El TSJ de Baleares ratifica el derribo de un complejo ilegal junto a Es Trenc

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares exige de nuevo y de forma contundente al Ayuntamiento de Campos que derribe, como le ordenó y antes del 15 de mayo de 2013, los trece edificios de Ses Covetes, una urbanización ilegal que se erige en una zona litoral protegida por la ley de costas de 1988. Dos decenas de autos judiciales subrayan la ilegalidad de las construcciones, que representan un atentando urbanístico y paisajístico justo al lado de la playa virgen y área natural de Es Trenc, en el sur de Mallorca.

La urbanización ilegal, cuyas obras quedaron paralizadas por una sentencia de 1995, está en ruinas, y conforma un complejo fantasma en una e las joyas turísticas del litoral de Baleares. El equipo del PP que gobierna en Campos planteó al Tribunal Superior balear la “la imposibilidad” de ejecutar la sentencia de demolición de los 67 apartamentos, piscina y bar restaurante inacabados que albergan los 13 polémicos edificios. Los magistrados advierten al Ayuntamiento que la petición incurre "en fraude de ley o fraude procesal". Los terrenos deben recuperar su estado original, libres de cemento. El coste del derribo, separación y reciclaje de los escombros es de 1,1 millones.

El Tribunal reseña que la postura que defiende el Ayuntamiento de Campos es "milimétricamente" la misma que sostiene en el plano judicial la empresa Marina Ernst, titular del negocio residencial fallido de Ses Covetes vetado por ilegalidad. La compañía inmobiliaria es propiedad de Sebastián Sagreras ‘Peixet’, padre del alcalde del pueblo.

La sociedad que posee la titularidad de las ruinas a demoler reclamó 27 millones de euros de indemnización, pero renunció a la posible reclamación ante el Ayuntamiento. La promotora inicial quebró, y ‘Peixet’ padre compró la obra inacabada para proseguir con el negocio cuando ya era una urbanización ilegal paralizada. El presupuesto del complejo fue de 2,5 millones de euros.

En su pronunciamiento, los jueces razonan que si el consistorio reclama que el tribunal declare que es “imposible legalmente ejecutar la sentencia”, está adoptando una posición institucional que “no es que sea extemporánea, que a todas luces lo es, sino que debe concluirse que el Consistorio realiza esa solicitud al Tribunal en fraude de ley o fraude procesal". Los jueces insisten que "teniendo o no conciencia de burlar la Ley, el Consistorio promueve un incidente legalmente previsto y elude, viola o soslaya la prohibición de promoverlo fuera de plazo y ello con la finalidad de obstaculizar la inmediata ejecución de la sentencia que determina la demolición”.