La reforma del aborto en manos de la derecha del PP

La legitimidad que siempre dan las mayorías absolutas ha permitido que el sector más conservador ganara la batalla a los más centristas del Partido Popular. Dicha circunstancia está permitiendo el anuncio de reformas legislativas que atacan directamente a los derechos civiles conquistados en las anteriores legislaturas, anuncios que encuentran poca contestación social, ya que cuando las necesidades primarias se encuentran suspendidas del endeble cabo de una regresión económica sin precedentes, resulta natural que el común de la gente esté más preocupada por cubrir esas primarias necesidades que por sus propios derechos civiles y sociales.

Aprovechando ese marco tan propicio, uno de aquellos centristas se ha dejado llevar por “esa corriente a la derecha del PP” y ha anunciado una reforma de la legislación sobre aborto provocado. Su propuesta, dice el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, vendría a recuperar la normativa de 1985 para “superarla”. Esta superación normativa suena a un meritorio endurecimiento de la ley de supuestos anterior, lo que sin duda vendrá a ahondar la inseguridad jurídica que mujeres y profesionales ya sufrimos durante 25 años en nuestro país; abocando a todas aquellas mujeres que no puedan costearse un aborto a las redes de la clandestinidad y la inseguridad, esta vez física. Ya que, tal y como nos recuerda la OMS, los abortos inseguros, consecuencia de leyes prohibitivas o restrictivas, generan un 13% de la muertes maternas en el mundo, así como, complicaciones en 8,5 millones de mujeres.

Haciendo historia de las posiciones anteriores del Partido Popular, nos hemos topado con las enmiendas parlamentarias que en su día el ala más conservadora tramitó en el Congreso contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ciertamente, si la filosofía que emana de dicho trabajo parlamentario va a ser la base ideológica desde la que acometer la reforma, podemos afirmar que una suerte de control parapolicial regirá y vigilará la práctica sanitaria de aborto provocado.

En ellas, destacamos lo siguiente:

“…Se le informará de los requisitos que, en su caso, son exigibles para la práctica del aborto…especialmente la emisión de los dictámenes preceptivos por médicos especialistas en centros sanitarios públicos”.

Los fragmentos de las enmiendas populares vienen a comunicarnos que para “evitar un fraude de ley”, “y para que haya mayores garantías” (ignoramos el sujeto de dichas garantías, pero intuimos que no va a ser la mujer) el Gobierno de cada comunidad autónoma (casi todos populares) acreditará centros públicos en los cuales la mujer habrá de justificar su decisión, donde se juzgará si procede o no su demanda y desde el que se emitirán, si el sesgo ideológico de sus examinadores lo considera oportuno, los dictámenes bajo los cuales podrá interrumpir su gestación en otro centro distinto, entendemos que privado, por aquello de no mezclar competencias; y porque si en 1985 la inseguridad jurídica de la norma hizo que los/as profesionales de la sanidad pública evitaran realizar abortos, no es previsible que con una ley aún más restrictiva y punitiva los lleven a cabo.

Llegado el momento en que el PP abandone “su medida ambigüedad” actual, descubriremos si esta más que conservadora posición se impone o no en la reforma. De confirmarse el peor de los pronósticos, no solo es que volveremos a considerar a todas las mujeres “menores de edad” dado que “otros” tutelarán legalmente su decisión; sino que se estará enviando a la clandestinidad a miles de mujeres cuya situación no “entre” en los presupuestos ideológicos de aquellos “examinadores” acreditados al “efecto”. Evidentemente, no serán aquellas que puedan pagarse un aborto seguro fuera de nuestro país.

Santiago Barambio es presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai).