¿Delación u obligación?

Una aplicación de teléfono móvil ha abierto la caja de Pandora. Con ella, quienes usan la red de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) pueden denunciar anónimamente varios comportamientos incívicos en el tren. Desde poner los pies en el asiento, ensuciar las instalaciones, viajar sin billete, no ceder los lugares reservados o incluso pedir limosna o llevar la música alta. FGC, creadores del sistema pionero en España (no tienen constancia de que exista algo similar en Europa), defienden que solo quieren mejorar la convivencia, que avisar no es denunciar, y que antes de sancionar a los infractores (con hasta 300 euros) se les advierte por megafonía.

Pero eso no ha acallado a los críticos, que consideran que llueve sobre mojado. En el último año, la Administración catalana ha alentado varias veces al chivatazo. Desde la página web de los Mossos d’Esquadra para identificar a los vándalos que destrozaron el centro de Barcelona en la huelga general del 29-M, al llamamiento del consejero de Interior, Felip Puig (CiU), para que se fotografíe a aquel que tire colillas por la ventana tras el grave incendio del Alt Empordà, que quemó más de 13.000 hectáreas. “Sean nuestros ojos”, dijo el comisario de la policía catalana Joan Miquel Capell, dirigiéndose a la ciudadanía, ante el aumento de robos en pisos el año pasado.

También en Cataluña, el Departamento de Enseñanza envió días atrás una circular a los centros educativos que permite que los padres que sospechen de la preinscripción escolar de una familia puedan solicitar su nombre, apellidos y dirección para comprobar y denunciar el caso con fundamento.

¿Se trata de deriva orwelliana, como denunció Miquel Rubio, creador de una plataforma en contra de la aplicación de FGC? ¿Caminamos hacia una sociedad de chivatos? ¿O es que nos falta tradición cívica para recriminar al otro cuando no se comporta conforme a las normas que todos hemos pactado?

"Denunciar a quien defrauda al fisco a es indiscutible", afirma un catedrático

“La desconfianza y la sospecha son letales para la comunidad civil, para las relaciones de convivencia”, sostiene el sociólogo Enrique Gil Calvo, de la Universidad Complutense de Madrid. A su entender, “no hay posible convivencia cívica sin relaciones de confianza”. “Como te sientes perseguido, persigues, y al final acabas en el manicomio colectivo”, añade. Una opinión que comparte Julián Ríos, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas. “Instalarnos en la eterna sospecha da al traste con la confianza, y eso es muy peligroso”, explica.

Los promotores de iniciativas de este estilo niegan tajantemente que ese sea su objetivo. “Cuando alguien está haciendo un atentado que puede costar vidas, quemando y destrozando nuestro territorio, parece mentira que no nos podamos plantear como normal que las personas avisen”, manifestó el jueves Puig ante la polémica.

Igual que él, Ana Botella (PP), en su etapa como concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid, recibió duras críticas al animar a delatar a los grafiteros que ensuciaban la Villa de Vallecas en 2009. También polémicas fueron las declaraciones de la exministra de Sanidad Leire Pajín (PSOE) cuando pidió que se denunciase a quienes incumpliesen la ley antitabaco.

Los expertos consultados consideran justificado el chivatazo, pero solo en determinados casos. “Si ves a alguien tirando una colilla, se trata de un deber cívico de otra magnitud, ya no estamos hablando de la convivencia”, indica María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, que insiste en que es un terreno delicado. “El deber de denunciar a quien arroja una colilla en carretera, se salta un stop al volante o defrauda al fisco me parece indiscutible”, coincide Mariano Fernández, catedrático en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. “Denunciar a los que mendigan en un tren sería cruel e insolidario”, añade.

Pajín o Botella también fueron acusadas de alentar los soplos

En la actualidad, es más que posible empujar al vecino a los tribunales. “Una persona puede dar conocimiento de un hecho denunciándolo a las autoridades, sin convertirse necesariamente en parte acusadora”, detalla el letrado Marc Molins, presidente de la sección de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Barcelona. “Esos mecanismos deberían ser suficientes”, defiende Gemma Galdón, investigadora y experta en seguridad de la Universitat Oberta de Catalunya.

Pero en ambos casos, quien denuncia lo hace facilitando sus datos. Más dudas generan las acusaciones anónimas, como sería el caso de la aplicación de FGC, donde quien avisa de la infracción no da su identidad.

“En nuestro derecho está conceptualmente mal vista la denuncia anónima. Nuestro sistema no es inquisitorial, y defiende que la persona pueda defenderse de quien le inculpa. Incluso en los casos de los testigos protegidos, el abogado del acusado puede verle la cara”, plantea la letrada Paloma Llaneza. Pero a pesar de eso existen lo que Molins define como “formas amorfas” de denuncias anónimas que suelen llegar a las dependencias judiciales y que se investigan ante la duda de que sea real lo que relatan.

"Se busca excitar la maquinaria judicial y policial", critica un abogado

Pero nada tiene que ver eso con las llamadas de las instituciones a delatar, que “buscan excitar la maquinaria judicial y policial y perjudican al sistema”, según Molins. “En el contexto en el que vivimos, con mucha litigiosidad evitable, nos esforzamos en evitar la saturación de la justicia, pero la Administración hace lo contrario, lo que redunda en la saturación”, sostiene.

“Es premeditado y alude a una filosofía concreta: como no somos capaces de cubrir más seguridad ciudadana con policía, convertimos a los ciudadanos en policías”, tercia el profesor Ríos. La investigadora Galdón da un paso más y se refiere a la “dejadez de funciones del Estado”. Concede que el ciudadano se debe “corresponsabilizar de la seguridad y el orden público”, pero ve una “vuelta de tuerca más” en las últimas iniciativas catalanas.

En su opinión, el caso de las escuelas es el mejor ejemplo de cuando la Administración deriva el problema a los ciudadanos. Incluso el síndic de greuges, Rafael Ribó, intervino en la polémica de las matriculaciones escolares y defendió que todo el mundo debe tener acceso a los datos de un expediente que le afectan. Pero matizó que quien debe subsanar el fraude es la Generalitat, no las familias, que pueden acabar enfrentadas entre sí. “Son los poderes públicos quienes tienen que controlar el orden, así es desde el punto de vista constitucional”, se suma la catedrática Balaguer.

“Si esperamos que la Administración sea quien solucione todos los problemas, lo llevamos crudo. El Estado no puede tener a una persona detrás de todos nosotros”, rebate el portavoz de la Plataforma Multisectorial Contra la Economía Sumergida, José Manuel Muñiz. Se trata de una entidad andaluza, de origen ciudadano, que persigue a los trabajadores irregulares que defraudan. Muñiz defiende que quienes se saltan el sistema contribuyen a destruir el “Estado de bienestar que tanto nos ha costado levantar”. Por eso apoya a que los ciudadanos se chiven cuando tengan conocimiento de una situación de este tipo.

“No entiendo que aplaudamos la picaresca en lugar de reaccionar frente a ella, marginándola”, se queja. Por eso está de acuerdo en que “se habiliten todas las herramientas que sean efectivas para que se sepa que si la haces, la pagas”. Aunque con el control de una Administración que compruebe la veracidad de lo denunciado y evite así las venganzas.

"No tenemos tradición cívica de llamar la atención", lamenta Facua

Aun así, hay quien, como Balaguer, considera que a la larga “un Estado policial estropea la convivencia y favorece las vendettas”. Algo, sin embargo, que no debe preocuparnos, según el sociólogo Mariano Fernández. “Estamos muy lejos de ser una sociedad policial y nuestro problema es más bien el opuesto: la idea generalizada de que buena parte de la ley está hecha para violarla, o de que obtener ventajas sobre los demás o hacerles cargar con las consecuencias de nuestros actos es aceptable”, mantiene.

Con él coincide la asociación en defensa de los consumidores Facua, que fue acusada también de promover la cultura del chivatazo al crear una web para denunciar las vulneraciones de la ley antitabaco. “A diferencia de países de nuestro entorno, no tenemos tradición cívica de llamar la atención a la gente. Y hacerlo, cuando no cumplen las normas, es hacer valer nuestro derecho. Falta tradición y educación ciudadana”, defiende su portavoz, Rubén Sánchez.

Para él, el debate suscitado tras la polémica en Cataluña se está utilizando de forma demagógica. “La palabra delación está usada de forma inteligente por un determinado sector, que busca equiparar ese tipo de denuncias con una etapa de delación franquista, y no tiene nada que ver. Si a tu abuela le roban el bolso, ¿te gustaría que lo denunciaran o que un vecino gritase y avisase? Eso es ayudarse como ciudadano”, argumenta.

En cualquier caso, todos los consultados abogan primero por resolver los conflictos en el ámbito personal. “El problema del incivismo no se soluciona denunciando, se soluciona educando”, repite la abogada Llaneza. “Tenemos que poder hablar con nuestro vecino y decirle que no compartimos ciertas actitudes, porque una comunidad civil bien ordenada no debería tener gorrones, ni defraudadores, ni estafadores”, expone el sociólogo Gil Calvo.

Por su parte, Galdón reprocha la “exageración y teatralización” de ciertas medidas que en realidad son “poco útiles”. “¿La aplicación de Ferrocarrils ayuda a las personas molestas porque haya mendigos en el metro? Solo beneficia al político, que sale en la foto. Solo las políticas a largo plazo de la Administración pueden solucionar ciertos problemas de incivismo o sociales”, considera.

Muñiz, el activista contra la economía sumergida, insiste en que no hay nada malo en poner sobre la pista de ciertas conductas fraudulentas a la Administración o la policía. Su plataforma ha recopilado en dos meses unos 300 casos de los que prevé informar a la Agencia Tributaria. En cambio, Fernández propone soluciones para evitar una guerra de padres por las matrículas: “Sería mejor dar a conocer de oficio las direcciones, junto a las listas de admitidos, a todos los concursantes con obligación de confidencialidad que pretender que las familias que se sientan discriminadas reclamen los datos de otros”. Hasta el momento, la Administración ha optado por otras vías.