La justicia cierra el caso de los abortos ilegales de Morín en Madrid

El doctor Carlos Morín, que aguarda juicio por practicar un centenar de abortos ilegales en Barcelona, no tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados en Madrid. La justicia ha dado carpetazo a la causa abierta contra él por las interrupciones de embarazo realizadas en la clínica Ginemedex hasta 2007. La Audiencia de Madrid ha confirmado una resolución que cierra el caso al considerar que, con la ley vigente —que fija el aborto libre hasta la semana 14 y un sistema de supuestos hasta la 22—, las intervenciones hechas en el centro no son delictivas. La norma fue aprobada en 2010, pero la ley penal se aplica de forma retroactiva si, como en este caso, favorece al acusado.

La investigación judicial se inició por una denuncia de la Consejería de Salud de Madrid. Tras una inspección en el centro de la calle de Zurbano, en diciembre de 2007, el Gobierno regional suspendió su actividad. Según la denuncia, las pacientes eran atendidas por supuestos psiquiatras sin titulación y eran intervenidas por un ginecólogo distinto del que se hacía constar en las historias clínicas. El centro privado —una filial del que Morín gestionaba en Barcelona— tenía autorización para practicar abortos hasta las 12 semanas de gestación. El doctor peruano fue imputado, junto a cuatro personas más, por los delitos de aborto, intrusismo profesional y falsificación de documentos. La clínica tuvo que entregar las historias de 2.000 pacientes.

En julio de 2010, el juez de instrucción decidió no abrir juicio oral porque la Fiscalía pidió el archivo y porque las acusaciones particulares de las dos entidades que se sumaron a la causa —las antiabortistas Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro y Alternativa Española— no reunían los requisitos, ya que eran “vagas e insuficientes”.

Según aquel auto, que ahora ha ratificado la Audiencia, las interrupciones de embarazos se practicaron dentro del plazo legal, en la mayoría de casos para evitar “riesgos para la salud de la embarazada”. El juez admite que, en algunos casos, ni los dictámenes fueron redactados por un psiquiatra ni los abortos practicados por un especialista en ginecología. Pero concluye que no es motivo suficiente para seguir la vía penal.

En 2009, ya se cerró otro caso por supuestos abortos ilegales, el de la clínica Isadora de Madrid. El juez concluyó que la investigación de la Guardia Civil carecía de cualquier fundamento. En Barcelona, sin embargo, el caso contra Morín sigue vivo. El médico afronta una petición de 309 años de cárcel y está acusado junto a su esposa, María Luisa Duran, y otras 11 personas. La fiscalía cree que Morín practicó abortos “sin límite temporal” y con “afán desmedido de lucro”. La querella del grupo católico E-Cristians, en este caso, inauguró la ofensiva antiabortista en los tribunales.