Que vote la diáspora vasca

—“Quería agradecerle a usted y a todos lo que han hecho”.

—“No tiene usted nada que agradecer”, respondió levantándose con dificultad.

—“No les va a resultar fácil seguir viviendo ahora aquí”, continuó el industrial.

—“Nunca es fácil seguir viviendo, si es por eso”.

Aunque ficticio, este diálogo extraído de la novela Ojos que no ven, de José Ángel González Sainz, ilustra bien la soterrada presión ambiental que ha complementado eficazmente a lo largo de estas décadas el martilleo no solo del asesinato y la bomba, sino también de la acusación insidiosa y la amenaza expresa.

“Su actitud de militante español nos obliga a conminarle a que abandone Euskal Herria. Aténgase a las consecuencias usted y su familia. ETA”. El catedrático de Derecho Internacional Carlos Fernández de Casadevante recibió esta misiva nada ficticia en su despacho de la facultad de Derecho de San Sebastián poco después de que en el campus universitario aparecieran pasquines en los que se incitaba a los alumnos a agredirle a él y a otros dos profesores “españoles”. A eso, siguió la pintada “Casadevante carcelero” envuelta en una diana y, más tarde, un paquete explosivo con cables sueltos del que se ocupó la Ertzaintza. Al catedrático donostiarra, padre de cinco hijos, le pareció suficiente aviso y ahora da clases en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su delito fue marcar en la pizarra del aula el número de días que los secuestrados llevaban confinados en sus agujeros.

La limpieza ideológica practicada por ETA y el nacionalismo sectario ha tenido su correlato en la depuración del censo electoral vasco. Miles, decenas de miles, de personas abandonaron Euskadi en un goteo silencioso y persistente, casi siempre con el corazón encogido, la tristeza en el alma y la angustia de tener que volver a empezar fuera de su tierra. Lo desconcertante es que pese a los desgarros y quebrantos en las trayectorias vitales de tanta gente y al enorme costurón abierto en el tejido social vasco, esta haya sido una marcha prácticamente invisible para la oficialidad nacionalista. De hecho, la única diáspora de la que se ha tenido noticia institucional en Euskadi es la que reúne en los centros vascos del extranjero (187, casi todos en América) a descendientes de antiguos emigrantes económicos y políticos. Solo ahora que surgen propuestas para ayudar al retorno de los desplazados y posibilitar que puedan reintegrarse en el censo electoral vasco sin abandonar sus actuales lugares de residencia, empieza a contornearse, y en medio de una fuerte polémica, la verdadera dimensión del fenómeno.

“Queremos que se nos trate igual que a los vascos o descendientes de los vascos de América”, reclaman públicamente algunos de los expulsados. ¿Se les puede negar votar en su tierra cuando a los hijos y nietos de los que emigraron a América hace 80, 100 o 130 años se les ha otorgado ese derecho? La Euskadi nacionalista tendió sus redes en ultramar con subvenciones a la promoción del folclore, el euskera y el mantenimiento de los propios centros vascos”, mientras se mantenía ajena al éxodo de la Euskadi real, la de los vascos perseguidos realmente existentes. Nadie sabe cuántas personas acosadas y exiliadas en su propia tierra huyeron para preservar sus vidas o como desenlace de un proceso de desafección progresiva, de ahogamiento por el clima político y social irrespirable. Es el caso de Antxon Urrestarazu, de 57 años, arquitecto técnico en el Ayuntamiento de Puerto de Santa María (Cádiz) y de Arantxa González, de 54, funcionaria del Servicio Andaluz de Salud. “Nunca pude acostumbrarme a la falta de libertad. Un día, ves cómo cuatro tipos cierran sin oposición alguna todos los puestos del mercado de Zarautz y comprendes que estas experiencias de sometimiento colectivo son acumulativas y contagiosas y que no quieres que tu hijo crezca en una sociedad así. Nos echamos la manta a la cabeza y pusimos 1.200 kilómetros de por medio. ¿Poder votar allí? Ya no me siento parte política de esa comunidad”, afirma Urrestarazu.

Se llegó a hablar de 300.000 huidos, pero se calculan 40.000

Las cifras barajadas sobre el número de huidos van desde las 300.000 del PP vasco a las 100.000 del actual Ejecutivo autonómico del PSE, pasando por las 200.000 del Foro Ermua. “Son cifras hinchadas. Parten del dato de que el censo electoral vasco contaría hoy con 228.000 electores más si entre los años 1979 y 2011 hubiera crecido al mismo ritmo que el resto de España. El error está en atribuir todas las salidas a la amenaza terrorista y no considerar también factores como la bajísima tasa de natalidad de Euskadi, la crisis industrial y la jubilación de retorno de trabajadores que vuelven a sus pueblos de origen”, explica el sociólogo Josu Mezo, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entre 1980 y 2000, el saldo migratorio neto de Euskadi fue negativo en 157.417 personas, el 7,2% de la población. La mayoría de esa emigración se produjo en los ochenta, década en la que confluyen la máxima actividad terrorista y las grandes reconversiones industriales.

A falta de datos fiables, la referencia básica siguen siendo los familiares directos de los cientos de asesinados y heridos en el País Vasco sumados a una población de riesgo conformada potencialmente por los policías, los militantes políticos no nacionalistas, los jueces y fiscales, empresarios y profesionales chantajeados económicamente, miembros de los colectivos ciudadanos, intelectuales, profesores y periodistas comprometidos en la resistencia contra ETA. Según las estimaciones más comúnmente aceptadas, los integrantes de ese colectivo en el que el terrorismo ha hecho su saca intimidatoria rondarían las 40.000 personas. Solo una cuarta parte de ellas habría sufrido un ataque personal, un episodio forzosamente traumático, pero no hay cifra segura sobre el número de desplazados. A la búsqueda de un abrigo residencial más seguro, cerca de 800 ertzainas, el 10% de la plantilla, se han establecido fuera de los límites geográficos de Euskadi, preferentemente en Castro Urdiales (Cantabria), Miranda de Ebro, (Castilla y León) Logroño (La Rioja) o Hendaya (Francia), según la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite).

Hace 12 años, Javier Varela puso mucha más tierra de por medio. “Aparecieron carteles en Usúrbil (Gipuzkoa) denunciando que un ertzaina residente en el pueblo había pegado a una insumisa. Hice mis averiguaciones y resultó que se referían a un agente casado con una gallega, que es, precisamente, mi caso. Me asusté, claro, y fui a hablar con el responsable del grupo de insumisos del pueblo. Me dijo que ya no dirigía el grupo, porque lo había cogido Jarrai (las juventudes de Batasuna), pero que, efectivamente, creían que yo había pegado a una insumisa en un follón habido ante el juzgado de San Sebastián. Fui a ver al alcalde, de Batasuna, para que les convenciera de que yo no había tenido nada que ver y también él me aseguró que no controlaba a la gente, aunque ante mi insistencia se comprometió a mirar el tema. Una semana más tarde, me informó que reconocían que no había participado en lo del juzgado pero que no retirarían los carteles hasta que yo les dijera quién había sido. No lo hice, claro, y una madrugada atacaron mi casa con cócteles y piedras. Fue terrible, estuve sorteando la lluvia de cristales mientras buscaba mi pistola. Encerramos a las niñas en el baño para protegerlas, pero aquello duró una eternidad porque a mis compañeros les bloquearon el paso con barricadas. Volvieron a atacar la casa mientras ponía la denuncia. A los días, tuve que coger la baja y después de un año empastillados y con crisis de pánico y ansiedad nos largamos, huimos”.

Dice que de los 13 ertzainas que vivían en el pueblo solo se quedó uno, que a un agente le quemaron el caserío, a otro el coche y que una compañera abortó seguramente a causa de la tensión provocada por el acoso. Batasuna-Bildu ha ido ganando votos en Usúrbil hasta hacerse con la mayoría absoluta en un Ayuntamiento en el que el PSE cuenta con el único concejal no nacionalista. En ninguna latitud conocida abundan los voluntarios a formar parte del grupo de los estigmatizados, perseguidos, sobre todo cuando se establece la raya divisora deslegitimadora sabiniana-arzalluzista de “los de casa” y “los de fuera” y los victimarios que detentan el supremo poder de arrebatar la vida disponen de un entramado político que les jalea como héroes y mártires del pueblo. Refugiarse en el discurso de los agresores para ponerse a cubierto de los peligros de vivir a la intemperie resulta entonces una tentación muy grande.

Los socialistas quieren endurecer las condiciones de arraigo y amenaza

“Es evidente que en mayor o menor medida el censo electoral vasco ha sido depurado durante estos años por la violencia de ETA. Los juristas hemos partido de que la reforma se justificaría con que hubiera una sola persona a la que el terrorismo ha conculcado su derecho al sufragio. Se trata de reparar en lo posible ese derecho y de darle un encaje constitucional. Por supuesto, no se podrá votar en dos sitios”, subraya Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional. “Cuantitativamente, la reforma no va a ser relevante. No esperamos que miles de desplazados se reintegren en el censo vasco”, reitera Ángel Sánchez Navarro, subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y hombre que ha coordinado los trabajos de los 21 juristas que por encargo del Gobierno han elaborado la propuesta de reforma electoral.

“Tenía 21 años cuando ETA nos expulsó de nuestra tierra. Éramos siete de familia, siete votos. Seguramente, me apuntaré a votar allí, pero no creo que mucha gente lo haga porque temen que los de Bildu se enteren de sus actuales direcciones”, apunta María Jesús Lejarreta, hija del expresidente de la Diputación de Álava Manuel María Lejarreta, que se negó a pagar a los terroristas. “Las direcciones actuales de los desplazados por ETA no tendrían por qué hacerse públicas, ya que lo previsto es que la Junta Electoral les remita un voto por correo de oficio”, aclara Javier Tajadura. A su juicio, lo ideal sería que la reforma se estrenara en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, ya que al ser una circunscripción nacional única “no tendría efectos prácticos y ayudaría a disolver recelos”.

Esos recelos existen. Los nacionalistas opinan al unísono que la reforma del régimen electoral abriría la puerta al “pucherazo españolista”, ya que permitiría votar a los policías, militares y al resto de funcionarios del Estado que estuvieron empadronados en Euskadi durante cinco años consecutivos simplemente con que declararan por escrito haber abandonado este destino a causa de la amenaza terrorista. Es lo que Arnaldo Otegi ha expresado en un ejercicio oratorio demostrativo de que la desmilitarización tampoco les ha llegado al lenguaje: “Van a poder votar los txakurras [perros en euskera, referido a los policías] y sus putas familias”. El nacionalismo teme que, a través de la nueva ventana legal, los funcionarios del Estado que pasaron por Euskadi ejerzan de forma masiva “un voto de venganza”, dicen.

La furiosa polémica podría resultar una tormenta en un vaso de agua si, como se prevé, el Gobierno se procura un amplio consenso antes de llevar la propuesta al Parlamento. El PSOE, cuyo concurso resulta ineludible, es partidario de endurecer los requisitos de arraigo y de amenaza expresa terrorista, con lo que la práctica totalidad de los funcionarios del Estado destinados temporalmente en Euskadi y Navarra quedarían fuera de la reforma. “Habría que acreditar arraigo más allá de los cinco años de empadronamiento y que una autoridad arbitral ratificara que efectivamente esa persona estuvo sometida a la presión terrorista. La mera manifestación personal de voluntad no debería bastar”, subraya el exministro de la Presidencia Ramón Jáuregui. Como representante socialista en la Ponencia de la Comisión Constitucional, Jáuregui espera que la propuesta sea reformada y consensuada en esa estancia parlamentaria y no solo con su partido. “La reforma no puede ser una cosa del PP y PSOE contra los nacionalistas; no hay que dejar margen de duda sobre la credibilidad de nuestro sistema electoral”, subraya.

El emigrante al extranjero puede votar, pero no el que está en España

“Votar es la última de las prioridades de los desterrados. Lo que quieren es disponer de ayudas para volver a Euskadi, sobre todo pensando en sus hijos. Más de la mitad de esos chicos están mal de la cabeza por lo que les ha pasado a sus familias y porque en el caso de los ertzainas, por ejemplo, han tenido que mentir sobre sus padres”, opina Joseba Markaida, concejal socialista de Getxo (Bizkaia), presidente de Zaitu, asociación formada por algunos de los huidos, y víctima él mismo del acoso etarra. PSE y PNV ponen estos días el acento en facilitar el regreso de los exiliados con medidas que no contemplan las ayudas en metálico ni puestos de trabajo, pero sí atención psicológica, becas de educación, exenciones de tasas y también, en función de las capacidades económicas y en casos excepcionales, opciones preferentes para viviendas de VPO y la renta de garantía de ingresos. “A los que nos dicen que lo que deberíamos hacer es volver hay que responderles que no somos trashumantes, que no es fácil cambiar de trabajo, de ciudad, de vida y que, además, cómo vamos a regresar al lugar en el que nos victimizaron cuando lo gobierna Bildu. Es trágico que hayan conseguido este gran botín”, señala Carlos Fernández de Casadevante.

La denuncia del “pucherazo electoral españolista” viene, a menudo, de la mano de otra más sofisticada que contrapone la actitud de los que resistieron y se quedaron con la de los que desistieron y se fueron. Es una manera sutil de cuestionar el peso de la amenaza y el fundamento de la huida y de ignorar que hubo gente que no pudo irse y gente que no pudo quedarse, además de que el miedo y el escarnio hacen más estragos en unas personas que en otras. Lleguen o no a votar en las elecciones vascas, los desterrados por ETA en este infame periodo de la historia vasca no encontrarán reparación completa del daño sufrido, ni manera de enderezar las quebradas trayectorias de sus vidas. A lo que les gustaría aspirar, y seguramente es pedir lo imposible, es a dejar de ser considerados invisibles para la sociedad nacionalista, molestos fantasmas de los que no conviene hablar ante las visitas, no vayan a interpelarnos sobre nuestro comportamiento pasado. Se trataría de romper con la sentencia “ojos que no ven, corazón que no siente” de este vergonzoso tiempo de la diáspora silenciosa.