“En Guatemala se violan los derechos a la tierra y los alimentos”

Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para exigir al Gobierno de Guatemala la protección de 800 familias de 14 comunidades maya q'eqchi que fueron desalojadas violentamente de las fértiles tierras del Valle del Polochic, en marzo de 2011. Pero al día de hoy el Estado guatemalteco no ha cumplido con el dictamen del organismo de la OEA de dar viviendas —arrasadas durante el desalojo— y alimentos a los afectados.

Las organizaciones indígenas y campesinas realizaron una marcha en marzo para protestar por el limbo en que están estas familias, pero solo han conseguido una respuesta política del Gobierno de Otto Pérez Molina, mientras la situación de inseguridad alimentaria está causando un aumento en los niveles de desnutrición, principalmente en los niños. “En Guatemala se siguen violando los derechos a la tierra y los alimentos”, asegura Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC). Pascual, junto a otra representante del comité, María Josefa Macz, se encuentra en Madrid en el inicio de una gira europea que les llevará además a Bruselas y Ginebra para pedir que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas a los alimentos — a través del acceso a la tierra—, a la vivienda, la seguridad y la salud, como está establecido en los convenios internacionales.

Los desplazados del valle del Polochic son el resultado de un conflicto agrario que comenzó hace unos cinco años, pero que desde 2011 se ha agravado, dejando un saldo de tres muertos, sin que el Estado dé una respuesta adecuada, denuncian los representantes del CUC. Esas tierras, bañadas por el río Polochic, son muy fértiles y han atraído en los últimos años la atención de inversores del sector de biocombustibles, enfocados en los cultivos de caña de azúcar, palma africana y piñón.

Las tierras en disputa alcanzan unas 8.000 hectáreas y según Pascual, la expansión de los monocultivos para la producción y exportación de biocombustibles se traduce en menos tierras para las comunidades indígenas que, además, se ven perseguidas, mientras sus mujeres y niños quedan desprotegidos y se convierten en víctimas de la malnutrición.

El conflicto agrario comenzó hace unos cinco años, pero se ha agravado desde 2011

“El Estado en Guatemala no puede desconocer la existencia de los derechos de los indígenas y debe dar el paso para que se cumplan”, dice Pascual. El CUC pide que se apruebe una ley de Desarrollo Rural Integral que garantice el acceso a la tierra a los pequeños campesinos ante las grandes empresas de biocombustibles que operan en el área, y sobre todo a las mujeres, en gran parte responsables de la producción agrícola, pero de las cuales solo el 6,6% tiene titularidad sobre la tierra.

En este sentido, Macz cuenta que las mujeres y los niños han sido los más afectados por los desalojos en el Polochic. La gran mayoría ha buscado refugio con familiares y vecinos. Pero la situación es prácticamente insostenible, en vista de la situación de pobreza en la que están sumidos. Los hombres, cuenta, tienen que desplazarse a otras áreas para trabajar el campo, en condiciones de muy bajos sueldos, mientras que las mujeres y niños, por el miedo a ser perseguidos, no pueden moverse y en las condiciones en las que viven, no tienen acceso a los servicios públicos, como educación y salud. “No tienen forma de generar ingresos, tienen escasa posibilidad de adquirir alimentos, han sido perseguidos. Hay mujeres y niños desnutridos, solo viven de tortilla de maíz con sal”, relata Macz. En Guatemala, un 60% de la población está en situación de pobreza y un 13,3% en pobreza extrema. Pero en las zonas rurales, esa miseria extrema se eleva al 60%.

Esta es la realidad que el CUC quiere presentar en Bruselas, donde se dan los últimos toques a un acuerdo de asociación comercial UE-Centroamérica que se firmará en las próximas semanas, para que se incluya un compromiso con las comunidades indígenas y una mayor regulación a los inversores en el sector agrícola. Lourdes Benavides, portavoz en España de la campaña Crece de Intermón Oxfam, considera que en este caso, y siendo Guatemala un importante destinatario en materia de cooperación, el Gobierno de España debe tener un papel importante a la hora de impulsar la mejora de normas que regulen la tenencia de las tierras y que integre salvaguardas y criterios ambientales y sociales a la hora de otorgar financiación a las empresas que quieran invertir, especialmente en agricultura, en el extranjero.