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Cospedal impone tasas para tramitar la dependencia

Los usuarios que quieran revisar su situación y las ayudas que reciben tendrán ahora que pagar por ello

El Gobierno de María Dolores de Cospedal ha impuesto en Castilla-La Mancha una serie de tasas que se cobrarán al ciudadano por ciertos trámites del sistema de la dependencia. Por ejemplo, si alguien no está de acuerdo con el grado de dependencia que ha resultado de su valoración y quiere que lo revisen tendrá que pagar 40 euros, algo que hasta ahora era gratis en esta comunidad. Que un dependiente discrepa sobre la ayuda que se le ha concedido (en el llamado programa individual de atención), pues solicita una revisión y paga 15 euros. Esto antes también era gratuito. Pero el Boletín Oficial de Las Cortes ya ha publicado estas tasas, que entran en trámite parlamentario.

Solicitar una revisión de estos trámites no constituye necesariamente un capricho del usuario. Los dependientes, ancianos en su mayoría, no suelen mejorar, más bien al contrario, sus limitaciones van a más con el tiempo. Allá donde antes bastaba con un apoyo familiar puede requerir el internado en un geriátrico, meses más tarde. Empeorar ahora saldrá más caro.

Otra tasa, muy curiosa esta, ha aparecido en Castilla-La Mancha publicada en el Boletín Oficial de Las Cortes: es la que se cobra por emitir un certificado de idoneidad para los familiares que cuidan a un dependiente, 35 euros. Cuando a un usuario se le concede una de estas ayudas se da por hecho —así ocurre en toda España— que los profesionales que se encargan de estos trámites ya han comprobado que el familiar cumple los requisitos para hacerse cargo del dependiente. Otra cosa es que las Administraciones, como es su obligación, no estén inspeccionando debidamente este extremo. ¿Va esta comunidad a imponer otros requisitos para ser cuidadores? ¿Será obligatorio solicitar este informe de idoneidad? Este periódico ha solicitado sin éxito las explicaciones de los responsables en esta área.

Y hay más tasas recogidas: por solicitar la revisión del grado de discapacidad, 30 euros, y 10 más si hay que desplazarse al domicilio porque el discapacitado necesita la ayuda de un tercero.

“El Gobierno de Castilla-La Mancha ya abrió la puerta a ciertos cobros cuando modificó la ley de servicios sociales. Ya anunciábamos entonces que se iba a cobrar hasta por respirar; por servicios y prestaciones que antes eran gratuitos y que incidirán sobre aquellas personas más vulnerables y con más necesidades”, critica la portavoz socialista de Políticas Sociales de la región, Matilde Valentín.