20.800 euros por operar un cáncer

A Landi Fan, de 52 años, le diagnosticaron a finales del año pasado un cáncer que le afectaba tanto al recto como al ovario. Pasó por el quirófano el pasado 15 de febrero en el Hospital General de Alicante a pesar de que carecía de tarjeta sanitaria. La semana pasada, su pareja, Eduardo Guillamó, recibió una notificación de la Consejería de Sanidad que incluía una factura de 20.797,39 euros por la atención sanitaria prestada.

El formulario en el que se le trasladó la cantidad a ingresar es el modelo 046, correspondiente a la Tasa de las Prestaciones no Cubiertas por el Sistema Nacional de Salud. A partir del 31 de agosto, los extranjeros en situación irregular se quedarán sin cobertura sanitaria de acuerdo con las medidas de ajuste presentadas por el Gobierno. Se encontrarán en la misma situación en la que estaba Landi cuando la operaron. Y, a falta de que el Ministerio de Sanidad detalle cómo pretende cubrir el vacío asistencial —este miércoles apuntó hacia las organizaciones humanitarias—, todas estas personas deberán pagar por lo que exceda la atención de urgencias, al parto o a los menores de edad. Como le ha sucedido al compañero de esta residente china, con quien convive en Alicante desde hace dos años y medio.

No pudo lograr el documento como persona sin recursos

“¿Qué voy a hacer?”, se pregunta este camarero en paro que recibe una prestación de 800 euros. Landi está en España en situación irregular. No tiene permiso de residencia, ni trabajo, por lo que no tiene derecho a una tarjeta sanitaria normal. Intentó conseguirla como beneficiaria de su compañero. Se presentaron a la asistenta social del centro de salud como pareja, pero como Eduardo no cotizaba, no fue posible. Más adelante, solicitó la tarjeta solidaria, para personas sin recursos. Ella apenas cobra algo limpiando casas. Pero estaba empadronada junto a Eduardo y constaban como pareja —pese a no estar casados— en el centro de salud, por lo que, al calcular sus recursos de forma conjunta, rebasaba el límite que da acceso a este tipo de cobertura. Tampoco pudo conseguirla.

Desde la primera visita al hospital por fuertes dolores abdominales y hemorragias, allá por el mes de marzo del año pasado, Eduardo, de 44 años, firmó todo lo que le pusieron por delante, como el mismo explica. “Acudíamos a urgencias y, como ella no tenía la tarjeta, yo daba mi nombre y todos mis datos”, comenta. “¿Qué hubieras hecho tú? La alternativa es que no la trataran”.

Landi salió en dos ocasiones del centro hospitalario con una pomada y laxantes para tratar unas supuestas hemorroides. No fue hasta la tercera visita cuando la sometieron a un TAC. Entonces, a finales de año, apareció el tumor.

Aún tardaría un tiempo en operarse, hasta conocer el resultado de las pruebas preoperatorias. “En la resonancia salía una mancha de unos siete centímetros”, explica Eduardo en la sede de Alicante de Médicos del Mundo, la entidad que está tratando de echar una mano a la pareja para evitar que tengan que pagar la suma que les reclama la Administración. “Al final el tumor era mucho más grande, y la intervención duró seis horas”, comenta mientras su pareja presencia en silencio el relato.

La operación, más las casi dos semanas que ella permaneció ingresada —la estancia se alargó por una infección— y las primeras sesiones de quimioterapia —empezó en marzo y tiene programados ciclos hasta septiembre— suman los 20.797,39 euros de la factura remitida por la Generalitat valenciana. Un documento que le llegó junto a un escrito firmado el 14 de marzo de 2011 —fecha de su primera visita a las urgencias— en el que Eduardo acepta hacerse cargo de la asistencia sanitaria de la paciente Landi Fan con número de historia clínica 63.789. “Es que firmaba todo lo que me ponían delante”, insiste. “Y no me arrepiento de nada, ¿qué iba a hacer?”

Ahora, la asistenta social del centro de salud le ha conseguido tramitar finalmente a Landi la tarjeta solidaria, al cambiar el empadronamiento y figurar como residente única. Gracias a ello, se podrán ahorrar los 90 euros semanales de las bolsas de la ileostomía —la apertura en la pared abdominal que le sirve de ano artificial desde la intervención—, así como el resto del tratamiento. Al menos hasta septiembre, cuando entren en vigor las medidas del Gobierno. Entonces, solo le valdrá obtener un permiso de residencia para tener cobertura.