otro quedó pendiente. El pasado miércoles Sanidad le informó que no le practicaría la operación. “Había oído hablar de la nueva ley, pero no me esperaba que me sacaban de la lista de espera. No sé qué hacer, me han dejado como media mujer, con un solo pecho”, explica Ana, informa Pedro Murillo.

La denucia de casos de exclusión sanitaria tiene efectos positivos, aseguran fuentes de Médicos del Mundo. Añaden que Aragón y Canarias negaron las acusaciones en un primer momento para acceder después a abrir un diálogo con la organización en busca de una solución. En Baleares, dos asociaciones de personas enfermas han ofrecido facilitar asistencia a los pacientes que han recibido trasplantes o que requieran insulina. Una portavoz de la ONG ha manifestado a este periódico su “agradecimiento” por estos gestos, pero subraya, sin embargo, que su objetivo es que “se derogue el real decreto”.