No más repostajes sucios

El Ministerio de Medio Ambiente estudia prohibir el bunkering en el Estrecho, una polémica actividad denunciada desde hace años por los ecologistas en la que gasolineras flotantes gibraltareñas trasvasan combustible barato y que produce vertidos frecuentes. Hasta diciembre pasado, una de las empresas que compraba a esas gasolineras era Petrolífera Ducar, con sede en Ceuta, de la que era presidente Miguel Arias Cañete. Los ecologistas y el PSOE denuncian el conflicto de intereses del ministro de Medio Ambiente, que no quiso comentar su actividad.

Cañete presidió hasta el pasado 22 de diciembre la empresa Ducar, de la que posee 85.349 participaciones, valoradas en 165.120 euros, según su declaración de bienes presentada en el Congreso. A eso hay que sumar las de su esposa y las de su cuñado, Miguel Domecq Solís, que le sustituyó como presidente. Para hablar con la empresa hay que llamar a la sede de Arias y Domecq en Madrid, la empresa de la familia.

Hasta diciembre, Ducar tenía como principal actividad el bunkering. “Ducar compraba a gasolineras flotantes de las aguas que Gibraltar considera suyas y luego lo revendía en Ceuta con un buen margen”, explica Antonio Muñoz, responsable de Ecologistas en Acción-Verdemar, una ONG que lleva años denunciando esa práctica por contaminante. Comprar con garantías a la refinería de Cepsa en Algeciras es más caro que hacerlo a las gasolineras flotantes de Gibraltar, cuenta Muñoz. Ahora, como medida de presión contra Gibraltar, el Gobierno planea designar una Zona de Especial Protección ambiental y prohibir el bunkering.

El Gobierno estudia designar una Zona de Especial Protección en el Estrecho

Un portavoz de Ducar afirma por correo electrónico que en 2011 la empresa trasvasó 52.121 toneladas de gasóleo y 238.681 de fuel, pero añade: “Desde finales del año 2011 dejamos de ejercer la actividad de bunkering concentrándonos en la logística y almacenamiento de productos petrolíferos”. Es decir, al ser nombrado ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete no solo dejó la presidencia sino que la firma asegura que abandonó el bunkering.

Muñoz explica el proceso: “Un petrolero del Báltico trae el combustible a las tres gasolineras flotantes que hay en aguas de Gibraltar. De ahí, barcos de medio tonelaje lo reparten, entre ellos a Ducar”. Verdemar asegura que Ducar compraba principalmente a la empresa gibraltareña de bunkering Vemaoil, cuya gasolinera flotante se llama Vemaspirit. Ya en Ceuta, y mediante gabarras o desde el puerto, Ducar lo vendía a los buques que atraviesan el Estrecho. El buque Vemaoil XXI va aún cada dos semanas a las instalaciones de Ducar, según la Autoridad Portuaria de Ceuta.

Un responsable de Vemaoil no quiso comentar sus negocios con Ducar. “Pregúntele a Cañete”, fue su única e irónica respuesta. El ministro se negó el jueves a contestar a las preguntas de este diario. Un portavoz afirmó que dará las explicaciones en sede parlamentaria.

No tardará demasiado, porque el PSOE ha pedido su comparecencia en el Congreso. Miguel Ángel Heredia, diputado del PSOE por Málaga, explica: “Es uno más de los conflictos de intereses que hay en el Gobierno, que se une a los de Morenés, Guindos. Estaría bien que aclarasen las compatibilidades. Si toda la vida ha estado relacionado con el bunkering no casa mucho que ahora sea ministro de Medio Ambiente y diga que es una actividad contaminante”.

Muñoz añade: “Cañete habla de que va a defender los intereses de los pescadores españoles en Gibraltar, pero él ha sido el primero en beneficiarse y lucrarse con las empresas contaminantes de Gibraltar”. Este ecologista recuerda viajes a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo con Luis de Grandes y otros cargos del PP que le apoyaban contra esta práctica, mientras la realizaba la empresa del luego ministro de Medio Ambiente.

No es la primera vez que Cañete es acusado de conflicto de intereses. El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra afirmó que Medio Ambiente vetó la refinería proyectada en Badajoz por los intereses petroleros del ministro. Cañete replicó airado que Ibarra no tenía ni idea de derecho y que la resolución negativa la había firmado el secretario de Estado, no él.