Al cole con un ‘tupper’ por culpa de la crisis

Cataluña acaba de abrir un melón complicado: la introducción del tupper en las escuelas públicas. Que los niños se traigan la comida de casa y la calienten y se la coman en el centro. Una práctica ahora inexistente en la red pública de primaria, que solo han introducido contados institutos y escuelas concertadas, y que plantea múltiples interrogantes. Desde qué garantías tendría para la seguridad alimentaria, hasta cómo reorganizarían los centros el servicio de comedor, cuál sería el futuro de las cocinas o la reacción de las empresas que se ganan la vida con los menús escolares.

Sin experiencias tampoco en el resto de España, el origen del debate está en la crisis. Las federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPA) cifran entre un 15% y un 20% las familias que han prescindido del servicio de comedor por motivos económicos. Los 150 euros al mes que de media cuesta comer en la escuela es demasiado cuando uno de los padres, o los dos (714.000 familias en 2010 según Eurostat), está en paro.

Los últimos indicadores publicados por organismos oficiales y entidades son alarmantes respecto al efecto de la crisis sobre los niños. Unicef alertó la semana pasada de que 2,2 millones de menores españoles viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza, y que esta ya afecta a más niños que adultos. En Cataluña, la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia (Fedadia) ha alertado de que la malnutrición ya alcanza al 4,4% de los niños.

Los 150 euros del menú escolar son demasiado para las familias en paro

Con este escenario de fondo y ante la petición de los padres de algunos alumnos, las dos grandes federaciones de AMPA catalanas se han reunido con la Generalitat para abordar la posibilidad de que las tarteras entren en la escuela. Por ahora, el silencio del departamento de Educación es total, más allá de confirmar, a través de un portavoz, que sí, que trabaja en unas “recomendaciones”. Pero no revela aspectos clave, como quién tendrá la última palabra a la hora de introducir la fiambrera en los comedores (si el centro, los padres o la Administración); de cómo o quién sufragará las infraestructuras que habría que comprar para conservar y calentar los alimentos; o de la custodia de los chavales que se coman lo que traen de casa. Sí asegura el portavoz que las “recomendaciones” estarán listas para el próximo curso. Faltan dos semanas para terminar el curso actual y, pasado el 22 de junio, las AMPA se las verían y desearían para comunicar un cambio de tanta trascendencia a las familias.

Las propias asociaciones de padres de alumnos que se han sentado con la Generalitat admiten que el tema es muy complejo, sobre todo en Educación Primaria. La presidenta de la federación de AMPA de Tarragona y responsable de la comisión de comedor de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Catalunya (FAPAC), Esther Fernández, recuerda que “de 6,20 euros que cuesta un menú, solo 1,80 es la comida, el resto es el monitoraje”. Fernández sí ve ventajas en introducir el tupper en los institutos. “Con alumnos a los que se pueden exigir responsabilidades y que no necesitan la custodia de un niño pequeño, tiene lógica”. Sin embargo, alerta de que la entrada de las fiambreras en la escuela implica riesgos. Entre ellos cita los sanitarios relativos a intolerancias alimentarias —“ahora que hemos conseguido la integración total de los celíacos”, por ejemplo—, o a la conservación de los alimentos.

No está claro cómo sufragar monitores, microondas

No está claro quién asumiría la inversión necesaria para que los centros escolares cuenten con neveras y sistemas para calentar la comida “con AMPA que todavía están endeudadas pagando la cocina que construyeron hace unos años”, o cómo se separaría a unos y otros alumnos. “¿Habría niños de primera, los que pueden pagar; y de segunda, los del tupper?”, se pregunta Fernández, para quien detrás del debate aparece la mano de los recortes en servicios públicos que emprendió la Generalitat hace un año y medio, cuando CiU llegó al Gobierno catalán. “El departamento lleva mucho retraso en el pago de las becas a los consejos comarcales y con esta excusa quiere cargarse el servicio de comedor en la escuela pública”, afirma convencida.

La única comunidad que ha abierto un debate parecido ha sido el País Vasco. Fue hace cuatro o cinco años, recuerda Ana Eizagirre, que entonces era coordinadora de la Confederación de AMPA del País Vasco. Pero allí la propuesta no tuvo tanto que ver con la crisis económica como con la voluntad de algunas familias de dar a sus hijos menús alternativos al que proponen las escuelas: vegetarianos o con alimentos ecológicos, algo que ya han adoptado muchos centros.

En el País Vasco se daba además el caso de comedores con más demanda que oferta de plazas, de forma que la fiambrera hubiera sido una solución para este overbooking, recuerda Eizagirre. “Pero no hubo debate en la comunidad educativa, porque la Administración lo rechazó de plano y los sindicatos de trabajadores del comedor se posicionaron en contra. Se dio carpetazo sin debate”, explica.

El retraso en las becas lleva a algunas familias a cancelar este servicio

La inquietud en torno a este asunto se ha hecho especialmente patente en Cataluña, pero empieza a extenderse a nivel estatal. El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), Jesús Sánchez, se muestra muy crítico con la posibilidad de abrir los centros escolares a la fiambrera. En su opinión, “no se podría garantizar la calidad de la comida escolar como se ha conseguido, porque desde el punto de vista organizativo sería un caos (custodia de alimentos, espacios, frigoríficos, monitores), pero sobre todo porque el comedor es una enseña de la escuela inclusiva y compensadora de desigualdades”. Según Sánchez, “con la excusa de la crisis se estarán llevando por delante y desmantelando logros que han costado décadas”. “Y luego, ¿qué?”, pregunta: “¿La jornada intensiva impuesta en toda España, el fin del transporte escolar?”.

En cuanto al Ministerio de Educación, no se pronuncia sobre el tema, aduciendo que la educación es una competencia transferida al 100% a las comunidades autónomas.

La cuestión del tupper en las escuelas irrumpió casi de imprevisto en el congreso que la semana pasada se celebró en Barcelona sobre comedores escolares, Comer en la Escuela. La organización tuvo que incluir una mesa sobre el tema cuando el programa estaba casi en la imprenta, explica el coordinador del congreso y director del Observatorio de la Alimentación, el profesor Jesús Contreras. El diagnóstico general sobre la situación de los comedores escolares ha mejorado mucho en los últimos años —en 2002, la mitad de los menús escolares estaban desequilibrados y 10 años después la mayoría están equilibrados— y “cada vez se les plantean más exigencias no solo en términos alimentarios, sino pedagógicos y de hábitos”. Sin embargo, el aumento del número de escolares que dejan de acudir a los comedores del centro y recurren a la tartera inquieta a los responsables del Observatorio.

En Cataluña el 4,4% de los niños padece desnutrición, según algunas entidades

En opinión de Contreras, “la alarma está justificada, porque con la precariedad aumenta el empobrecimiento, y este, la desnutrición”. Cinco de cada 14 comidas importantes de la semana se hacen en la escuela, recuerda Contreras, una cifra que alcanza una gran dimensión cuando algunas entidades están alertando de que cada vez son más los niños cuya única comida en condiciones del día es la que hacen en la escuela.

Hace unas semanas, en una información a propósito de la reducción de las becas de comedor, apareció en TV-3 el director de la escuela Josep Boada, de Badalona, alertando del drama que puede suponer que algunos niños no puedan comer en la escuela. “Muchos niños no comerán o no harán una comida en condiciones, o comerán si su madre ha podido vender tres calcetines y tiene tres euros”, advirtió Casto García, el director, ante las cámaras.

La directora de Fedaia, la entidad que alertó del aumento de menores malnutridos, Sònia Martínez, también muestra reservas ante este fenómeno. “Lo importante”, dice, “son los derechos de los niños. Su derecho a una alimentación sana y equilibrada que les permita crecer y rendir bien a nivel educativo”. Y añade: “Si el tupper debe ser una solución para que coman bien, valorémoslo; pero si pensamos en las familias sin recursos para alimentar a sus hijos cabe preguntarse qué les podrán preparar para llevar a la escuela”.

Crece el número de chicos cuya única comida equilibrada es la del colegio

Uno de los actores básicos en este debate son las empresas que prestan servicios de cátering y monitoraje a las escuelas. Una de las principales empresas del sector es Scolarest, que pertenece a Compass-Group, con 1.200 escuelas y 120.000 familias de clientes. Su director de operaciones, Pedro Sanjuán, considera que “la introducción del tupper podría representar una disminución del uso del comedor escolar en torno al 10%”. Esta circunstancia, sumada a otras como la implantación de jornada intensiva o la reducción de becas, está obligándoles a “adaptarse con rapidez al nuevo escenario económico”. Sin embargo, Sanjuán asegura que lo hacen sin renunciar a pilares básicos como son la seguridad alimentaria y el equilibrio nutricional.

La directora de calidad, seguridad, salud y medio ambiente de la empresa, Begoña Sánchez Quiles, sostiene que, llegado el caso, sería bueno elaborar directrices para las familias, al igual que las hay para las empresas que prestan estos servicios. Los menús de los cátering “cuentan con la supervisión de nutricionistas que basan sus criterios en recomendaciones realizadas por las autoridades competentes en la materia, la normativa vigente y las políticas de salud pública de la alimentación escolar”, subraya Sánchez, que también destaca el rigor de los sistemas higiénicos para garantizar la seguridad alimentaria. Este tema es uno de los que presenta más aristas. Según el director del Observatorio de la Alimentación, es importante tener en cuenta “la responsabilidad jurídica que entraría en juego si hubiera algún problema sanitario”. Algo que, recuerda, “no figura en las atribuciones del personal de los centros”.

La CEAPA recuerda que el comedor es una enseña de “la escuela inclusiva”

Quien defiende firmemente el tupper en la escuela es la FAPAES, la federación que agrupa a las AMPA de los institutos públicos en Cataluña. Su presidente, Pere Farriol, admite que la cuestión podría poner en riesgo las cocinas y comedores existentes, pero asegura que en estos momentos tienen identificados “muchos” casos de chavales que acaban comiendo en un banco en la puerta del instituto. “No buscamos acabar con las cocinas ni los comedores, que son garantía de inclusión, sino dar respuesta a los chavales cuyas familias no tienen recursos para pagar los 150 euros del comedor”, asegura.

Farriol se niega a revelar nombres y ubicaciones, pero asegura que el problema es de tal magnitud que tienen institutos localizados en 12 de las 44 comarcas catalanas donde se hace la vista gorda y, a la espera de una normativa, se permite que los alumnos coman de su fiambrera. “Claro que los comedores de la escuela pública cumplen una función social, ¿pero qué hacemos con estos chavales?”, se pregunta. El presidente de la FAPAES da por sentado, por ejemplo, que ni la Generalitat ni ninguna otra Administración está por sufragar los costes que comportaría comprar neveras, microondas o calientaplatos. Y las asociaciones de padres, por mucha voluntad que pusieran, tampoco están en condiciones de hacerlo.

Para calmar los ánimos, la FAPAES hizo pública una nota en la que asegura que han llegado a un acuerdo con la Generalitat por el cual la última palabra la tendrá el Consejo Escolar (maestros y padres) de cada centro. Sin embargo, la Generalitat no confirma dicho pacto. El acuerdo establecería además que los centros deberán tener sistemas para refrigerar y calentar alimentos, “un espacio adecuado en el mismo comedor o en otro espacio igualmente adecuado”, y que habrá que garantizar que estos alumnos estén debidamente vigilados, por monitores o por padres y madres voluntarios. Sin embargo, no hace falta ser un experto en realidad educativa para saber que las escuelas no van sobradas de espacio. Ni de padres y madres voluntarios (no por falta de voluntad) en horario de 12.00 a 15.00.