Primera victoria vecinal en el bloque Tarragona, el buque insignia de los pisos turísticos en Barcelona
Vecinos de esta finca pactan la prórroga durante tres años de los contratos que vencían en 2026
Los vecinos de la finca del número 84 de la calle Tarragona, en Barcelona, han alcanzado un acuerdo con la propiedad para prorrogar durante tres años más 10 contratos de alquiler que vencían en 2026. El pacto permitirá que una decena de familias continúe viviendo en el edificio, de la Inmobiliaria Gallardo, a pocos metros de la estación de Sants y de la plaza de España. El inmueble, que cuenta con 120 viviendas y es propiedad de la inmobiliaria Gallardo SL, se convirtió en un símbolo del conflicto entre vivienda residencial y uso turístico cuando la empresa intentó transformar todo el bloque en apartamentos turísticos. El acuerdo se ha cerrado sin mediación institucional, según el sindicato.
En aquel momento, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado entonces por Barcelona en Comú y el PSC, concedió licencias para uso turístico en la totalidad de los pisos, lo que desencadenó la salida progresiva de vecinos y el inicio del conflicto. La situación se remonta a finales de 2022, cuando los residentes que aún permanecían en el edificio comenzaron a organizarse con el Sindicat d’Habitatge de l’Eixample (SHSC). Tras meses de movilizaciones y presión, en mayo de 2023 lograron revertir 78 licencias turísticas, lo que redujo el número de pisos destinados a ese uso a 33. Fue el primer caso en la ciudad en el que se anuló un volumen tan elevado de licencias en un mismo edificio, según el sindicato.
Desde entonces, los vecinos han denunciado las dificultades de convivir con un flujo constante de turistas y la incertidumbre sobre su futuro residencial. En febrero de este año se reactivaron las negociaciones con la propiedad, después de una acción del sindicato en la sede de la empresa, que hasta ese momento había rechazado reunirse con los afectados.
Tras meses de conversaciones, la propiedad ha aceptado prorrogar los 10 contratos que expiraban en 2026. “Primero conseguimos frenar 78 licencias y ahora hemos logrado garantizar tres años más de vivienda para diez familias”, ha señalado Rebeca, portavoz del Sindicat d’Habitatge de l’Eixample. Aunque reconoce que el problema no está resuelto porque el bloque mantiene aún pisos turísticos, considera que el acuerdo “da estabilidad a las familias y marca un precedente”.
El caso del Bloc Tarragona se ha convertido como uno de los ejemplos más visibles del impacto de la presión turística sobre la vivienda residencial en Barcelona, en un contexto de escasez de alquiler asequible y creciente tensión entre vecinos, propietarios e instituciones.
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