Terminen con una ley injusta

Centenares de miles de familias españolas se endeudaron para adquirir una vivienda y pagaron a la entidad crediticia durante años hasta que llegó la crisis. Ahora les han arrebatado su casa —aunque nadie viva en ella— y su deuda sigue siendo enorme; en ocasiones, mayor que lo que en su día recibieron por culpa de unos intereses de demora exorbitados. Desde 2008, se han decretado en España entre 350.000 y 400.000 desahucios y el ritmo se ha acelerado en los últimos meses: ahora se sitúa en 500 diarios.

Este drama que ya denunciaron el movimiento 15-M y las asociaciones de afectados por la hipoteca ha llegado, por fin, a los centros de decisión. Hasta la fecha, esos centros de poder se habían conformado con poner paños calientes. Los socialistas elevaron el nivel de inembargabilidad de los deudores de más bajo poder adquisitivo, lo que ha reducido los beneficios a un pequeño porcentaje de ciudadanos en la indigencia, y el Gobierno de Rajoy aprobó en marzo un código de buenas prácticas; una apelación a la sensibilidad de los bancos de la que estos han hecho, prácticamente, caso omiso.

Hace ya casi tres semanas que EL PAÍS dio a conocer el contundente informe que una comisión de siete magistrados elaboró sobre este asunto. La comisión, coordinada por el vocal del Consejo General de Poder Judicial Manuel Almenar, ha denunciado los abusos del sistema español de desahucios, el procedimiento privilegiado de cobro de hipotecas que utiliza la banca y la "comercialización torticera de productos financieros complejos". La modificación legislativa, según esa comisión, es urgente. Las movilizaciones ciudadanas y los suicidios también indican que hay una emergencia social.

Ese informe de los magistrados, el interés de la Defensora del Pueblo, la persistencia de periódicos como este en la denuncia de esta iniquidad, la dura crítica del Tribunal de Luxemburgo a la ley española y el respaldo dado por 46 jueces decanos de toda España al análisis de la comisión Almenar parecen estar logrando, por fin, la reacción adecuada que este terrible problema requiere. El PSOE dejó pasar la oportunidad de resolverlo cuando estaba en el poder y rechazó las propuestas de IU y UPyD cuando ya estaba en la oposición. Ahora ha reconocido el error y ha presentado un proyecto de ley, similar a la de esas formaciones, que este Gobierno debería tomar como hoja de ruta.

Al Ejecutivo de Rajoy hay que reconocerle algunas medidas tomadas en el sector financiero, como el límite a los emolumentos de directivos de entidades intervenidas. Pero también es obra de ese mismo equipo el mayor paquete de ayudas destinado jamás al saneamiento de la banca española y muy especialmente de Caja Madrid, la entidad controlada en las dos últimas décadas desde el PP regional y que dio origen a Bankia.

Parece obvio que en los cálculos del Gobierno no entraba poner coto a esos privilegios legales que permiten a las entidades de crédito despojar de sus bienes pasados, presentes y futuros a cientos de miles de ciudadanos. Así creo que lo demuestra esa primera rueda de prensa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría del 2 de noviembre tras el Consejo de Ministros, cuando pareció preocuparse más de la valoración de la banca española que de los han perdido todo a causa de una ley que data de 1909 y que ha sido denunciada por ser tan injusta.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dicho ahora que es urgente tomar medidas y se ha puesto a trabajar en ello con el PSOE. Es importante, sin embargo, que la urgencia no desvirtúe el sentido de las modificaciones necesarias y que el Gobierno no caiga en la tentación de limitar su acción a socorrer a las víctimas más desprotegidas. No es caridad lo que necesita este problema. Lo que la sociedad española demanda es la abolición de los privilegios de la ley de 1909, establecer un techo claro a los usureros intereses de demora que las entidades aplican, exigir el máximo rigor a las empresas de tasación, desviar parte de las ayudas a los bancos a los afectados por las hipotecas y que la dación en pago no sea una opción remota.

Por cierto, hace casi tres semanas que se conoció el informe de los jueces y el Consejo del Poder Judicial, que fue el que lo encargó, no se ha atrevido a hacerlo suyo. Los vocales que lo rechazaron debieran meditar acerca de si deben seguir ocupando esos asientos representativos en los que están.