Facua mantiene la campaña contra los recortes pese a la amenaza del Gobierno

“Facua no se va a callar ni dejará de luchar contra los abusos. Vengan de donde vengan”. Así ha manifestado Olga Ruiz, secretaria general de la organización de consumidores, su intención de continuar con las campañas contra los recortes en educación y sanidad, así como la subida del IVA. El Ministerio de Sanidad dio un plazo de 15 días, que expira hoy, para la retirada de los mensajes críticos con las políticas del Gobierno de la página web de la Federación de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua) cuyo incumplimiento conllevaría la “pérdida de la condición de asociación de consumidores y usuarios” y su exclusión del registro estatal como tal, según indicaba en una carta. Esto significaría dejar de recibir subvenciones estatales, que en 2011 ascendieron a 290.000 euros.

Arropado por medio centenar de representantes políticos, sindicales, del cine y el periodismo, Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ha presentado hoy en Madrid el manifiesto Contra la ilegalización de Facua, por la libertad de expresión. Sánchez ha calificado el requerimiento del ministerio que dirige Ana Mato de “atentado contra la democracia” y “chantaje”. En el texto se indica que “por primera vez en la historia de la democracia española, un Gobierno pretende imponer la censura previa a una organización ciudadana” y pide que no se consumen “las amenazas” de ilegalización.

Sanidad, ministerio del que depende el Instituto Nacional de Consumo que ha amenazado a Facua con su expulsión del Registro Estatal de Organizaciones de Consumidores, no ha confirmado la fecha en que se iniciarán los trámites de dicha exclusión. Pero Sánchez ya ha anunciado que cuando eso suceda –“Podría ser hoy, mañana o dentro de un mes”, ha dicho- acudirán a la justicia nacional y europea al considerar que se está menoscabando su derecho a la libertad de expresión. Si a finales de año Facua no está reconocida como defensora de los derechos de los consumidores no recibirá la subvención correspondiente a 2012. Sánchez ha afirmado que en ese caso seguirán existiendo como asociación y funcionarán gracias a los 614.000 euros anuales que recaudan de las cuotas de sus cerca de 100.000 socios.

“No nos arrodillamos ante empresas ni ningún Gobierno”, ha dicho. “Si una ley dijera que no podemos criticar al Gobierno estaríamos en una dictadura”, ha añadido. Fuentes ministeriales explican, sin embargo, que las campañas “sobrepasan” las funciones de una organización de consumidores recogidas en la ley, motivo por el que se le retiraría tal reconocimiento. Para Facua no se da dicha extralimitación. “Nuestro fin, y único objetivo, es la defensa de los consumidores y usuarios, pero lo que es incuestionable es que ninguna ley puede recortarnos nuestro derecho a la libertad de expresión, como tampoco a la libertad de crítica ni la libertad de información”, alegan en un texto enviado al Instituto Nacional de Consumo el pasado día 20 de agosto en el que fundamentan la legalidad de sus acciones y que desde Facua aseguran que no ha tenido respuesta.