El ‘número dos’ de Aguirre logra imputar a una periodista de la Cadena SER

La Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid ha forzado hoy al juez Adolfo Carretero, del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, a interrogar como imputada por supuesta revelación de secretos a la periodista de la Cadena Ser Pilar Velasco por difundir en 2009 el vídeo que daba cuenta del espionaje político al que fue sometido en un viaje oficial a Cartagena de Indias (Colombia) el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

González denunció que había sido objeto de espionaje y Carretero abrió una investigación que ha derivado en la imputación de varios detectives de una agencia como responsables de esa grabación. Desde el primer momento, el número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre insistió en pedir la imputación de la periodista, pretensión que, por dos veces, rechazaron Carretero y la Fiscalía de Madrid. González recurrió a la Audiencia y ahora ha logrado que el citado tribunal, que preside el magistrado progresista Juan José López Ortega, ordene al instructor interrogar a Velasco como imputada.

La periodista se limitó a difundir el contenido de un vídeo en el que se ve a González y otras dos personas del Canal de Isabel II pasear por la vía pública con unas bolsas de plástico en la mano y acceder a un edificio del que más tarde salen sin ellas, y cuyo contenido a día de hoy se desconoce. Mostrando el vídeo, la periodista dejó patente que alguien había tomado imágenes y espiado al vicepresidente de Madrid. La ponente del auto de la Audiencia es la juez Josefina Molina, aunque se supone que la resolución la ha consensuado con los también magistrados progresistas de esta Sala López Ortega y Mario Pestana.

Los jueces señalan en su auto, que contiene los mismos errores que figuran en el escrito de González que pide la imputación de la periodista, que Velasco conocía la procedencia ilícita de la grabación y que la visita era privada, por lo que pudo incurrir en revelación de secretos.

Velasco, en su comparecencia ante Carretero, se negó una vez más a revelar la fuente que le proporcionó el vídeo y se acogió al artículo 20 de la Constitución.

Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que da prioridad al derecho a la información sobre otros, y más cuando se trata de un personaje público que, como alertó el fiscal al pedir el archivo, está en un espacio público en viaje oficial, y por tanto su actividad es de interés general.