Calidad educativa y autonomía de centros (¿hablamos de lo mismo?)

Estoy preocupado, no lo puedo remediar. Cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dio por comenzado el proceso de tramitación del anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, me alegré pensando que estábamos ante la oportunidad de dar un salto cualitativo en la mejora de la educación en España.

Sin embargo, tras la lectura de las propuestas que se incluían en el citado anteproyecto de ley, primero, y del “resumen” de las aportaciones realizadas por los ciudadanos a través de la dirección de correo electrónico creada al efecto, después, mi estado de ánimo cambió. El Ministerio de Educación y yo compartimos el uso de expresiones como "calidad educativa" y "autonomía de los centros docentes", pero no con el mismo significado. Veamos.

Lo que parece proponerse es un cambio radical de modelo a partir de una de las propuestas que se formulan: “La calidad educativa debe medirse en función del "output" (resultados de los estudiantes), no del "input" (inversión, nº profesores/unidades)”. A partir de esta propuesta, las estadísticas con los resultados de las evaluaciones nacionales externas, como la prueba PISA, pasan a convertirse en las grandes protagonistas del anteproyecto de ley (las referencias a dicha prueba son constantes). La mejora de los resultados estadísticos se convierte en el gran objetivo del sistema y no en un buen instrumento para contribuir a su mejora.

Así, las mencionadas referencias a la prueba PISA son utilizadas, primero para detectar las debilidades del sistema (hasta en tres de las cinco que se citan se hace mención de la comparación de los resultados obtenidos por nuestros alumnos con los de otros países), y después para plantear su mejora como objetivo general explícito, y no solo para la generalidad de nuestros alumnos, sino también, y de forma específica y diferenciada, la de los alumnos excelentes.

Por otra parte, las referencias a la prueba PISA parecen contribuir también a la inclusión entre los objetivos generales del objetivo: “aumentar la autonomía de los centros educativos”, ya que en el Informe PISA 2009 se recoge que la autonomía de los centros españoles es inferior a los promedios de la OCDE y esta organización señala que una mayor autonomía se corresponde con mejores resultados educativos.

Bueno, pensé, sea como fuere, de entrada parece haber una decisión clara de incrementar la autonomía de los centros docentes. ¡Por fin! Tras más de cinco años abordando la Autonomía de los centros y el liderazgo escolar en los distintos foros que hemos promovido o en los que hemos participado las Asociaciones y Federaciones de directores de centros públicos de las que formo parte, ¡ya lo tenemos!

Pero mi gozo en un pozo. Al entrar en el detalle del objetivo: “aumentar la autonomía de los centros educativos”, resulta que hay una propuesta y una medida para alcanzar dicho objetivo que no es que no comparta, es que se podría llegar a decir que las posiciones que sostenemos son radicalmente contrarias, sin contar además que podría estarse produciendo una contradicción flagrante entre los aspectos mencionados y los principios que se proponen en el propio anteproyecto.

Y este desencuentro no es otro que la posible especialización de centros educativos sostenidos con fondos públicos y el desarrollo de lo que el anteproyecto de ley denomina acciones de calidad que no se precisa suficientemente y que abren la puerta a la creación de centros de élite y de guetos, es decir, a fracturar el sistema educativo en dos subsistemas. Para entender lo que esto puede significar, bastaría con que los menos entrados en años pregunten a los mayores como era la enseñanza cuando el Bachillerato y la Formación Profesional se impartían en centros distintos.

Y todo esto, ¿para mejorar qué?, ¿los resultados de la prueba PISA? Pues tengo que confesar que así dudo que se consiga, salvo que se hagan trampas y seleccionemos discrecionalmente a los alumnos que van a participar en dicha prueba. La calidad educativa es algo más que lo que podemos deducir de los resultados de una prueba por muy bien que esté diseñada y la posible especialización de determinados centros educativos y la aplicación de acciones de calidad no pueden ser en ningún caso el único impedimento para acceder a un centro sostenido con fondos públicos.

Cualquiera de estas actuaciones debe ser, en principio, extensible a todos los centros para que cada alumno, como recogen los principios incluidos en este anteproyecto, esté en el centro que esté, disponga de la igualdad de oportunidades que le permita acceder a una educación de calidad hasta el final de la etapa obligatoria y el sistema educativo le ofrezca las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones e ingresar con éxito en el mercado de trabajo.

Eso sí, como curiosidad, en el Informe PISA 2009 también se hace referencia a la equidad de los sistemas educativos, y en ese apartado el sistema educativo español obtiene buenos resultados, aunque no aparezca siquiera entre las fortalezas del sistema.

En lo que al propio proceso colectivo de toma de decisiones atañe, seguramente compartirán conmigo que lo más razonable es solicitar información y contrastarla, con la ayuda, si es posible, de los especialistas que tengamos más a mano. La probabilidad de éxito de este proceso, en el que los españoles nos jugamos mucho, será sin duda mucho mayor si finalmente obramos razonablemente y no siguiendo impulsos o sentimientos derivados de la “pertenencia a” o “simpatía por” determinados “grupos”.

En este sentido, parece lógico considerar que en la redacción de las propuestas del citado anteproyecto de ley, se debería haber producido la participación, como reconocidos expertos en la organización y funcionamiento de los centros, de las direcciones de los centros educativos a través de las asociaciones y federaciones que les representan. En cambio, parece poco útil que las propuestas enviadas a través de los cientos de correos que se afirma se han recibido, se resuman en un breve documento y de carácter global.

En cualquier caso, la educación es un tema de Estado que nos afecta a todos y nos obliga, especialmente a los que tenemos un mayor protagonismo y responsabilidad en este ámbito, a hacer los esfuerzos precisos para alcanzar un acuerdo duradero que dé estabilidad al sistema educativo español.

Iñaki López es catedrático de Matemáticas de educación secundaria, ha sido director de instituto durante 17 años y es miembro de la junta directiva de FEDADI