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ANÁLISIS

Ley burlada

El medio ambiente tiene su propia ley de acceso a la información. Fue aprobada en 2006, como trasposición de directivas europeas y de un convenio internacional. La Ley 7/2006 que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente establece que cualquiera puede “acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado”. Así, se pueden consultar —en formatos a menudo farragosos— la contaminación en las ciudades y las emisiones contaminantes de las empresas. Pero las Administraciones incumplen con frecuencia la norma y mantienen bajo llave informes que se deberían hacer públicos. Lo saben bien los abogados de las ONG ecologistas, que esgrimen la ley una y otra vez, a menudo sin éxito.

El caso más sangrante es el de un informe de contaminación por tóxicos en el pescado que concluyó en diciembre de 2003 el Instituto Español de Oceanografía, un organismo público. En 2006, la ONG Oceana recibió el soplo de que ese informe estaba en un cajón. Los investigadores habían detectado altas concentraciones de mercurio en marrajo (que se vende como cazón), pez espada (emperador) y tintorera. Una bomba para un país con un potente sector pesquero. El informe tiene 321 páginas y el anexo incluía el sorprendente sello de confidencial. El mercurio es un tóxico que afecta a los menores.

El Gobierno, entonces en manos del PSOE, se negó una y otra vez a entregar el informe a Oceana. Así que la organización recurrió a la Audiencia Nacional y en diciembre de 2009 obtuvo un fallo favorable. Aun así el Ministerio de Medio Ambiente, con el destacado papel del entonces secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, envió un año después un informe mutilado. En marzo de 2011, cinco años después de que la ONG lo pidiera, el ministerio le remitió finalmente el informe. Al poco, el Gobierno admitía el elevado nivel de mercurio en ciertos pescados y desaconsejaba a embarazadas y menores de tres años que comieran pez espada, tiburón, atún rojo y lucio.

No es solo el Gobierno. En 2010, la ONU condenó a España por incumplir el convenio de Aarhus sobre transparencia ambiental. En un informe no vinculante criticó que el Ayuntamiento de Murcia, del PP, obligara a pagar dos euros por cada fotocopia para acceder a un plan urbanístico de 600 páginas.

Hace un mes, EL PAÍS pidió a la Junta de Extremadura, del PP, el informe pagado con dinero público sobre el caudal que se podría trasvasar desde el Tajo medio al Guadiana y al Segura. “No lo vamos a hacer público”, respondió una portavoz de la Consejería de Fomento. Al recordarle la existencia de la ley y la obligación de darlo, elevó consultas y volvió a contestar exactamente lo mismo: “No lo vamos a hacer público”.