“Recurriremos hasta llegar a Estrasburgo si hace falta”

El modelo educativo catalán seguirá siendo cuestionado en las instancias superiores al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que avaló el modelo el pasado jueves. “Recurriremos hasta donde haga falta y, si es necesario, llegaremos hasta Estrasburgo”, precisa Consuelo Santos, madre de una de las tres familias demandantes que, en 2006, denunció al Departamento de Enseñanza de la Generalitat por supuestamente haber desestimado la solicitud para incorporar el castellano como lengua vehicular en las escuelas en las que estudiaban sus hijos. “Los castellanohablantes no tienen derechos en Cataluña, es como la América de la segregación”, continuó en un tono muy duro contra la inmersión lingüista.

Santos, que presentó la demanda contra el modelo lingüístico cuando su hija aún estaba en párvulos —ahora cursa cuarto de Primaria—, no esconde que proviene de una órbita habitualmente belicosa contra el uso mayoritario del catalán en Cataluña. La mujer forma parte del grupo municipal del PP de Sabadell (Barcelona) y sus demandas han sido asumidas por Convivencia Cívica Catalana, plataforma promovida por el exlíder del PP catalán Alejo Vidal Quadras que persigue la “desaparición de la inmersión lingüística”, según admite la propia entidad.

“Llevamos ya muchos años de sentencias y recursos”, admitió Santos. “Después de seis duros años de batalla me siento desamparada y frustrada”, detalló sobre el nuevo auto del TSJC. Al contrario que el Tribunal Supremo, que en anteriores dictámenes rechazó la atención individualizada en castellano para los alumnos, el TSJC admite esta vía para aquellos padres que deseen reforzar la presencia del castellano en los centros educativos públicos catalanes. “Quiero que mis hijos hablen en castellano con propiedad, tienen ese derecho constitucional”, justificó Santos.

La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, insistió por su parte en que el sistema educativo catalán se basa en “un modelo lingüístico de éxito, como demuestran los resultados obtenidos desde hace muchos años”. La consejera asumió el derecho de una familia —“tres, en este caso”— a reclamar la escolarización en castellano si se siente perjudicada. “Y la actual ley dispone de mecanismos, como la atención personalizada, para resolver estos casos”, señaló. Rigau subrayó que la demanda “legítima” de “solo” tres familias tras “decenas de miles de alumnos escolarizados en la inmersión lingüística” avala el modelo que defiende la Generalitat. “Funciona”, aseguró.