La reforma educativa llegará al Congreso después del verano

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha asegurado que la reforma académica que prepara el Gobierno llegará al Congreso previsiblemente después del verano y entraría en vigor progresivamente a partir del curso 2013-2014. No obstante, los temarios de la materia Educación para la Ciudadanía se modificarán por real decreto para que se estudien ya el curso próximo, si bien el cambio de nombre por el de Educación Cívica y Constitucional tendrá que esperar a la reforma en sí de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Apunta Wert que se reforzarán las asignaturas instrumentales (lengua, matemáticas e inglés) en un posible cambio de planes de estudio. Como argumento, rechaza el "excesivo grado" actual de elección de materias optativas, alude a la "falta de troncalidad" de los currículos y a la pérdida de la cultura del esfuerzo. "En definitiva, se trataba [hasta ahora] de que hubiera muchas opciones para que el alumno pudiera elegir lo que le resultara más fácil o más grato", asegura, así que se revisará todo esto con una "altísima probabilidad de modificación".

Justifica el aplazamiento de los módulos de FP de 2.000 horas por razones de eficiencia "de acuerdo con todas las comunidades", y también la postergación de los cambios en el cuarto curso de la ESO aprobados por el anterior Gobierno socialista. A su juicio, no tendría sentido incorporar esos cambios para que estén vigentes solo un curso, ya que la reforma educativa anunciada por el Gobierno se refiere a esas etapas. Resume el núcleo de la reforma en la "conversión" de cuarto de la ESO en un curso "propedéutico", es decir, con "mucha troncalidad y una diversificación de caminos" entre el bachillerato y la FP de grado medio. "Pero ese curso -precisa- sigue formando parte integrante de la educación obligatoria y gratuita. No existe una titulación de la ESO previa a cursar ese año". La idea, subraya el ministro, es que la elección temprana pueda servir de motivación para continuar el recorrido académico a estudiantes que hoy no la tienen.

También defiende revisar "en profundidad" y acordar con las comunidades los indicadores y criterios de medida del rendimiento académico de las evaluaciones censales de alumnos de la enseñanza no universitaria y ver su articulación con la muestral de PISA.

Señala como otro elemento importante de la reforma el futuro estatuto del docente público, dado que los profesores son protagonistas activos del proceso educativo. "Las comparaciones internacionales ponen de manifiesto que, en España, el ingreso en la carrera docente es atractivo desde el punto de vista económico, pero deja de serlo después porque tiene muy pocos incentivos", no solo monetarios, también de progresión profesional, especialización y actualización de conocimientos. Indica, además, la necesidad de evitar obstáculos en el proceso de selección para que los mejores estudiantes se interesen por la docencia.

Preguntado sobre quién asumirá el coste de la reforma, Wert comenta que corresponde a la Administración central ser responsable como autora de la legislación básica. "Evidentemente, en las circunstancias económicas y financieras que estamos -advierte-, vamos a ser enormemente cuidadosos en establecer los calendarios de implantación que sean necesarios para evitar que el coste se convierta en obstáculo para la reforma". El tipo de cambio que se prepara "no tiene por qué ser oneroso desde el punto de vista económico", según Wert, quien se muestra confiado en conseguir fondos europeos de programas de reducción del paro juvenil, especialmente para la FP.

El ministro destaca como "absolutamente esencial" el diálogo amplio con todas las partes del sector - sindicatos y asociaciones profesionales, empresariales y de estudiantes-, y como "extremadamente deseable" un pacto. "Las bases del sistema educativo -enfatiza- son tema de Estado, en el que es deseable un amplio acuerdo entre fuerzas políticas y también dentro de la comunidad educativa. No voy a regatear esfuerzos en esa dirección", remacha. Reconoce que el ambiente para el acuerdo no es el más propicio en estos momentos, porque los "intereses legítimos" de los agentes del sistema pueden no ser favorables a las medidas de ahorro en educación aprobadas por el Gobierno recientemente. Pero el pacto educativo, subraya, es el que se teje en torno a la legislación educativa básica.