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El copago farmacéutico se calcula con datos desfasados del paciente

Pensionistas recientes denuncian que les cobran como si aún estuvieran en activo

Sergio Rescalvo, recientemente jubilado, muestra la incongruencia entre el código de aportación y su situación de pensionista.  Ampliar foto
Sergio Rescalvo, recientemente jubilado, muestra la incongruencia entre el código de aportación y su situación de pensionista. EL PAÍS

Sergio Rescalvo, pensionista de 61 años, se fue el martes de la farmacia de su barrio, en Móstoles (Madrid), sin los medicamentos que había ido a comprar. “Sin las pastillas y muy cabreado”, apostilla. Cuando presentó las recetas que él y su esposa, beneficiaria de su tarjeta sanitaria de pensionista, necesitan para sus distintos tratamientos médicos, el farmacéutico le dijo que le correspondía pagar el 50% del coste. “Eso no puede ser; he consultado la ley y los pensionistas pagamos un 10%”, afirma. El ordenador le atribuía el código TSI 004, el de un trabajador activo con una renta de entre 18.000 y 100.000 euros. Ese era su caso antes de jubilarse hace unos meses, pero ya no, protesta Rescalvo mostrando la resolución de la Seguridad Social con la prestación por jubilación.

Farmacias y centros de salud de toda España están detectando numerosos casos de personas a las que se ha atribuido un código —y, por tanto, un porcentaje de pago de medicamentos— que no les corresponde. En muchos casos, como el de Rescalvo, se trata de pensionistas recientes, lo que indica que la base de datos que recoge la información con la que se clasifica a los ciudadanos —se llama BADAS y cruza datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Hacienda y los servicios de salud regionales— no está actualizada. El nuevo copago se aplica desde el pasado día 1.

El Ministerio de Sanidad no se explica esta situación. Una portavoz asegura que la actualización de las pensiones “debe ser automática”, aunque no puede precisar cuándo se produjo la última. Para ello remite al INSS, que a su vez devuelve la patata caliente al ministerio de Ana Mato. “Los casos que se puedan estar produciendo son irregularidades”, señala la portavoz de Sanidad. Fuentes de la Administración explican que estos datos se actualizan mes a mes, pero admiten que la base BADAS pueda estar desfasada.

Cientos de quejas. ¿Quién las atiende?

Códigos erróneos, desacuerdo en el porcentaje de pago que se ha asignado, recetas antiguas. Los servicios de salud y los boticarios de toda España están recibiendo a diario cientos de quejas sobre el nuevo sistema de copago farmacéutico. Y la mayoría no sabe qué hacer con ellas. El Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las comunidades autónomas se pasan la pelota: los afectados no tienen claro adónde dirigirse. Tampoco ofrecen datos sobre cuántos ciudadanos reclaman por el desfase entre su situación actual y la que figura en la base de datos que permite a las boticas conocer su nivel de renta.

Un portavoz del Ministerio de Sanidad asegura que la solución de las discrepancias es competencia de las autonomías. Una tarea con la que algunas no están de acuerdo. Aunque son los ambulatorios quienes atienden al ciudadano, las consejerías no tienen ni voz ni voto en el fichero que recoge los datos fiscales de los beneficiarios, que está a cargo del INSS. Un ejemplo de la improvisación es la Consejería de Sanidad madrileña, que en un principio dio instrucciones a los centros de salud para derivar a las oficinas del INSS a los pacientes que no estuvieran de acuerdo con el código asignado. El miércoles, sin embargo, los centros recibieron un correo interno, revisado por este diario, en el que se modifica el procedimiento: “No debe derivarse a ningún ciudadano al INSS ni a ningún otro organismo”.

La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero (PSOE), instó ayer al Gobierno a abrir una línea telefónica. “Estamos recibiendo muchas quejas, pero nosotros no podemos tocar los datos del usuario”, lamentó. El 80% de las 1.134 consultas al servicio de atención telefónica de la Junta son de personas que no están de acuerdo con el código por renta adjudicado. También la consejera de Sanidad canaria, Brígida Mendoza, afirmó ayer que ni Sanidad ni el INSS están resolviendo la “desinformación” y rechazó que sean los servicios regionales quienes centralicen las quejas porque tienen nula capacidad de maniobra. Lo que deja al ciudadano “indefenso”, afirmó.

Vicente Baixauli, responsable de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, explica que cuando encuentra casos de desfase en los datos dirige a los usuarios a los centros de salud y reconoce que no sabe “de cuándo son esos datos”.

Rescalvo cree saber por qué sigue constando como activo pese a estar ya jubilado: “En el centro de salud me han explicado que los datos con los que nos han clasificado son los de la declaración de la renta de 2010. ¡Imagínese cuánta gente puede haber cambiado de situación desde entonces!”.

José Aguirre, también madrileño, pagó el lunes 95 euros por sus medicamentos. Este pensionista de 67 años vio en ese momento que está clasificado con el código 5, que implica que tiene unos ingresos anuales superiores a 100.000 euros y que por tanto debe abonar un 60% de los fármacos. No es así. Está jubilado desde hace año y medio y sus ingresos no son ni mucho menos esos. En 2010 sí cobraba más de 100.000 euros. Pero ahora la realidad es otra, con lo que si la base de datos reflejara datos actuales, le correspondería pagar el 10% de los fármacos con un tope de 18 euros al mes. “Yo puedo hacer el desembolso, pero es intolerable que le suceda a alguien que no pueda”.

Rescalvo no se resignó a pagar en la farmacia y tratar de reclamar después. El miércoles se presentó en su centro de salud cargado de documentación y explicó el problema a la administrativa de la ventanilla. “Lo siento, pero no sé adónde mandarle”, le contestó ella, y reconoció que estaban llegando más casos como el suyo. Finalmente, le entregó dos hojas de reclamaciones. “A saber si me van a contestar y cuándo. Es indignante ver cómo nos están engañando”, se queja Rescalvo.

En Andalucía, las centenares de quejas recibidas han provocado las críticas del Gobierno regional. La consejera, María Jesús Montero, detalló que muchas de ellas son de pensionistas recientes que figuran como activos, o de parados que han agotado su prestación y que siguen constando como perceptores de un subsidio, lo que les impide obtener la medicación gratuita, como marca la nueva ley. “No es solo que la información esté mal, es que no se sabe quién ni cómo se soluciona el problema”, señaló Montero, que explicó que las comunidades desconocen cada cuánto se actualizan los datos de los pacientes.

“Lo que no puede ser es que el ciudadano se entere de su nivel de aportación cuando vaya con sus recetas”, critica Carmen López, secretaria de Política Social de UGT. “Si se clasifica a los ciudadanos por su nivel de renta, se les tiene que notificar su código y darles tiempo para que verifiquen si es correcto”, insiste. Un argumento con el que coincide José María Morán, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios. “La situación de los ciudadanos cambia a diario, por eso la actualización debe ser constante”, dice, e insiste en que los mecanismos de reclamación deben ser veloces.

Para Agustín Aguilar no lo han sido. El lunes se fue de la farmacia sin comprar su medicación. Este valenciano de 55 años cobra desde hace seis una pensión no contributiva. Pero ahora figura como si percibiera una contributiva. “Me querían cobrar el 10%. Me di la vuelta y me fui”, cuenta. Volvió al médico, que le insistió en que comprara las medicinas. “Me dijo que ya me devolverían el dinero cuando se arreglara el fallo. Pero no me fío. Hace un año compré cuatro prótesis y aún estoy esperando que me devuelvan lo que me corresponde”, dice. Aguilar ha puesto una queja. Tampoco sabe qué será de ella.

Con información de Reyes Rincón

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