El fiscal pide 309 años de cárcel para Morín por abortos ilegales

El doctor Carlos Morín practicó, hasta 2007, 101 interrupciones de embarazo ilegales en diversas clínicas de Barcelona. La fiscalía pide para él 309 años de cárcel por esos delitos. Más de cuatro años después del inicio de las investigaciones, Morín y otras 11 personas se sentarán en el banquillo de los acusados por el escándalo de los abortos ilegales, destapado por la televisión pública danesa. Morín y su esposa y socia, María Luisa Durán, están acusados además de asociación ilícita y falsedad documental.

La fiscalía considera que Morín practicó abortos "sin límite temporal alguno en todos los casos", y que esa actividad era "continuada, abusiva y con un único afán desmedido de lucro". A los centros regentados por el doctor -Ginemedex, TCB y CBM- acudían centenares de mujeres de España y del resto de Europa atraídas por las facilidades que encontraban para interrumpir su embarazo de forma voluntaria.

Morín y su equipo facilitaron el aborto a mujeres que estaban casi en el octavo mes de embarazo. En la gran mayoría de casos, se acogían a uno de los tres supuestos que contemplaba la ley de 1983 que despenalizó la interrupción del embarazo: el riesgo para la salud física o mental de la madre. A diferencia de la ley actual, que fija el tope en 22 semanas, con la norma antigua no existía límite temporal para ese supuesto. Aunque sí era obligatorio que un especialista emitiese un informe previo a la práctica del aborto.

Ahí residen la mayoría de irregularidades ligadas al caso Morín, que se inició en julio de 2007 a raíz de una querella presentada por el grupo católico conservador E-Cristians. Según cree probado la fiscalía, las mujeres no eran visitadas por ningún especialista. El doctor, de origen peruano, tenía a su servicio a dos psiquiatras que se limitaban a firmar las acreditaciones a pesar de que en ningún caso atendían a las pacientes. Se trata de Pascual Javier Ramón Mora -que trabajaba en la cárcel barcelonesa de Brians y tenía pendiente una condena por violencia doméstica- y de Javier Carrato, que atendía en un ambulatorio y en una consulta privada. Sus dictámenes eran "casi idénticos" y no recogían, por tanto, las circunstancias de cada paciente. El fiscal pide 62 años de cárcel para Mora y 201 para Carrato, que intervino en un mayor número de abortos.

En el auto de apertura de juicio oral, la juez de instrucción, Elisabet Castelló, considera que Morín y su esposa no cometieron el delito de intrusismo profesional del que también se les acusaba. La juez ya exculpó hace unos meses a las mujeres que abortaron. Muchas de ellas tuvieron que declarar ante la Guardia Civil y en el juzgado como imputadas. Eso provocó que las identidades e historias de 167 mujeres se dieran a conocer, ya que quedaron incorporadas a la causa.