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Las autoridades de EE UU cada vez solicitan más datos de usuarios de móviles

Las solicitudes por parte de la policía se han disparado en los últimos cinco años

Las autoridades han solicitado desde el historial de llamada hasta la localización del usuario en un determinado momento.
Las autoridades han solicitado desde el historial de llamada hasta la localización del usuario en un determinado momento. AFP

Las compañías de telefonía móvil norteamericanas respondieron el año pasado a más de 1,3 millones de solicitudes de las autoridades para que entregaran datos de sus clientes. Se trata de la primera recopilación de este tipo de peticiones, obtenida por el diario The New York Times, a raíz de una petición por parte del Congreso de Estados Unidos.

El informe detalla que las empresas aportaron información como mensajes de texto, el nombre y apellidos del dueño del teléfono móvil o su localización en un determinado momento. En otras ocasiones, se negaron a conceder los datos por considerar que la petición carecía de justificación o porque les parecía dudosa, según informa el diario.

Los congresistas Edward Markey y Joe Barton, demócrata y republicano respectivamente, enviaron la pasada primavera diversas cartas a las compañías norteamericanas solicitando datos sobre su colaboración con las autoridades a raíz de un artículo del Times en el que se denunciaba cómo la policía utilizaba la vigilancia a través de teléfonos móviles para determinar la localización de sospechosos.

“Durante los últimos cinco años, ¿cuántas peticiones ha recibido su compañía por parte de las fuerzas de seguridad en relación al uso del teléfono móvil de uno de sus clientes, incluida su localización, sus llamadas telefónicas y mensajes de texto, así como el contenido de esas conversaciones?” preguntaba la carta enviada por los políticos a una de las empresas.

En la respuesta de AT&T, por ejemplo, queda registrada la presentación por parte de las autoridades de 131.400 citaciones judiciales -700 al día, el doble que cinco años antes- para entregar datos de un usuario que fuera centro de una investigación criminal. Otra de las empresas, Sprint, detalló que llegó a recibir una media de 1.500 demandas diarias.

La Unión por las Libertades Civiles Americanas, (ACLU, por sus siglas en inglés) también había presentado el año pasado más de 380 peticiones a diversas autoridades locales para que desvelaran hasta qué punto se estaba utilizando la información que contienen los teléfonos móviles. Pocos meses después, el Tribunal Supremo aceptaba un caso que marcaría un nuevo hito en el debate sobre sobre el avance de las nuevas tecnologías y su uso por parte de las autoridades, especialmente cuando esto implica reducir la privacidad de los ciudadanos, cuando se hace en nombre de su seguridad y la de todo el país.

Sería a comienzos de 2012 cuando los jueces del tribunal dieron la razón a un ciudadano que había denunciado a la policía por violar sus derechos al implementar en su vehículo un dispositivo GPS que grabó su localización durante un mes. El Tribunal determinó que esa búsqueda de información había violado la Cuarta Enmienda de la Constitución -que protege a los norteamericanos de búsquedas sin causa justificada- por lo que las autoridades están obligadas desde entonces a obtener el permiso de un juez.

Organizaciones como ACLU equiparan ahora la revelación de datos por parte de las compañías de telefonía móvil con la colocación de un GPS para seguir a un sospechoso. Según han adelantado los diferentes proveedores, en algunas ocasiones proporcionaron a la policía -aunque no contaran con una orden judicial- los datos de todos los números conectados a una determinada antena de telefonía móvil, por lo que la policía tuvo acceso no sólo a la localización de un sospechoso, sino también la de miles de personas cuyo teléfono móvil recibiera cobertura desde ese mismo lugar.

El informe desvelado este lunes demuestra además que las empresas habrían cobrado diferentes cantidades a las autoridades por la entrega de información y con el objetivo, según alegan, de costear la creación de equipos de abogados para determinar la legalidad de las solicitudes, así como el trabajo de los técnicos que llevaron a cabo la recopilación de datos.