El Gobierno estudia subir la ‘nota de corte’ para acceder a la dependencia

Como ya ha ocurrido con las becas de los estudiantes, el Gobierno planea ahora endurecer el acceso de los dependientes a una ayuda elevando los puntos de corte que se necesitan para ello. Si antes bastaban 25 (en una escala del 1 al 100) para ser considerado persona dependiente, ahora ese nivel probablemente se eleve. ¿Hasta dónde? No se ha concretado, pero en los grupos de trabajo organizados por el Imserso e integrados por representantes de las comunidades así se ha propuesto.

Fueron las comunidades de Murcia y Galicia las que se encargaron de proponer esta medida. Y así la pudieron escuchar todos los directores generales de la Dependencia reunidos este jueves y vienes en Toledo. Murcia ha llegado a proponer que el corte esté en los 65 puntos. Eso dejaría fuera a más de la mitad de los dependientes que hasta ahora entran al sistema. Desde luego a los de grado moderado (de 25 a 49 puntos), pero también a muchos de los de grado severo. Prácticamente quedarían solo los grandes dependientes. Pero en la reunión no se concretó finalmente una cifra. En todo caso, las comunidades no tienen capacidad económica para que les exijan grandes milagros, así que cualquier recorte en esta ley puede aliviar su carga a menos que reciban financiación extra, justo lo contrario que ha ocurrido con los Presupuestos Generales del Estado, donde se ha caído una partida entera de 283 millones.

Las comunidades debaten un listón que dejaría fuera a los de grado severo

En la reunión del jueves y este viernes por la mañana, a la que acudieron los directores generales sin un solo documento por escrito —se presentó como una jornada de reflexión—, se planteó también impedir que una persona con discapacidad perciba más de una ayuda de las previstas por la ley. En muchas comunidades son compatibles varias prestaciones, por ejemplo, unas horas de ayuda a domicilio y la estancia en un centro de día. La previsión es que esto deje de ocurrir salvo con la teleasistencia, que seguirá siendo compatible con todo. La teleasistencia no es más que un dispositivo electrónico para pedir socorro si el anciano que vive solo sufre algún percance. En principio puede parecer lógico que quien tiene una ayuda no reciba otra, pero las situaciones son complejas. En un matrimonio de ancianos, uno de ellos puede ir a un centro de día pero, a la vez, necesitar ayuda para levantarse, subir al autobús y acostarse, apoyo que la mujer o el marido, también anciano, no puede prestarle. En situaciones así, el centro de día se complementaba con alguna hora de ayuda a domicilio. Esto va camino de desaparecer.

En la reunión también se planteó la eliminación de los dos niveles que acompañan a cada grado de dependencia, que detallan la gravedad del caso. Administrativamente es engorroso y también tiene sus costes, porque son muchas las revisiones que piden los ciudadanos para cambiar el nivel de dependencia otorgado en un principio. Aunque no es de extrañar que una persona dependiente de mucha edad empeore y pase al siguiente escalón de gravedad. Eliminar los niveles alivia de burocracia una ley de por sí compleja, pero puede ser la puerta para dejar fuera del sistema a muchos dependientes moderados y colocar en un grado de dependencia inferior a otros que antes fueron calificados más graves. Eso supone un ahorro porque el dinero que destinan, tanto el Gobierno como las comunidades, por cada beneficiario depende de su grado de dependencia. El problema, precisamente, estriba en cómo se pagará a partir de esa modificación. ¿Se hará una media entre lo que se recibía por cada uno de los dos niveles en que se dividía el grado? Y, lo que es más importante, ¿se revisará lo que cobran aquellos que ya están siendo atendidos? Todo esto se discutió ayer en la reunión, pero no se concretaron estos extremos.

En el encuentro, calificado de informal, que encabezó el director del Imserso, César Antón, los directores generales tuvieron la oportunidad de ver unas diapositivas con los planes del Gobierno, ya anunciados por la ministra de Sanidad y Política Social, Ana Mato. Tratan, entre otras cosas, de modificar la financiación para primar a aquellas comunidades que opten por la prestación de servicios en lugar de ayudas económicas, definir criterios comunes de renta y patrimonio para calcular el copago de los beneficiarios, que actualmente es muy dispar entre regiones. Fijar las intensidades de los servicios que se prestan, por ejemplo las horas mínimas de ayuda a domicilio, y establecer un mayor control sobre los cuidadores no profesionales, es decir, los familiares que atienden a los ancianos en casa, algunas veces tan ancianos como los atendidos.

La reunión, celebrada en Toledo, vivió algún momento tenso cuando los afectados por las medidas que se han tomado recientemente en esta comunidad en dependencia abuchearon al director general castellano-manchego, quien también les contestó. Fue la tarde del jueves, a la llegada de todos a la reunión.