“Hay gente que se va a morir por esto”

En uno de los centros de salud del madrileño distrito de Usera de Madrid hay varios carteles en chino. En uno, según la traducción, se solicita: “Por favor, vengan con un traductor”. Es una de las zonas de la capital con más población extranjera. Una niña con rasgos asiáticos juega en la entrada, mientras una pareja latinoamericana pide cita. También hay españoles. La mezcla es habitual en la zona, sin excepción del consultorio, del que pronto serán excluidos los inmigrantes irregulares. Una médica, Raquel Rodríguez, está preocupada porque no se sabrá “quién se queda sin ser atendido”. Beatriz García, cardióloga del hospital 12 de Octubre de Madrid, avanza la consecuencia final: “Hay gente que se va a morir por esto”.

Los trabajadores de la sanidad pública afrontan divididos los cambios anunciados por el Gobierno, con la exclusión de los sin papeles como el más polémico. Para algunos, es el fin de la sanidad universal y gratuita. Para otros, el principio de un sistema mejor gestionado. La doctora Rodríguez está entre los primeros. Por su consulta pasan continuamente inmigrantes: “Un tercio de los 40 totales, más o menos. Depende del día”. Tiene diez años de experiencia, pero en los cinco meses que lleva en Usera dos pacientes se han retrasado en sus tratamientos porque les había caducado la tarjeta para personas sin recursos.

“La asistencia deja de ser universal y pasa a ser puntual, en las urgencias, por lo que la peor parte es para los pacientes crónicos”, lamenta Rodríguez. Voluntaria de Médicos del Mundo, esta madrileña de 41 años colaboró precisamente con un centro de atención a inmigrantes irregulares, antes de que accedieran a la sanidad pública, en 2000. “Quizá vuelva a aparecer esta especie de beneficencia que, por supuesto, no se puede equiparar a la sanidad pública, porque depende de la buena voluntad de los profesionales”.

Bajando las escaleras, la opinión de dos trabajadoras de la recepción es justo la opuesta. Hablan de “abusos” de algunos extranjeros: “Sacan la tarjeta sin recursos y luego ponen pegas para las citas porque están trabajando”, ejemplifican. “Basta ya de que se aprovechen del sistema y estén cobrando en negro”, afirma una de ellas, que asegura haber cambiado su opinión sobre este tema desde que trabaja en la sanidad pública. Su compañera respalda su postura, aunque apunta que “hay de todo”, y no todos los inmigrantes son problemáticos, ni todos los problemáticos, inmigrantes.

Acostumbrada a atender a extranjeros en un consultorio de un municipio del sur de Madrid, la enfermera Rosa Fernández rebaja la incidencia de la picaresca: “En todas partes hay malas prácticas, pero limitar la atención no es la solución”. Fernández censura que “un sistema del que estábamos orgullosos, universal y gratuito, se desmantele por una crisis económica ajena al mismo”, añadiendo que, “como es habitual, lo pagan los que tienen menos recursos”. Como trabajadora de una consulta de pediatría, teme atender pronto a niños con padres enfermos y fuera del sistema: “¿De qué servirá tratarlos de enfermedades contagiosas presentes en sus casas?”.

No poder atender a esos hipotéticos casos, o a cualquier otro inmigrante irregular, supone además la privación de “un derecho y obligación de los médicos”, según Beatriz García, del 12 de Octubre. Pese a que el hospital está en el mismo distrito, García asegura que no se atiende a muchos inmigrantes. “Hay pocos hospitalizados, pero alguna vez se da un caso puntual de alguien que ha venido para una costosa operación y se usa para justificar decisiones como la de ahora”, asegura la cardióloga, que rechaza la solidez de ese discurso. “No se dan cuenta de lo que implica; hay gente que se va a morir por esto, porque no se le van a detectar enfermedades que no deberían matarlos en un país desarrollado”.