Los médicos de familia proponen un paquete básico de atención a sin papeles

A punto de consumarse la exclusión de los inmigrantes sin papeles del sistema sanitario –pendiente de las excepciones que cada comunidad establezca-, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ha hecho una propuesta a mitad de camino entre los planes del ministerio y la completa equiparación: un paquete de servicios básicos con los que, considera, la mayoría de las necesidades de estas personas –unas 150.000 según cálculos de este periódico, sin contar los comunitarios- quedarían cubiertas.

Se trataría de “servicios que integrarían la atención primaria, la salud pública y la prevención, la asistencia urgente, atención a la discapacidad y la prescripción de medicamentos esenciales de la OMS (Organización Mundial de la Salud)”. “Así estaríamos en condiciones de resolver la mayoría de problemas de salud que padecen”, asegura Josep Basora, presidente de Semfyc.

La idea que subyace es que, en general, los inmigrantes son personas con un mejor estado de salud que la población en su conjunto. Por eso este paquete de servicios, junto a los ya previstos en la orden que desarrolla el real decreto de recortes (la atención en urgencias, embarazos e infancia), cubrirían casi toda la demanda. Más aún si se incorpora la atención a crónicos que anunció ayer la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Con esta especie de propuesta de compromiso, la Semfyc busca una salida temporal. Porque su propuesta final es que “es imprescindible que el Gobierno de marcha atrás en la aplicación de una norma que vulnera gravemente los principios éticos de beneficencia, justicia y no maleficencia”.

De hecho, esta sociedad ha sido la promotora de la mayor campaña de desobediencia civil ante el recorte de derechos. Según sus últimos cálculos, ya se han apuntado más de 1.650 profesionales. La mayoría son médicos de familia (el 72%), pero también hay otros sanitarios como psiquiatras (3%), internistas (3%), personal de enfermería (4%) o pediatras (2%).

La otra gran asociación de médicos de familia, Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), también se ha manifestado contra la medida. Es "una medida que considera discriminatoria e ineficaz, que sitúa a los médicos ante a una difícil situación ética y profesional con graves consecuencias para la salud tanto de las personas afectadas como de la población en general", afirma la Semergen en un comunicado.

En cambio, sobre la objeción de conciencia, la sociedad opina que "el real decreto constituye una norma de obligado cumplimiento". "En caso de no ser respetada por los profesionales sanitarios, éstos podrían incurrir en responsabilidades disciplinarias graves o muy graves. En este sentido, la aplicación literal del real decreto no implica la comisión de un delito de omisión de deber de socorro, pues el mismo se limita a situaciones de urgencia con riesgo grave para la salud de las personas", añade.