Ajustes informativos

El 11 de marzo del año 2004, tras los peores atentados terroristas de la historia reciente de España, muchos de los españoles que entonces vivían fuera de nuestras fronteras se vieron obligados a utilizar otros medios de comunicación distintos de TVE Internacional para saber qué estaba ocurriendo. Porque si bien la versión oficial —la autoría de ETA— era verosímil, lo cierto es que en aquellos tres días que mediaron entre el 11 y las elecciones generales del 14 el Gobierno de Aznar hizo un ejercicio extremo de manipulación informativa que, finalmente, pagó en las urnas.

Apenas dos años después y tras un ERE dolorosísimo en el seno de RTVE, esta corporación dejó de ser un medio de comunicación gubernamental y se convirtió en estatal gracias a un estatuto que le dotaba de una cierta independencia al depender sus nombramientos del acuerdo de dos tercios del Congreso. Fue una de las grandes aportaciones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que contó con el apoyo de Mariano Rajoy. Este, como jefe de la oposición, demostró gran capacidad de acuerdo para nombrar por consenso a los dos primeros presidentes: Luis Fernández y Alberto Oliart.

Todo ese proyecto ya consolidado que, en contra de los peores augurios, situó a RNE y TVE entre los medios de mayor audiencia del país, empezó a desmoronarse en julio del año pasado. A la dimisión de Oliart, con unas elecciones generales en el horizonte inmediato, le siguió una dejación por parte de los dos grandes partidos —PSOE y PP— en su obligación de cerrar la crisis institucional. Ahora, con Rajoy en el poder y sus barones exigiendo retomar el control de los informativos, un decreto ley gubernamental va a sepultar ese logro.

Sin esperar a consumir el plazo que Rajoy y Rubalcaba se dieron para acordar el nombramiento del presidente de la corporación, el Ejecutivo del PP abre la puerta a la posibilidad de designar a su candidato —basta la mayoría absoluta del Congreso que ya detenta— y, además, neutraliza al Consejo de Administración, ahora menos numeroso y sin dedicación exclusiva, lo que supondrá un indudable ahorro, pero dejará las manos mucho más libres al futuro presidente.

Todo parece indicar que este Gobierno está dispuesto a recuperar el control de RTVE. En tal caso, la pluralidad informativa —seriamente amenazada por la crisis publicitaria— encajará una nueva derrota a cambio de poca cosa. Porque en un panorama informativo todavía amplio, la influencia de un solo medio de comunicación se ha demostrado tanto más estéril cuanto menor es su credibilidad. De nada le sirvió al Gobierno de Aznar el estrecho control de TVE el 14 de marzo de 2004 como de nada le sirvió a la Junta de Castilla-La Mancha el suyo en el canal autonómico el 22 de mayo de 2011, perdiendo las elecciones. Promocionar un medio público independiente inspirado en la BBC como hizo el PSOE tampoco es garantía electoral. Todo ello, en su conjunto, viene a demostrar que cuando los políticos se empeñan en controlar los medios que son de todos (no suyos) con fines partidistas no solo están debilitando al Estado, sino que, además, se equivocan en términos electorales, sin olvidar que a la larga la manipulación mancilla su crédito como políticos y el de los medios que resultan controlados. En resumen, es una injerencia que solo ofrece desventajas.

Es triste que el Gobierno de Rajoy caiga en la tentación de controlar TVE, si bien todavía hay lugar para la esperanza. Mientras no haya un cambio de directrices, los periodistas de ese ente público siguen a día de hoy haciendo gala de profesionalidad. Cercenar tal conquista sería, además, remar a contracorriente cuando son muchos ya los Gobiernos autónomos que han hecho esfuerzos no siempre exitosos para convertir lo que antes eran juguetes informativos en medios de comunicación públicos solo controlados, en principio, por sus Parlamentos.