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La burocracia da una tregua sanitaria a los inmigrantes sin papeles

Las comunidades no pueden retirarles de momento las tarjetas sanitarias porque no recibieron los datos de la Seguridad Social hasta el sábado por la tarde

Inmigrantes en un centro de salud de Madrid.
Inmigrantes en un centro de salud de Madrid.

La burocracia de la Administración ha dado un temporal balón de oxígeno a los inmigrantes en situación irregular. En teoría, el sábado, primero de mes, debían haber quedado inactivadas sus tarjetas sanitarias, pero las consejerías no recibieron los pertinentes datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) hasta el mismo día 1 por la tarde, según han afirmado portavoces de Canarias y Valencia. También Cantabria ha confirmado que está haciendo el correspondiente cruce de datos. Porque la inscripción —o no— en la Seguridad Social es el primer requisito para que estas personas sigan teniendo derecho a la atención sanitaria como hasta ahora, pero no es el único.

No es la primera vez que este tipo de problemas afectan a una de las medidas de recorte. Cuando se implantó la modificación del copago farmacéutico, Cataluña lo retrasó un mes alegando el mismo tipo de inconveniente.

El Ministerio de Sanidad justifica el retraso en que “los datos no se podían mandar antes porque había que cerrarlos”, así que enviarlos el 1 era la única forma de registrar todas las variaciones hasta el 31 de agosto. “Antes, todos tenían derecho a la tarjeta sanitaria” con solo estar empadronados. “A todas las comunidades se les enviaron entre el viernes y el sábado”, afirma una portavoz. Lo que sucede es que el paso de recibir los datos de la Seguridad es solo el primero. “Con ellos, las comunidades tienen que ver a quién le mantienen la tarjeta, y eso es más complicado que simplemente borrar a los que no estén”, añade Sanidad.

El problema afecta por igual a las comunidades que pensaban aplicar, con salvedades, el real decreto ley de abril (y la posterior orden de agosto que lo desarrolla) como a las que no. Un ejemplo de ello es la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, y las medidas tomadas en la autonomía para hacer frente a esta situación. La Consejería de Sanidad remitió el viernes pasado, un día antes de la entrada en vigor de la medida, una circular a los centros sanitarios con la indicación de que mantuvieran la validez de la tarjeta sanitaria y el médico asignado a los pacientes que perdieran la cobertura a partir del 31 de agosto en virtud del real decreto 16/2012. Entre ellos se encuentran los 30.000 inmigrantes en situación irregular que la Generalitat calcula que residen en la Comunidad Valenciana. El motivo de esta iniciativa “de carácter transitorio” —Sanidad no ha aclarado el plazo de esta interinidad— responde a que la consejería, según indicaba en el escrito, estaba “a la espera de un fichero de asegurados que nos tiene que venir del Sistema Nacional de Salud a las autonomías que permitirán depurar las bases de datos”.

Hasta que se finalice con el cribado de datos, las personas que gozaban de cobertura sanitaria completa, “y en espera de que el sistema nacional de salud-Instituto Nacional de la Seguridad Social especifique la nueva condición de asegurado o beneficiario o si han perdido dicha condición”, se adscribirán a una nueva modalidad transitoria de asegurado. Su denominación será la de “pendiente de reconocer aseguramiento” y sus beneficiarios contarán con un régimen de aportación en los fármacos del 40% del precio.

Fuentes de la Consejería de Sanidad valenciana comentan que, dado que los datos no llegaron hasta el sábado, a fecha de ayer se estaba actualizando toda la información recibida y que este proceso se desarrollará “de forma paulatina”. “Las modalidades [de aseguramiento] que se han creado de forma transitoria son solo para aquellos [pacientes] que no nos consta su situación mientras se está procediendo al volcado de datos del INSS”, añadieron desde el departamento de salud valenciano.

Cataluña ya tuvo problemas para implantar el copago farmacéutico

Estas indicaciones a los médicos son las penúltimas que se han trasladado por parte de la Consejería de Sanidad a los médicos valencianos, que durante los pasados dos meses ha mantenido un discurso confuso y contradictorio con respecto a la atención de los inmigrantes sin papeles.

Tras el documento en el que se creaba la modalidad temporal de aseguramiento destinada a cubrir la atención a sin papeles, que se remitió pasadas las 14.30 del viernes, la número dos de la consejería valenciana, Nela García, envió otra nota a los centros de salud seis horas más tarde. En ella, dejaba sin efecto la advertencia que había lanzado días antes en las que advirtió a los médicos objetores —que manifestaron su intención de seguir atendiendo a los inmigrantes— de que deberían pasar consulta a las personas en situación irregular fuera del horario laboral. “A un profesional sanitario nunca se le va a exigir que niegue la atención a un paciente”, explicaba en este escrito. “Todas las personas que demanden asistencia deberán ser atendidas, lo único que sufre variaciones es la procedencia del pago”.

Este es el discurso oficial del ministerio y del PP: que no se restringe la atención, sino que cambia quién la paga. Pero en ese discurso obvian que para ser atendido el paciente debe poder pedir cita, y que sin el número que figura en tarjeta eso es imposible salvo que cuente con la complicidad del médico y, casi más importante, de los funcionarios que administran el sistema de citas. Y aun si llegara a la consulta de primaria, el facultativo no tiene forma de mandarle las pruebas que considere necesarias (análisis, radiografías) y, mucho menos, a un especialista o a programar una hospitalización.

Sanidad espera que la situación se solucione esta semana

Y si Valencia no ha conseguido poner en marcha el decreto (algo que va a hacer de manera suavizada, según ha admitido el consejero, Luis Rosado), en el bando de las comunidades que buscan cómo seguir dando atención a los sin papeles el retraso es una ayuda. Una portavoz de la Consejería de Salud de Canarias ha declarado que la llegada tarde de los datos de la Seguridad Social ha impedido hacer “el depurado posterior de datos”. “Y eso al margen de que estemos buscando el sistema para atender a todos”, añadió.

Por su parte, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales y vicepresidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, también ha admitido que en su comunidad no se había podido dar de baja las tarjetas de los sin papeles, pero dijo que el proceso estaría completo “a lo largo de la semana”.

Sáenz de Buruaga participaba en un acto en la Universidad Menéndez Pelayo con la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas. Esta ha aprovechado para afirmar que el decreto de medidas de ajuste recoge las condiciones que “nos exigen a los españoles cuando vamos fuera”, pero “de forma más generosa”.

Los que quedan fuera

Si para algo ha servido el vuelco en el sistema de acceso a la sanidad pública, ha sido para hacer limpieza en las bases de datos de los sistemas de tarjetas sanitarias autonómicos. La última es la que se va a producir cuando las comunidades las actualicen para descartar a los inmigrantes en situación irregular. Son las 910.000 que debían haber sido desactivadas el pasado sábado, 1 de septiembre, según declaró la ministra de Sanidad, Ana Mato, pero que por cuestiones de burocracia aún no lo han sido.

De estas, la mayoría, unas 500.000 corresponden a extranjeros que tuvieron el documento en algún momento, pero que ya no residen en España. Aquí podrían entrar los que vinieron a recibir algún tratamiento, el auténtico turismo sanitario. Del resto, unas 130.000 correspondería a comunitarios. Quedan, por tanto, unos 280.000 que son específicamente extranjeros sin papeles.

Pero esta última cifra no distingue por nacionalidades ni causa, y engloba tanto a los sin papeles entendidos como inmigrantes en situación irregular, y turistas o extranjeros que “pasan aquí unos meses”, indica una portavoz del Ministerio de Sanidad. Dentro de estos 280.000 entrarían los 150.000 no comunitarios que este periódico calculó como la cifra más aproximada de los sin papeles. Un dato que el ministerio no confirma, y que su director de Farmacia, Agustín Rivero, usa.