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La especulación se dispara en Villar de Cañas por el almacén nuclear

El Ayuntamiento amenaza con expropiar a los dueños si se resisten a vender

Pancartas en el Ayuntamiento de Villar de Cañas a favor de la instalación del almacén nuclear.
Pancartas en el Ayuntamiento de Villar de Cañas a favor de la instalación del almacén nuclear. AFP

La oficina de Banesto en Villar de Cañas está a punto de abrir. Después de 15 años de acumular polvo, cerrada por falta de actividad, Alicia Moya, que vive a 10 kilómetros, se hará cargo de la sucursal. “Hay que estar posicionado y ser el primero”, explica su jefe, Andrés Pérez García. Están en el despacho del alcalde, el popular José María Saiz. En la plaza del pueblo aún quedan las pancartas a favor del almacén nuclear con las que los vecinos recibieron a las miles de personas que el fin de semana pasado se manifestaron contra la instalación.

Pero la fiebre del oro que se cierne sobre este pequeño pueblo de Cuenca se enfrenta a un obstáculo: la especulación. Los dueños de terreno —hasta ahora un secarral de escasa salida— creen tener un potosí. “Estaban vendiendo terrenos a 12.000 pesetas el metro cuadrado (72 euros) y ahora piden 30.000 (180 euros)”, explica Antonio Belda, que desde hace 28 años regenta el bar Mezquita, punto de reunión del pueblo. El valor del terreno aún se mide en pesetas. Belda conoce más ejemplos: “La gasolinera (cerrada desde 2007) pedía 150.000 euros y ahora 300.000. La posada (también cerrada) pedía antes 108.000 euros y ahora 300.000. Todo está al triple”.

El pueblo, de poco más de 300 habitantes, tiene los servicios justos: una carnicería que los jueves sirve pescado —sardinas, bacaladillo y merluza—, dos sucursales de cajas de ahorros, farmacia y dos tiendas de comestibles. La fruta llega en venta ambulante.

El consistorio ha recibido 5.000 currículos de gente que busca empleo

Por eso, cuando cientos de obreros levanten el complejo de 700 millones de euros a las afueras del pueblo hará falta de todo: alojamiento, comida... A las tres y media de la tarde, entre semana, uno solo puede comerse un bocadillo. A las cuatro cierra el bar.

David Peña es un promotor que se conoce bien la zona. Ha construido un millar de viviendas de protección oficial en la comarca. Le ha echado el ojo a un terreno en el que el estallido de la burbuja inmobiliaria frustró 20 viviendas protegidas. Pero el acuerdo no es sencillo. “Habrá demanda para comprar y alquilar vivienda, pero no es fácil negociar ahora mismo. Los precios han subido mucho y entre todos debemos evitar que se dispare”.

El Ayuntamiento asiste con preocupación a este fenómeno. La secretaria municipal, Carmen Barco, explica: “En esta euforia inicial nos está cegando la avaricia. Las expectativas de la gente no pueden ser desmesuradas”. La advertencia es clara: “Hay expectativa de negocio, pero nadie puede hacerse rico en dos años”. Que hay muchas esperanzas se ve en la entrada del Ayuntamiento. Un cartel anuncia dónde depositar los currículos. Barco afirma que ya han recibido unos 5.000.

El consistorio teme que, de persistir los altos precios, los negocios se instalen en localidades cercanas. Así que el equipo busca fórmulas legales para impulsar la construcción: “La ley permite la enajenación forzosa si quien tiene aprobado un plan urbanístico no lo desarrolla. Ya se ha utilizado en Toledo”, advierte Barco. Es decir, si alguien tiene suelo listo para urbanizar y se resiste a hacerlo puede llegar a ver cómo el Ayuntamiento interviene. Puede que sea más una amenaza velada que una opción real, pero es un síntoma claro de la situación que vive el pueblo, hasta hace dos años un rincón dormido de Cuenca.

El pasado 30 de diciembre, el Consejo de Ministros lo eligió como sede del almacén nuclear que albergará los residuos radiactivos de todas las nucleares. La elección fue política, ya que Villar de Cañas era el cuarto clasificado en la lista que elaboró el Ministerio de Industria la pasada legislatura. El informe sí dejaba claro que cualquiera de los cuatro primeros (también estaban Zarra, Ascó y Yebra) era apto. Y el sí de la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, a que fuese a Cuenca despejó la selección. La Audiencia Nacional ha rechazado un primer recurso de Greenpeace a la tramitación del almacén aunque faltan más pleitos.

El alcalde teme que el abuso de los propietarios lleve los negocios fuera

En el entorno no todos los Ayuntamientos están a favor. Es el caso de la socialista Angustias Alcázar, alcaldesa de Belmonte, a 26 kilómetros. Esta recuerda una entrevista el pasado 7 de febrero de miembros de 14 pueblos de la zona con representantes de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos y que construirá el complejo. “Nos dijeron textualmente: ‘Esto no es la panacea ni la solución de los problemas económicos y sociales de una comarca”. Según Alcázar, Enresa “hablaba de 300 empleados durante la construcción, con picos de 500, y luego 150 empleados en la operación, si se incluye el centro tecnológico. Y será empleo cualificado, no del pueblo”.

Otro problema son los plazos: por mucha prisa que se dé el Gobierno, el proyecto lo debe autorizar el Consejo de Seguridad Nuclear y ha de seguir una tramitación ambiental y urbanística, con lo que dos años es fácil que se vayan en papeles. El municipio está preocupado por la llegada de especuladores. “Hay gente que viene para comprar a uno y vender dentro de unos años a 10. Y eso no es lo que queremos”.

Belda, el dueño del bar, tiene su opinión sobre lo que está ocurriendo: “Los dueños del terreno viven en Madrid. No les gusta venir al pueblo y que el tractor arranque a las seis porque hay trabajo”.

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