Wert matiza hasta dejar en nada la reforma de la educación secundaria

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha matizado hoy en el Senado la reforma de la secundaria que pretende acometer. Y lo ha hecho de tal manera que ahora se parece enormemente a la iniciativa que aprobó el año pasado el anterior Gobierno del PSOE. La idea del ministro es convertir 4º de ESO en 1º de bachillerato o 1º de FP, pero ambas opciones tendrán asignaturas comunes y otras específicas de uno u otro itinerario; y, lo más importante, los alumnos no conseguirán el título de educación obligatoria hasta que completen ese primer curso.

Con el cuarto de la ESO flexible aprobado el año pasado --cuya puesta en marcha Wert anunció que se va a paralizar--, los alumnos tenían asignaturas comunes para todos y elegían entre tres opciones distintas que marcaban el resto de las materias: una enfocada al bachillerato de letras, otra al de ciencias y otra a la FP. Preguntado sobre la diferencia, entonces, entre una y otra iniciativa, un portavoz del Ministerio de Educación explica que se trata de que las asignaturas comunes serán menos (cuatro en lugar de seis, o siete, en las comunidades con lengua cooficial) y el resto, hasta sumar 10 u 11, serán bien de bachillerato o bien de FP.

"La fórmula que ha diseñado el ministerio consiste en transformar 4º de la ESO en un curso de orientación y motivación que guíe a los alumnos hacia el bachillerato o la formación profesional [...] Los alumnos no podrán titular si no realizan este curso de iniciación, en el que, junto a asignaturas comunes, tendrán la posibilidad de empezar a cursar otras propias de las enseñanzas de bachillerato o FP. Todos ellos, por tanto, tendrán la posibilidad, antes de abandonar el colegio o el instituto, de conocer mejor la siguiente etapa educativa no obligatoria", ha explicado el ministro Wert en la Comisión de Educación del Senado.

La idea de reducir un año la enseñanza común de todos los alumnos para sumárselo al bachillerato o a la FP ha sido muy criticada desde que la anunció el nuevo ministro, tanto por quienes creen que separar al alumnado un año antes (a los 15) daña la igualdad de oportunidades, como por quienes temen el complicadísimo encaje organizativo que supone trastocar la estructura de la secundaria, incluido en este punto la patronal de colegios católicos FERE, mayoritaria en la enseñanza concertada. Además, muchos han criticado que hubiera un curso obligatorio que no ofreciera ningún título. Ahora, con esa concreción que acaba de anunciar Wert, se despejan algunas de esas inquietudes acercando mucho su iniciativa a la que ya estaba aprobada y que salió de la negociación del fracaso intento de pacto educativo.

Sin embargo, se abren nuevas incógnitas: ¿hay que empezar una nueva etapa para conseguir el título de la anterior?, ¿se inventa una especie de etapa puente?, ¿el primer curso de una etapa se ofrecerá junto a la anterior en los colegios que solo ofrecen ahora hasta el final de la ESO? De momento, lo que parece claro es que, aunque los detalles de la iniciativa aún se están estudiando, los alumnos ya no podrán cambiar de opinión. Esto es, al final del 4º de la ESO flexible, los estudiantes podían cambiar de camino sin problema, pero al final de ese nuevo 1º de bachillerato o de FP quien quiera cambiar tendría que empezar otra vez primero de la otra opción.

Carta de servicios básicos

El ministro Wert también ha insistido en la necesidad de combatir las desigualdades educativas entre las comunidades autónomas a través de una carta de servicios básicos “que asegure que todos los alumnos españoles accedan a un sistema educativo de calidad, con independencia de la comunidad autónoma en la que se encuentran”. Una carta que, según adelantó hace un mes en el Congreso, tendría “que garantizar la suficiencia de los recursos que se dedican a atender esas necesidades educativas básicas”.

En el Senado, Wert ha asegurado hoy que no está en contra en ningún caso de la descentralización del sistema educativo (cuya gestión y financiación depende sobre todo de las comunidades), pero “todo sistema descentralizado requiere, para su buen funcionamiento, de controles y contrapesos”, ha concluido. Esa carta se está negociando con las comunidades autónomas.