“Privatizarnos supondría hurtar a muchos el derecho a tener hijos”

La medicina reproductiva está en el punto de mira. Y el presidente de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (Asebir), Manuel Ardoy, es consciente. “Cuando se habla de recortes siempre se nos menciona en el mismo paquete que el aborto y el cambio de sexo. Pero no tenemos nada que ver con ellos, salvo la relación con los genitales, que parece la obsesión de algunos. Lo que necesitamos no es que nos recorten, sino que nos regulen”, afirma tajante. “En España la ley establece que hay que crear un registro de donantes y otro de actividad, y ningún Gobierno lo ha hecho”.

Además, Ardoy está convencido que quienes mencionan las prácticas de fecundación asistida y otros tratamientos de la infertilidad como una de las prestaciones que pueden desaparecer de la futura cartera de servicios lo hacen “más por criterios ético-morales que económicos”. “Las cifras del posible ahorro son muy bajas, unos 50 millones”, afirma.

A falta de un registro nacional, el médico utiliza el de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) para sacar los datos que lo demuestran. “Cada año se hacen más de 86.000 ciclos en España. De ellos, aproximadamente el 30% en la sanidad pública. Gracias a nuestra práctica se produce el 3,5% de los nacimientos de España. Es el doble de lo que bajó la natalidad según los últimos datos, y hay que ver la que se armó. Pues imagine lo que sería sin nosotros”, argumenta.

La idea de que alguien decida privatizar los tratamientos “dejaría a muchos sin el derecho a tener hijos”, afirma. “Hay que tener en cuenta que el 15% de las personas va a tener problemas para engendrar; no es un porcentaje pequeño”. “En la sanidad pública, por ejemplo, cada ciclo para la fecundación in vitro sale por unos 1.000 euros, según nuestras cuentas, aparte de la medicación, que son aproximadamente otros 1.000. Pero en la privada cuesta más de 3.000, con lo que habría una discriminación para las personas con pocos recursos”, explica Ardoy. “Y eso muchas parejas no se lo pueden permitir, y menos de golpe. Porque, además, aunque lo que hacemos lo hacemos muy bien, la tasa de éxito es del 40% por ciclo, así que muchos van a necesitar un segundo e incluso un tercero”. Claro que, a cambio de este coste, el trabajo de los especialistas tiene como resultado “un bien no solo humano, sino también económico: un niño, que va a generar dinero desde el principio”, indica.

“Gracias a nuestras prácticas se produce el 3,5% de los nacimientos”

Esta defensa de su labor no impide que el médico vea posibilidades de mejora. Ahí es donde entra su apreciación de que, en lugar de recortar lo que hay que hacer es regular. “Se suele decir que los tratamientos de fertilidad obedecen a dos causas, las médicas y las sociales, aunque muchas veces no hay una frontera clara entre ambas”, afirma. A la primera, corresponderían los tratamientos de infertilidad biológica. En los segundos podrían entrar otros, como los tratamientos “preventivos” de mujeres que deciden congelar sus ovocitos o los embriones cuando son jóvenes para usarlos más adelante, o, alguno “muy raro, como el caso del hombre que se ha hecho la vasectomía, por ejemplo, y luego quiere tener hijos”. Aunque él no está de acuerdo, cree que es una de las posibles limitaciones que se pueden llegar a implantar cuando se revise la cartera de servicios. Otra posibilidad es que se restrinja el número de ciclos a que tiene derecho una pareja, aunque “lo normal en la pública es hacer dos o tres, no más, porque a partir del tercero la probabilidad de que el proceso prospere cae mucho”, aclara.

La prestación en los hospitales del servicio nacional de salud tiene otras limitaciones. “Por ejemplo, no se hace donación de ovocitos o de esperma, porque no está regulado el tema de la compensación a los donantes. Por eso mismo, solo se trata a matrimonios o parejas”.

En su área, el médico no conoce casos de abuso por parte de los extranjeros. “Aproximadamente un 20% de las personas que tratamos son extranjeras, pero eso se corresponde con la tasa de población inmigrante de España, porque la infertilidad es global, no varía por nacionalidades. Otra cosa son las clínicas privadas. Alguna está especializada en extranjeras, pero eso es una fuente de ingresos para el país”, afirma.

“La tasa de éxito es de
un 40% por ciclo de
‘fecundación in vitro”

Eso no quiere decir que no haya cosas que se puedan hacer en el campo de la gestión, ese “que nos regulen” que argumenta Ardoy como una alternativa. “Lo que pasa es que no ha habido interés, y no sé si conocimiento. A mí nunca me han llamado para preguntarme qué se podría hacer para mejorar el servicio, y lo primero que tiene que hacer un gestor es saber qué se trae entre manos. Que nos gestionen bien, y abarataremos aún más”, dice.

Entre sus sugerencias está la posibilidad de establecer listas de espera únicas. “En el hospital donde trabajo, el Gregorio Marañón de Madrid, es de un año, pero la media está en dos. Nosotros intentamos priorizar a las mujeres que se acercan a los 40 años, porque por encima de esa edad no las tratamos ya que las probabilidades de éxito caen dramáticamente. Pero sabemos que hay parejas que están apuntadas en las listas de varios sitios, a ver dónde las cogen antes. Si la lista fuera única podríamos priorizar mejor las necesidades”.

Ardoy también plantea que, “a lo mejor, es preferible que haya menos centros, pero con más actividad”. “Y se puede avanzar mucho en los materiales. La idea de una central de compras está bien, pero con cuidado. Porque nosotros vemos que el tipo de plástico influye en los embriones, y por comprar lo más barato podemos estar reduciendo las posibilidades de éxito, y no hay nada más caro que un mal material”, asegura. Por eso, para él la calidad es la clave, y ya están tramitando una certificación de Aenor. “Además, en alguna comunidad la central de compras se ha privatizado, con lo que se pierde parte del ahorro, ya que esa empresa que la gestiona se tiene que llevar una comisión”.

Por último, está la cuestión de la preparación de los especialistas. “No existe una formación reglada. En el nuevo ordenamiento, nos han dicho que nos van a meter con genética. Y tenemos cosas en común, como el tema del diagnóstico preimplantacional, pero eso es solo una parte ínfima de nuestro trabajo”.